En su reciente visita a la capital del Atlántico, la ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, cumplió con una apretada agenda que incluyó reuniones con el Gobernador del Atlántico, la Alcaldesa de Barranquilla, y la dirección regional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, acordando con estos temas como la ejecución de una obra que promete darle un cambio total al sistema penitenciario en el Departamento. También socializó con las autoridades y los medios el sistema de alertas tempranas para la prevención delconsumo de drogas, el cual es pionero en Latinoamérica. Además, en atención a esta casa periodística, habló sobre los resultados de la emergencia carcelaria, y sus logros en la administración de la cartera de Justicia.
¿Señora ministra, por qué ya no va la megacárcel y cuál es esa obra que se realizará a cambio?
Las razones por las que ya no va las deben entregar el Gobernador y la Alcaldesa, lo que sí podemos decir es que esta nueva idea que se tiene del centro de resocialización y colonia agrícola, que se construirá con recursos del estado, es una verdadera forma de resocializar a los presos. En estos centros, que generalmente funcionan en áreas rurales, se realizan labores de campo como cría de animales y sembrados.
¿En Colombia, dónde funcionan centros de esta naturaleza?
Tenemos en Acacías, Meta, pero la idea es que cada región tenga el suyo. En estos centros se pueden albergar mil internos, y la idea es que estos sitios se conviertan en negocios productivos, donde se vendan animales y productos de la tierra.
¿Qué tipos de internos estarían en estos centros y de quién sería el manejo?
En estos centros se albergarían condenados, por lo que van estar fuera de la ciudad. Desplazar detenidos preventivos hacia los juzgados es costoso y peligros. Tenemos que evitar los traslados. Sobre lo otro no tenemos opción distinta el Inpec debe vigilar a los condenados. Esta obra estaría lista para el segundo semestre del otro año o a principios de 2015.
Por las extorsiones, recientemente se habló de los bloqueadores de señal para las cárceles, ¿en qué va este tema? ¿Quién ejecutará este proyecto?
Hay una mesa de trabajo constituida entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación del Atlántico, y ya está a punto de ser concretado ese proyecto que le representará beneficios a los centros carcelarios de Barranquilla.
Por otro lado, en la política contra las drogas, esta cartera lanzó un sistema de alertas tempranas para prevenir el consumo, ¿cómo funciona este sistema?
Este sistema se lanzó este año y ha tenido resultados exitosos. Es pionero en Latinoamérica y recientemente nos invitaron a explicar en Europa en qué consiste este modelo. Se trata de un mecanismo para alertar a las autoridades sobre el uso de nuevas sustancias alucinógenas entre la población. Este año hemos emitido tres alertas: la primera es el uso del LSD que se consume en Colombia, este contiene un alucinógeno que puede desencadenar en crisis de pánico y paranoide severa; la segunda alerta es la de la droga 2CB o Tucibí, que es la llamada cocaína rosada o de la Barbie. Esta es falsa y se mezcla con ketamina, medicina que usan para sedar animales. Y la tercera alerta es la de las ‘ollas’ virtuales, las cuales venden sustancias alucinógenas y drogas legales sin prescripción médica, todo por Internet.
¿Qué se está haciendo con los problemas de hacinamiento en las cárceles del país?
Conscientes de los hacinamientos en los centros penitenciarios de todo el país hemos lanzado una estrategia que busca ampliar el número de cupos carcelarios: 10.000 nuevos y 4.000 por rehabilitación. Primero, celebramos un convenio con el Ejército Nacional, en el cual se realizarán seis establecimientos de mínima seguridad, estos son los llamados centros de resocialización con colonia agrícola. (Ver nota superior de la página). En cuanto a la rehabilitación de cupos, este se hará en establecimientos de Bellavista, Bucaramanga, Cúcuta, Girón y Acacías. Estos 14 mil nuevos cupos impactarán el sistema carcelario.
¿Qué resultados ha dado la declaratoria de emergencia carcelaria por razones sanitarias?
Esta emergencia ha dado resultados asombrosos. La decretamos el 31 de mayo y hoy se han celebrado contratos por 31.000 millones de pesos, solo para mejorar las condiciones de los internos. Se está empezando a trabajar en el agua potable para algunos centros carcelarios; la construcción de comedores, unidades de sanidad y la renovación de baterías sanitarias. Con respecto a lo que manifestó recientemente el Defensor del Pueblo, este tiene unos datos que no corresponden a la realidad. La sobrepoblación se ha estabilizado. Hoy 23 de agosto (viernes), las personas de más en las cárceles son 4.200, cifra que se piensa disminuir con la construcción de los nuevos centros carcelarios. También hay que decir que empezamos a hacer convenios con las universidades para trabajar con estudiantes de derecho judicantes, que nos ayudan a evacuar procesos. No todo es cupos. El que tiene que salir de la cárcel está saliendo.
Finalmente, ¿cómo va lo del cambio del sistema de atención en salud para los presos del país?
El Gobierno trabaja de la mano con el Ministerio de Salud y la Procuraduría General para iniciar un proyecto para la prestación del servicio a nivel nacional. Cinco EPS entrarían a prestar el servicio a nivel nacional. Ante las deficiencias en la prestación del servicio por parte de Caprecom, el Inpec está adelantando las medidas judiciales pertinentes con el prestador con el fin de exigir su cumplimiento.
Por Redacción Judicial
