El Heraldo
Los perjuicios causados por los grupos al margen de la ley, como se observa en la imagen, se convierten en una de las causas que motivan a los ciudadanos a demandar al Estado, al considerar que este no les garantiza derechos fundamentales como la vida. Archivo
Barranquilla

Las 25 demandas más costosas contra el Estado

Los procesos suman $73,5 billones. Víctimas de las ‘pirámides’, las principales demandantes. Uno lo iniciaron los damnificados de la inundación en el sur del Atlántico en 2010, por $2,7 billones.

En promedio cada seis minutos algún ciudadano o entidad privada ha interpuesto, en lo corrido de este año, una demanda en contra del Estado. Esos 7.600 procesos, radicados mes tras mes, hacen parte de los 374.180 litigios que enfrenta la Nación.

Si la Justicia fallara a favor de ellos, la Administración tendría que dejar de funcionar un año para destinar todo su presupuesto al pago de los $207 billones que, hasta el 31 de octubre pasado, le reclamaban.  

Las pretensiones económicas, variables cada día, equivalen a casi el 30% del Producto Interno Bruto. Con esos recursos se podrían construir unas cinco millones de casas de interés prioritario, similares a las 100 mil puestas en marcha por el gobierno de Juan Manuel Santos, y quedaría así solucionado el déficit habitacional del país. 

 

Del total de litigios, 25 concentran $73,5 billones y han requerido la creación de una estrategia unificada de defensa, “teniendo en cuenta el impacto fiscal, la reiteración de las causas y la trascendencia jurídica de los temas que se debaten”, explica la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), en un informe de rendición de cuentas publicado el 7 de noviembre de 2014.

Esa entidad, adscrita al Ministerio de Justicia y dirigida por Adriana Guillén, funciona desde 2011 para hacerles frente a los pleitos entre el Estado y los particulares. Busca mitigar el riesgo de los $102 billones que, según cálculos del Ministerio de Hacienda, la Nación tendría que pagar los próximos 10 años.

Uno de los 25 procesos más cuantiosos es la acción de grupo interpuesta por habitantes del sur del Atlántico. Con $2,7 billones, los afectados esperan una compensación por haber tenido durante algunos meses sus viviendas sumergidas en las aguas del Magdalena, tras la ruptura del Canal del Dique el 30 de noviembre de 2010. Argumentan que en ese hecho hubo omisión estatal porque la infraestructura (el Dique) no había sido reforzada para afrontar los embates del río durante la temporada de lluvias.

Fernando Carrillo, actual embajador de Colombia en España y el primer director que tuvo la Andje, dijo en 2012 al diario Portafolio que para los países latinoamericanos siempre ha sido difícil defenderse, de allí que el principal reto de las entidades estatales sea disminuir las decisiones condenatorias en su contra. Hasta el 31 de octubre pasado, 44 de cada 100 procesos resultaban a favor de la Nación. 

Desde 2000, la curva de pagos por sentencias y conciliaciones ha ido en ascenso. En parte, por la cantidad de litigios y los montos, pero la Andje reconoce que el Estado ha tenido limitaciones en su defensa. “Mientras en el año 2000 se cancelaron alrededor de $200.592 millones, para 2013 el valor pagado fue superior a $993.739 millones”, dice la directora, Adriana Guillén.

Las 25 más cuantiosas

Doce de las 25 demandas más onerosas que enfrenta el Estado las han interpuesto los colombianos que perdieron sus ahorros en las empresas ilegales que captaban dinero, más conocidas como ‘pirámides’.

En esas reclamaciones, que suman $26,6 billones, se culpa al Estado por la falta de vigilancia y control sobre las empresas que desarrollaban esta actividad masiva. Sin embargo, “la actividad ilegal desplegada por estas ‘pirámides’ no se encontraba bajo la modalidad de entidades vigiladas, toda vez que su actuar siempre estuvo a la sombra”, responde uno de los abogados de la Agencia consultados por este medio.

El Estado argumenta que tan pronto tuvo conocimiento de las captadoras las intervino para frenar el fenómeno y evitar que más personas siguieran perdiendo su patrimonio.

Al 4 de diciembre, la demanda más onerosa ascendía a $14,6 billones. Ecopetrol, Minminas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos son llamadas a responder por el daño ambiental que causó un derrame de crudo. Sobre esta acción de grupo, la Andje no cuenta aún con suficiente información.

Dentro de las tareas de la Andje está medir el nivel de riesgo de las demandas más cuantiosas. Dentro de las 25, hay una considerada de riesgo medio. Se trata de la acción interpuesta en contra del MinTic y la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por los perjuicios causados por la supuesta falta de regulación de la tarifa de las llamadas de fijo a móvil.

En los demás procesos, incluyendo las acciones de grupo por captación ilegal de recursos y por la temporada de lluvias de 2010, la Agencia califica de baja la probabilidad de condenas contra el Estado.

Las razones detrás de las demandas

Rafael Anaya, abogado con diploma superior en Derecho Administrativo de la Universidad de París, explica que entre las principales razones que mueven a un ciudadano a demandar al Estado están las fallas en los servicios que presta y las acciones u omisiones desviadas de la ley.

