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Archivo particular

Las versiones del uso de hornos artesanales para quemar cuerpos que estaban en fosas fueron reveladas a las autoridades judiciales desde el 2010 por desmovilizados de esas bandas, pero los investigadores ahora visitaron la zona para recabar mayores datos.

'Nosotros no vamos a encontrar restos (de las víctimas) porque ellos (los paramilitares) usaban un método con agua para hacer desaparecer las cenizas', dijo el fiscal Leonardo Cabana.

Cabana, fiscal de la Unidad de Justicia y Paz, encabezó la comisión judicial que viajó a fines de abril junto a tres desmovilizados en busca de los 'hornos' de cremación.

El informe de la visita da cuenta de que la comisión judicial fue conducida hasta los hornos por sus 'administradores': Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, Armando Rafael Mejía, alias ‘Hernán’, y Luis Antonio Rey, alias ‘Beto’; quienes están detenidos en cárceles de las ciudades de Itagüí y Cúcuta.

'Los cuerpos se enterraban y a los seis meses se sacaban los restos y se incineraban', explicó en la Fiscalía alias 'Beto', según el informe. Beto aclaró que 'no los echábamos vivos (a los hornos); primero los asesinábamos'.

Y aunque era un avezado jefe paramilitar en esa zona limítrofe de Norte de Santander, reconoció ante los investigadores que 'yo no me ponía a mirar (las incineraciones) porque eso es duro', según el informe.

Las víctimas sacadas de las fosas y asesinados en distintas fechas eran desde ladrones hasta sospechosos de pertenecer a grupos guerrilleros. Deshacerse de esos cadáveres fue una orden de los jefes narcoparamilitares porque, según narró Beto, querían despistar a la justicia y lucir menos violentos ante los ojos de una sociedad ya saturada por masacres.

Determinar el número de víctimas, sus nombres y devolver restos a los parientes es parte de la labor de la Unidad Nacional de Justicia y Paz.

Hasta abril, se han encontrado en todo el país 3.245 fosas con 3.983 cuerpos, de los cuales han sido identificados con muestras de ADN y entregados a sus familias 1.272, según datos de la fiscalía. AP