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Judicial

Policía investiga reventa de celulares incautados

Archivo Todos los procedimientos se ajustaron a la Ley: Policía"

Lo que el 10 de febrero pasado fue un despliegue descomunal de fuerza, para neutralizar el mercado ilícito de celulares robados y de contrabando, en el centro comercial Fedecafé, hoy, se ha convertido en una investigación especial de la Policía para determinar el grado de corrupción en que incurrieron algunos de los agentes que participaron en los hallanamientos y las incautaciones.

El general Óscar Pérez Cárdenas, comandante de la Policía Metropolitana, ordenó una comisión integrada por el comandante de la Policía Fiscal Aduanera, el comandante de la Sijín, el jefe de Policía Judicial y el jefe de Asuntos Disciplinarios de la Policía, para investigar y responder las denuncias de uno de los comerciantes afectados.

Estas denuncias cuestionan fuertemente los procedimientos empleados por algunos agentes, que dan pie a un sinnúmero de actuaciones ilegales y sospechosas que enlodan el buen nombre de la Policía.

El punto clave. Lo que da pie a las denuncias de Luciana Gabriela Ayala Solano, representante legal de los locales 8 y 9 de Fedecafé, se convierte en un punto clave que la comisión conformada por el general Pérez, debe aclarar: ¿Por qué el cabo Deivis Flórez Vásquez no realizó una relación detallada de cada uno de los celulares que estaban incautando?

Ayala, por su parte, sostuvo sus denuncias ante la comisión de la Policía e insiste en que esa mañana del 10 de febrero los agentes que estuvieron en su local no quisieron hacer el inventario de todo lo que se llevaban. “Solo escribieron la cifra de los 304 celulares que se llevaban porque en el momento no teníamos las facturas de compra ni los papeles de importación”, dijo.

La comisión también debe investigar si este punto dio lugar para la posterior sustracción de celulares ya que los 304 aparatos permanecieron 35 días en las instalaciones de la Policía.

En este sentido, Ayala reitera que a su establecimiento han estado llegando tanto particulares como agentes con los celulares que ella reconoce como los que se llevó la Policía el 10 de febrero, para comprar la batería y para que se los activen.

“Únicamente en este almacen tenemos esas baterías y la tecnología para habilitarlos. Además, yo reconozco muy bien el sello de seguridad que utilizamos para posteriores reclamos de garantía”, añadió.

“Demostraremos que los celulares no entraron de contrabando”, puntualizó Ayala.

Por Hipólito Palencia

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