Alerta por expendio y consumo de drogas en colegios

Las denuncias de las entidades de control y de los padres de familia relacionadas con el expendio y consumo de drogas dentro y fuera de algunas instituciones educativas de Barranquilla, municipios del área metropolitana y otras poblaciones del Atlántico, siguen generando preocupación y tienen en alerta a las autoridades.

En Soledad, por ejemplo, dos menores del Colegio Francisco de Paula Santander fueron encontrados en agosto bajo los efectos de enervantes. La situación derivó en la intervención de la Policía de Infancia, el Bienestar Familiar, la Personería y la Secretaría de Educación municipal.

Directivos del instituto reportaron que a la salida de la jornada diurna, en el parque que está frente a la escuela, jóvenes que no tienen relación con el colegio expenden droga a los alumnos y varios de ellos la revenden dentro del plantel.

El pasado 2 de septiembre, en una inspección hecha por la Policía de Infancia y Adolescencia, sorprendieron a un estudiante de undécimo grado del Santander con cuatro gramos de base de coca. Este alegó que nunca ha consumido droga y que alguien se la había dado a guardar.

Dos escuelas más de esta población, Luis R. Caparroso y Dolores María Ucrós, también han reportado denuncias de expendio y consumo.

La Policía se comprometió a asumir el control de sectores aledaños a las escuelas soledeñas y el Bienestar, conjuntamente con la Personería, activó un plan de convivencia municipal.

La investigación realizada por los mismos docentes arrojó que 15 estudiantes reconocieron haber consumido por lo menos una pepa de Rivotril y otras presentaciones del fármaco Diazepam (tiene propiedades ansiolíticas, anticonvulsivas y sedantes). Otros cinco, identificados como los que distribuían la droga dentro del colegio, se encuentran en sus casas, donde temporalmente tienen la obligación de presentar informes académicos en sus hogares con supervisión de sus padres.

El pasado 4 de septiembre, en la plazoleta del colegio Dolores Ucrós, fue lanzada la campaña ‘Menos drogas, más familias saludables y más convivencia’, liderada por la Secretaría del Interior y Corsalud para las 30 instituciones educativas del municipio.

PEPAS A 1500 PESOS

En Barranquilla un preocupado padre de familia reportó el caso de dos jóvenes de noveno grado de una institución educativa de la localidad metropolitana que fueron hallados consumiendo drogas.

“Nos enteramos de eso en una reunión de padres de familia y yo denuncio porque es preocupante. Tengo un hijo ahí y parece que también como que venden droga. Uno teme que se forme un problema porque los expendedores la pueden tomar contra los muchachos”, dijo el acudiente.

Aseguró que la Policía de Infancia y Adolescencia fue a dictar charlas en la institución, en la que decidieron no sacar a los estudiantes y darles ayuda psicológica. También personal de la Secretaría de Educación y los profesores intervinieron en busca de soluciones.

EL HERALDO recibió denuncias sobre el expendio y consumo de drogas en las afueras y al interior de otro colegio de la localidad suroccidente. Varios jóvenes confirmaron el uso y la venta de pastillas. La droga es conocida entre los estudiantes como ‘tapita roja’.

“Adentro algunos pelaos la venden a 1.500 cada pepa, que la meten con gaseosa. También consumen ‘perico’ (cocaína) en los baños o en la cancha de atrás. Eso ya lo saben y tienen hasta videos. Nos dan charlas, pero a esos pelaos les gusta esa vaina que los pone como bobos, como con flojera. Una vez una pelada se privó”, contaron alumnas de la institución.

Un joven cauto y algo desconfiado aseguró que “solo son unos cuantos” los que están, como él lo llamó, “jugando con candela”.

“Los baños solo los abren en recreo y creo que es por eso, para que esos pelaos no anden inventando. A uno, por ejemplo, que saben que es sano no le ofrecen. Aquí siempre nos están dando charlas de prevención”, indicó el estudiante.

Dagoberto Barraza, secretario de Educación del Distrito, informó que realizó una reunión con el Comandante de la Policía Metropolitana y los rectores de los planteles educativos con el fin de coordinar acciones para la prevención del microtráfico en los colegios distritales.

“Las rutas de prevención las articulamos con la Policía Nacional y el ICBF para darle el tratamiento a cada caso. La responsabilidad de la prevención no es solamente de los colegios, pues hay un componente principal: la familia. El 70% parte de la casa. Los padres de familia deben saber qué hacen sus hijos en el tiempo libre y cuando salen del colegio”, enfatizó el secretario.

