Una potente lancha dotada de tres motores fuera de borda conecta en solo 10 minutos a Puerto Bolívar con Puerto Nuevo, ambos pertenecientes al municipio de Uribia (La Guajira).
Por vía terrestre, este recorrido, unos 50 kilómetros aproximadamente, podría tardar una hora o incluso más si las condiciones de una carretera sin asfaltar, que une los dos puntos, no son favorables.
Esta embarcación, tipo go-fast, es la fiel aliada de las autoridades para combatir actos ilícitos como el contrabando, cuya penetración es considerada permanente en el departamento situado en la costa norte de Colombia.
La Estación de Guardacostas de Puerto Bolívar, adscrita a la Armada Nacional, tiene la misión de vigilar Puerto Nuevo, en Bahía Portete, para evitar que por allí se filtre mercancía fraudulenta proveniente de diferentes lugares del Caribe.
El teniente de fragata David Guillermo Gómez lidera esta unidad de vigilancia marítima. A su cargo hay 14 uniformados. En las lanchas rápidas, su grupo tiene la dura misión de recorrer desde la estación guajira hasta Castillete, en frontera con Venezuela.
El oficial dice que a diario suelen hacer hasta 10 recorridos por las 150 millas náuticas que hay de distancia entre la estación y la zona fronteriza, todo con el fin de controlar las grandes embarcaciones que entran a territorio colombiano.
“Estamos pendientes del tipo de mercancía que llega a Colombia por esta zona. Las tripulaciones de los barcos también suelen ser vigiladas. El control es permanente en el sector de Puerto Nuevo, un puerto natural donde desembarca toda la mercancía que luego va a Maicao”, explica Gómez.
El control permanente se debe a que por allí ingresa el cigarrillo y el licor que, según investigaciones formales de industrias tabacaleras y de licores, luego es comercializado de forma ilegal en otras zonas de país.
Jorge Cabrera, director de asuntos corporativos de la British American Tobacco y Protabaco, sostiene que el cigarrillo que sale de La Guajira hacia otros departamentos solo le representa pérdidas al Estado.
El año pasado —dice el ejecutivo—Colombia dejó de recibir unos 72 mil millones de pesos como resultado del impacto del contrabando al impuesto de consumo, el cual constituye el 8% de los ingresos tributarios de los departamentos.
“Quiere decir que este dinero lo dejó de recibir la salud, que es la que recibe los aportes de estos productos de consumo”, añade Cabrera.
Para los empresarios, las acciones del Gobierno Nacional deben ser más contundentes en La Guajira para evitar que productos de consumo traídos de contrabando lleguen a plazas del centro y sur del país, que son las zonas donde se tiene evidenciado se venden con mayor facilidad.
Por ahora, el único control lo ejerce la Armada Nacional.
Efectos del contrabando
Las regiones dejan de recibir ingresos derivados del impuesto al consumo, que se destinan principalmente al financiamiento del sistema de salud. Teniendo en cuenta que la participación del contrabando en el mercado es diferente por regiones, se estima que en 2010 Chocó, Antioquia, Córdoba y Sucre dejaron de recibir $32 mil millones. En Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, San Andrés y La Guajira, dejaron de recibir unos $20 mil millones. En el resto de departamentos las pérdidas estuvieron por encima de los $10 mil millones.