Hay dos fundamentos jurídicos, asegura Anaya, en los que se basan los particulares en sus reclamos: uno está contemplado en el Código Civil, que hace alusión al pago de indemnizaciones para quienes causen perjuicios a otros, entre esos el Estado; y el segundo, en la responsabilidad patrimonial que la Nación debe asumir, según el artículo 90 de la Constitución, por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

 

Las demandas laborales son las más numerosas. Al 30 de noviembre de 2014 había 166.530 procesos activos por $5,5 billones, siendo las inconsistencias pensionales los principales motivos, reporta la Andje. La privación injusta de la libertad es otra causa que termina desencadenando litigios. Esos atropellos podrían hacer que el Estado pierda $22 billones. 

Parte de esta realidad tiene su origen en la nómina estatal y en las funciones de la Nación. “El Estado es el mayor empleador del país, con más de 300.000 funcionarios, sin incluir a la fuerza pública”, dice el abogado Juan Sarmiento Erazo, docente e investigador de la Universidad del Norte.

Para el académico el aumento considerable de los litigios también obedece a que el Estado tiene en su “quehacer el mantenimiento del orden público y el desarrollo de la infraestructura, lo que explica que las víctimas del conflicto armado interno y los contratistas demanden con frecuencia”.

A $1,06 billones ascienden los recursos dispuestos por la Nación este 2014 para los pagos de sentencias y conciliaciones, 12% más que el rubro de 2013, siendo Defensa, Policía, Fiscalía, Justicia, Hacienda y los Organismos de Control los sectores con más adiciones. Al 31 de octubre pasado, el Estado había pagado $790.950 millones, 67% de esa suma por asuntos de Defensa y Policía. 

¿Peticiones justas o carteles sistemáticos?

Durante sus tres años de labores, la Andje ha hecho llamados reiterados a los ciudadanos para que, antes de demandar al Estado, “verifiquen cuál es la acción idónea para hacer valer sus derechos y no se dejen llevar por algunos grupos de abogados que engañan a las personas en beneficio propio y a costa del Estado y del patrimonio público”. 

El investigador Juan Pablo Sarmiento plantea tener mesura al cuestionar las demandas en contra de la Administración, porque “efectivamente hay causas que no solo son válidas sino justas”. Sarmiento recuerda las acusaciones que se hicieron desde gobiernos anteriores: altos funcionarios señalaban a las ONG’s que denunciaban al Estado ante tribunales internacionales de estar aliadas con grupos armados ilegales o de tener un afán de enriquecerse, “cuando en realidad estaban denunciando desapariciones forzadas, masacres, desplazamientos masivos”.

El docente no desconoce la existencia de demandas presentadas por abogados que persiguen honorarios anticipados, pese a saber que sus causas no tienen posibilidad alguna. Podría darse un segundo escenario, continúa Sarmiento, “menos frecuente quizá”, cuando se presentan carteles que involucran a “algunas autoridades o jueces, que reparten los resultados del proceso entre las partes”.

La profesionalización de los funcionarios es otro elemento en esta discusión. El abogado Rafael Anaya, recordando el modelo francés, explica que para los galos es clara la distinción entre Administración y Gobierno. “Cambian los gobiernos, no las administraciones. No hay que hacer un cambio de planta cada vez que sale un mandatario”, explica aludiendo a que administraciones sólidas tienden a improvisar menos y a ser conscientes de las consecuencias de cada uno de sus actos.

Entre las razones que desencadena una avalancha judicial en contra del Estado, también caben aquellos funcionarios que, muy bien capacitados, actúan de mala fe para beneficiarse a expensas del erario.

Click en la imagen para ampliarla y detallar los datos.

“Pensemos en los llamados ‘carteles de la contratación’, donde los contratos en sí mismos no tenían serios defectos o errores y, al contrario, se trató de funcionarios y contratistas de las más altas calidades, que fueron capaces de manipular los mecanismos de selección para capturar una parte importante de las rentas públicas”, menciona el investigador Juan Pablo Sarmiento. 

Así se defiende el estado

La Andje diagnostica las acciones a seguir en cada proceso, hace recomendaciones a las entidades demandadas y lidera mesas interinstitucionales, especialmente en las acciones de grupo entabladas por captación ilegal de recursos y por los damnificados que dejaron las lluvias en 2010.

La Andje detectó que en las oficinas jurídicas de 191 entidades públicas del orden nacional trabajan 5.157 abogados. De ellos, 3.240 se dedican a ejercer la defensa judicial de la Nación y los restantes realizan labores jurídicas como prestar asesorías o apoyar en procesos de contratación. 

De 2.926 abogados que la Andje analizó, el 56,4% son hombres cuyo promedio de edad es de 47 años y han estudiado en las universidades Libre, Santo Tomás y Católica. De ellos, cerca del 70% cursó una especialización en Derecho Administrativo, Comercial o Público. 

Todos estos profesionales, más los 149 empleados de la Andje, entre contratistas y personal de nómina, hacen parte del frente de batalla jurídico del Estado. Sus argumentos serán clave en la cadena de decisiones para determinar qué tanto le corresponde a la Nación pagar los $207 billones que los particulares le reclaman.

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