JUDICIALIZACIÓN

Barraza dijo que el Manual de Convivencia Escolar permite identificar los casos a través de un trabajo con los rectores y luego pasan a la Policía de Infancia y Adolescencia o a la Secretaría de Salud, de acuerdo a la situación que se esté presentando.

“Estamos trabajando con la Policía Nacional para que se haga uso de la UPJ con el fin de que las personas que merodean los colegios y están bajo sospecha de consumo o expendio de drogas puedan ser reseñadas”, comentó el funcionario.

En esta labor están utilizando mecanismos de vigilancia y monitoreo que aporta la Policía en los colegios para reunir evidencias y capturar a la quienes “intentan permear” las instituciones educativas, señaló.

El secretario agregó que a nivel interno la mejor herramienta es la formación en valores y el trabajo mancomunado con la comunidad y los padres de familia. “Si se identifican casos dentro de los colegios, se aplica el manual de convivencia. Dependiendo del caso, hay unos temas de orden legal. Si se trata de menores de edad, entra la Policía de Infancia y Adolescencia a aplicar el código del menor”, explicó.

RUTA DE ATENCIÓN

La Policía de Infancia y Adolescencia indicó que para contrarrestar esta situación desarrolla actividades preventivas como el programa ‘Abre tus Ojos’, dirigido a niños, niñas y adolescentes en toda el área metropolitana de Barranquilla. A la población objetivo le brindan charlas sobre drogadicción, pandillismo y responsabilidad penal, entre otros temas.

De igual forma, la Secretaría de Salud Distrital realiza tres estrategias para enfrentar este flagelo. Con el programa ‘Habilidades para la vida’ ha llevado a cabo entrenamientos en 20 instituciones que, previamente, han solicitado la intervención para enfrentar el consumo de drogas. Con el programa ‘Salud al Colegio’ los estudiantes reciben instrucciones sobre hábitos saludables, actividad física y prevención de enfermedades; y con las Zonas de Orientación Escolar (ZOE) ofrecen capacitación a los miembros de la comunidad educativa en temas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

Infancia y Adolescencia explicó que cuando se presentan casos de consumo dentro de la instituciones educativas, el rector del plantel tiene que aplicar la ruta que está definida para este tipo de casos.

De acuerdo con la Ley 1620 y el Manual de Convivencia Escolar, el estudiante debe ser acompañado por la trabajadora social o la psicóloga del plantel, y deben llamar a sus padres para brindarles la orientación necesaria con el propósito de que supere la adicción.

La ruta también define que el niño, niña o adolescente que encuentren bajo los efectos de las drogas debe ser llevado al centro médico que le corresponda para su respectiva desintoxicación y valoración; además su caso debe ponerse en conocimiento de entidades como el ICBF para su restablecimiento de derechos.

La permanencia del estudiante dentro de la institución depende directamente del reglamento y políticas del centro educativo. Si encuentran a un adolescente de 14 años con sustancias psicoactivas para la venta y son de uso restringido (Rivotril, Clonazepam, Cerapil, marihuana, cocaína, cripy, entre otros) puede ser judicializado ya que estas son catalogadas como estupefacientes.

De acuerdo con la Policía de Infancia y Adolescencia, la sustancia más utilizada entre los jóvenes son las pastillas y la marihuana.

EN EL DEPARTAMENTO

Carlos Prasca, secretario de Educación departamental, señaló que, de los 85 planteles educativos que funcionan en municipios, en siete han identificado este tipo de casos.

Explicó que frente a estas situaciones han actuado directamente los consejos directivos de las instituciones, que disponen de un equipo para la notificación y orientación de los padres de familia y para definir la ruta integral de prevención contra la drogadicción.

“Cuando se detecta el consumo o venta también se notifica a la Policía de Menores, quienes, de manera conjunta, con el Bienestar Familiar, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría integran comisiones que inspeccionan las aulas”, señaló Prasca.

Los municipios donde ha identificado colegios con este tipo de problemas son Galapa, Baranoa, Luruaco y Sabanagrande. Dijo que desarrolla tres programas: el primero, ‘Atlántico Competente en Ciudadanía’, que tiene como uno de sus componentes la prevención de la drogadicción con participación de los docentes, quienes previamente reciben capacitación y conocen la ruta para implementar los procedimientos.

El segundo programa lo desarrolla la Secretaría de Salud, el cual también busca una formación directa de los estudiantes para contrarrestar ese fenómeno, y el tercero es el programa ‘Crisálida’, de la Secretaría de la Mujer, que tiene un propósito similar.