Por cuenta de las balas perdidas, una nueva tragedia enluta a una familia en Colombia.

El suceso ocurrió esta vez en el sector Playas Blancas, del barrio Olaya Herrera, en las laderas de la zona suroriental, donde habita una de las comunidades más pobres de Cartagena.

La niña Yeris Púa Angulo, de cuatro años, se encontraba comprando alguna golosina en una tienda de la comunidad, cuando un grupo de agentes de la Policía irrumpió para atender las quejas de los vecinos por el ruido que producía un picó. Aparentemente los uniformados fueron recibidos violentamente, y en medio de la persecución que desató el incidente hubo un disparo que se alojó en el tórax de la menor. La muerte ocasionó de inmediato la reacción de la comunidad, que ayer seguía clamando justicia.

Este es un caso que se repite con insistencia en nuestro país. Según cifras del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, en los últimos 10 años han muerto alrededor de mil personas por esta causa y otras 2.200 han resultado heridas.

Para dimensionarlo mejor, cada tres o cuatro días muere una persona en Colombia como consecuencia de una bala perdida. Si se compara con el número de muertes violentas que ocurre en un período ordinario en el país, la estadística podría atribuirse a la manifestación de una violencia aleatoria, pero sin importar los guarismos es claro que estamos en frente de una situación de alto impacto social.

En la mayoría de los casos son disparos sin justificación que algunos irresponsables hacen al aire para lucirse en alguna celebración patronal o fiesta conmemorativa. El Centro, por la ocurrencia reiterada, lo atribuye a las grandes ciudades donde la densidad poblacional impide precisar el origen de la bala.

Pero en el caso de la niña Yeris Púa hay marcadas diferencias.

Lo que ha dicho la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias, es que las personas están expuestas normalmente a riesgos ordinarios que comprometen su propia responsabilidad. Tal premisa podría funcionar para un accidente de tránsito. No aquí.

Aunque no podríamos afirmar que hubo una premeditada intención de segar la vida de la niña, porque ello es responsabilidad de la investigación que anunció el Comando de la Policía Metropolitana de Cartagena, resulta claro que ella, con toda su carga de inocencia, enfrentó un riesgo extraordinario derivado del operativo policial y que alguien debe responder.

Esperamos que la investigación aclare cuanto antes las circunstancias e identifique al autor o los autores del hecho. Es lo mínimo.

Y, más allá, que entre todos hagamos la reflexión que compete. ¿Es posible seguir enfrentando el problema tipificando apenas la conducta de la bala perdida como infracción al código policial? ¿Hasta cuándo tendremos que tolerar la insensatez de quienes hacen los disparos al aire sin ningún control? ¿Están funcionando adecuadamente los protocolos policiales en relación con la población civil?

Porque ya no es posible devolver la vida de la niña ni la tranquilidad a su familia, pero sí evitar que otros inocentes caigan en medio de detonaciones que nadie sabe de dónde vienen.