Con una atención diligente, la crisis humanitaria de La Guajira, que este año ha ocasionado la muerte de 29 niños y niñas wayuu por causas relacionadas con la desnutrición, no se hubiese presentado o al menos no en las proporciones como sucedió.
Así lo consideran la magistrados de la Sala de Decisión Civil Familia Laboral de Riohacha al fallar una acción de tutela impetrada por el cuidadano Elson Rafael Rodrigo Rodríguez para que el Estado implemente acciones inmediatas para garantizar la atención y el bienestar de la niñez wayuu.
La fuerza de los hechos -aseguran en el documento- demuestra que hubo una insuficiente gestión estatal frente al riesgo al que está sometida la población infantil wayuu, y no solo frente a la coyuntura del Fenómeno del Niño, pues lo que se avizora en este caso es un olvido o indiferencia estatal de carácter histórico.
En la providencia, con número de radicación 44001-22-14-002-2016-403-00 del 31 de mayo pasado, el alto tribunal le da un plazo de 48 horas al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para adoptar las medidas necesarias a fin de preservar la vida e integridad de los niños y niñas de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.
Con ponencia de la magistrada María Manuela Bermúdez Carvajalino, la Sala Civil Familia Laboral considera además que el hamnre y la sed generalizada que padece la población infantil wayuu es una consecuencia 'gravemente anómala, del todo desproporcionada', al punto que casi a diario se reporta un menor en alto riesgo de muerte.
Cita además el estudio 'Crisis humanitaria en el Departamento de La Guajira 2014' realizado por la Defensoría del Pueblo, al considerar que aún siendo bastante 'conservador' en sus conclusiones, no deja de ser verdaderamente alarmante por sus hallazgos.
'Este informe deja claro que en el Departamento de La Guajira se vienen presentando muertes evitables (aquellas que se producen por falta de prevención o tratamiento del sistema de salud) de niños y niñas, en su mayoría indígenas, por desnutrición severa', asegura el Tribunal, al citar el documento de la Defensoría.
En el análisis de la historia clínica de los 14 casos de niños muertos por desnutrición en el 2013 en La Guajira, se concluye que todos los casos fueron muertes injustificadas y evitables', concluye la Defensoría.
Para el Tribunal, es tan infausta la situación que la directora del ICBF reconoció frente a los medios de comunicación que la muerte de los niños a causa del hambre va a seguir presentándose no solo por las causas de fuerza mayor sino por la falta de cumplimiento de las funciones por parte de los diferentes estamentos que deben velar por el bienestar de la población.
Otra de las conclusiones es que todas las entidades involucradas habían vulnerado los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso al agua de los niños y niñas asentados en Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.
Para los magistrados, la 'insuficiente' y' desarticulada' gestión durante muchos años ha permitido que la situación afrontada se convierta en una crisis humanitaria acentuada por una situación climatológica extrema. 'La respuesta ante la coyuntura fue insuficiente y meramente paliativa', concluye.
La tutela se hace extensiva a los Ministerio de Vivienda, Salud, Ambiente, Agricultura, directora del DPS, directora del ICBF, Superintendente de Salud, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, al departamento de la Guajira y los municipios de Manaure, Maicao, Uribia y Riohacha, Consejería para la Primera Infancia, ministerio de Educación Nacional, Dane, Secretarías de Salud y Educación del departamento de La Guajira y los municipios de Manaure, Uribia, Maicao y Riohacha.
Respuesta a tribunal: 'No le consta'
Dentro del proceso, el Tribunal cita el caso de la funcionaria encargada de vigilar la prestación de los servicios de salud quien ante este alto organismo respondió que 'no le consta' la situación de riesgo que sufren los menores wayuu.
Para los magistrados es clave que el Gobierno cree un sistema de información interinsticional e intersectorial que permita que todas las entidades conozcan cuántos menores pertenecen a estas comunidades y cuál es su situación de riesgo.
