Como preventivas y temporales calificó la ministra de Educación Nacional, Gina Parody, las medidas adoptadas por su cartera para enfrentar la crisis administrativa, académica y financiera que desde hace tiempo vienen presentando las 19 sedes de la Fundación Universitaria San Martín (FUSM) en el país.
Un grupo de más de cincuenta estudiantes marchó ayer en el norte de Barranquilla para exigir al Gobierno que la intervención anunciada por Parody resuelva el ‘limbo’ académico en el que se encuentran los cerca de 17.000 universitarios matriculados en las distintas sedes de la institución.
La creación de una fiducia para que los estudiantes consignen sus matrículas y la prohibición para que el centro educativo reciba alumnos nuevos el próximo año son las decisiones más contundentes contempladas en el decreto 2219 del 31 de octubre del 2014.
El líder estudiantil Arnulfo Orozco Fonseca explicó que la petición de los estudiantes de la Unisanmartín en Barranquilla es que el Gobierno les aclare cuándo reanudarán las clases y si la creación de la fiducia para el recaudo del pago de las matrículas mejorará la situación.
Al amparo del decreto citado y la Ley 30 de 1992, fue anunciada la creación de un equipo de expertos que hará seguimiento a la gestión de la FUSM en todas sus áreas, de tal manera que pueda acceder a la información a fin de verificar y acompañar la implementación de un plan de mejoramiento del servicio educativo en el marco de la constitucionalidad y la legalidad.
La universidad está obligada a elaborar y presentar al ministerio tal proyecto que permita inferir los cambios requeridos.
Parody reveló que a la institución educativa le impusieron ocho sanciones y que igual número de programas fueron cancelados por no reunir los requisitos para la obtención del registro calificado.
Desde el año 2012, cuando el ministerio de Educación era dirigido por María Fernanda Campo, cancelaron las carreras de medicina, odontología, administración de empresas y varias ingenierías.
Al parecer, las directivas de la institución hicieron caso omiso de la orden gubernamental y continuaron recibiendo aspirantes a dichos programas de pregrado.
'La educación de nuestros estudiantes no es un negocio', destacó la ministra Parody, y advirtió que todas las determinaciones están encaminadas a la protección de los estudiantes porque 'el Gobierno no va a permitir que se les siga engañando ni que en Colombia existan universidades de garaje'.
Desde hace varios meses el Ministerio de Educación viene investigando un presunto desvío de dineros hacia actividades que no tienen que ver con la educación.
Esta información la confirmó Ricardo Mejía, presidente del sindicato de trabajadores de la FUSM, quien detalló que el dueño de la institución, Mariano Alvear Sofán, maneja un negocio de ganadería que representa un centro internacional de biotecnología reproductiva destinado a la explotación de ganado bovino.
La fuente aseguró que el dinero de la universidad se está desviando hacia la cadena de restaurantes Burger Market y hacia un fondo para el fomento de la educación. 'Supuestamente para apoyar a los estudiantes de menos recursos', resaltó.
Dicho fondo es la ruta por donde se fugó el capital de la San Martín, según el vocero de los trabajadores. Todos los negocios son de Alvear Sofán, fundador de la universidad que cuenta con 32 años de existencia.
Mejía indicó que la creación de la fiducia podría ahondar en la crisis, porque la San Martín no tendría los recursos para subsanar el pasivo laboral de la gran mayoría de sus cuatro mil empleados, muchos de los cuales no reciben salario desde hace más de siete meses.
El vocero dice que la universidad no cumple con su naturaleza de ser sin ánimo de lucro, de tal manera que no está reinvirtiendo los recursos que percibe para el mejoramiento de la infraestructura y los programas.
Para que responda a las inquietudes de estudiantes y trabajadores, Alvear Sofán, que se estima vive en sus condominios de recreo en Girardot, es esperado este jueves en la sede administrativa de la FUSM del sector de Chapinero en Bogotá.
Cierre el Caribe. Hay vulneración de los derechos laborales y retraso en el pago de servicios públicos en las sedes de Riohacha, Valledupar y Barranquilla. En estas dos últimas no han pagado el valor del arriendo. La sede de Valledupar está cerrada, mientras que funcionan parcialmente las dependencias de Barranquilla y Riohacha.
Ronny Rodríguez, coordinador de la sala de cómputo de la sede de Barranquilla, señaló que a los empleados les preocupa que la situación solo se enfoque hacia la crisis académica y no implique el respaldo de Mineducación a los trabajadores.
Imputarán cargos por fraude al representante legal
Una vez se resuelva el paro judicial, que lleva más de 20 días, el representante legal de la FUSM, José Ricardo Caballero Calderón, será imputado por el delito de fraude a resolución judicial por no atender las decisiones de jueces y magistrados que ordenaron reivindicar los derechos laborales de cientos de funcionarios a quienes les incumplieron con el pago de salarios y prestaciones, así lo confirmó el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.
La Fiscalía investiga el delito de estafa en masa en el que, al parecer, incurrieron los dueños y directivos de la institución al captar dineros a estudiantes por concepto de matrículas en programas que desde el año 2012 no contaban con el registro calificado que expide el Mineducación. Sobre si más altos funcionarios de la FUSM serán vinculados a la investigación que adelanta su despacho en conjunto con el Ministerio, el vicefiscal afirmó que no descarta esa posibilidad y que, por ahora, están recopilando pruebas, por lo que es factible que Mariano Alvear Sofán y otros miembros de la junta directiva sean llamados a rendir indagatoria.
Perdomo habló del engaño del que habrían sido víctimas muchos de los condiscípulos de las 19 sedes de la San Martín, en razón a que los dineros por ellos consignados se estarían desviando para fines diferentes a la educación.
Sobre los programas cancelados y los estudiantes que asisten a ellos, el vicefiscal reseñó que mediante 'maniobras engañosas y fraudulentas', la institución los venía matriculando, lo que muestra las características de un delito-masa, que va desde el irregular recibo de los dineros hasta su desvío en frentes de negocios distintos al que deben ir. Ante la duda de si el general en retiro y exdirector del DAS Miguel Alfredo Maza Márquez hace parte del grupo de propietarios de la fundación universitaria, Perdomo no negó ni confirmó el dato.
Según explicó el Mineducación, son 14 los requisitos mínimos que debe reunir un programa de pregrado para ser aprobado por la entidad, situación que no se presentó en algunas de las carreras ofrecidas por la FUSM, y que llevó a que María Fernanda Campo, quien estuviera como ministra en el 2012, ordenara cancelar su registro
calificado.
