Una serie de presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de prestación de servicios de seguridad 2015 en la Universidad del Atlántico (UA) y un posible favorecimiento en el proceso licitatorio del mismo tema en 2016 fueron denunciados por un extrabajador de la institución ante el Consejo Superior de la UA y la Procuraduría General de la Nación.
El documento donde alertan las supuestas anomalías fue firmado por Marcos Antonio Guzmán Bettin, especialista en administración de la seguridad, magister en seguridad pública y quien fue el responsable de esa misma área en la administración de la exrectora Ana Sofía Mesa. Así mismo, fue radicado en la Gobernación del Atlántico el pasado 28 de marzo, para ser remitido al gobernador Eduardo Verano, quien preside el Consejo Superior.
La denuncia de Guzmán dice que el 11 de marzo de 2016 entregó copia del oficio a la rectora encargada, Rafaela Vos Obeso, en el que dio a conocer algunas 'irregularidades en la ejecución del contrato número 000018 del 9 de abril de 2015, correspondiente a la prestación del servicio de seguridad por parte de la compañía Delthac 1 Seguridad Ltda.'.
HALLAZGOS
El extrabajador de la universidad advierte lo que, a su parecer, es un sobrecosto en el otrosí de dicho contrato, por el cual se extendió la contratación por tres meses más: enero, febrero y marzo de 2016.
'Presumo que hay un incremento exagerado, porque comparando el gasto de seguridad en el mismo periodo de 2015, en el que fue de $591.239.077, de los cuales $120.416.511 fueron trasladados del presupuesto disponible del 2014, gracias a un recorte de gasto ordenado por la administración de Rafael Castillo (exrector). Es decir, el otrosí para esa fecha fue de $470.822.566 para el mismo periodo. Pero en 2016 se elaboró un otrosí por $829.958529, se incrementó el gasto en 359.135.963, un 76% aproximadamente', escribió.
Además, Guzmán Bettin informó sobre un posible direccionamiento de los pliegos para contratar nuevamente con la compañía Delthac 1, para el 2016. Para respaldar lo dicho, el exjefe explicó que universidades como la Nacional, la de Antioquia y Tolima, entre otras, así como Fiscalía y Contraloría, cuando contratan los servicios de seguridad requieren que el proponente tenga un índice de liquidez del 1,5%.
Sin embargo – aseguró – en la Universidad del Atlántico exigieron que fuese de un 3%, cuando, según él, en los últimos ocho años la institución había mantenido el porcentaje inicial como requisito del proceso de contratación. 'Esta exigencia permitió que tan solo una compañía se haya presentado al proceso el año pasado. No garantiza la pluralidad de oferentes', agregó.
Otra de las razones sustentadas en el oficio es que la Universidad del Atlántico requirió que el proponente contara con al menos cuatro vehículos propios, de modelos 2013 en adelante, de los cuales uno debía ser blindado, con respectivo permiso. El reparo de Guzmán es que 'actualmente en la universidad 'no hay funcionario que requiera medidas especiales de protección'.
'Incluso ni la señora rectora, que cuando inició su administración se le dio protección policial preventivamente por razones de su cargo y posteriormente retirado, dado que no necesitaba dichas medidas. Además, la universidad cuenta con un vehículo blindado, con características especiales, al que se le han realizado las pruebas de balísticas necesarias', puntualizó.
EL HERALDO intentó comunicarse con la rectora (e) Rafaela Vos, pero no respondió el celular. El secretario General de la UA, Jaime De Santis, dijo que no está autorizado para responder a los señalamientos. Aunque sí confirmó que la institución recibió copia de la denuncia, y que, desde la rectoría están preparando una respuesta para las autoridades sobre las presuntas irregularidades.
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