Por las calles de San Onofre, Sucre, no circularon ayer las motocicletas en las que habitualmente se transportan sus habitantes. El paro armado impuesto por la banda criminal los Úsuga a punta de intimidación paralizó las actividades de este municipio y de decenas más en ese departamento, en Córdoba y el sur de Bolívar. Los colegios no recibieron a sus estudiantes, el comercio no abrió sus puertas y las empresas de transporte no sacaron sus buses.
Un paro armado es una práctica evidentemente ilegal, en la que un grupo armado al margen de la ley impone el miedo en una zona en la que tiene influencia. Los Úsuga demostraron ayer que tienen la capacidad de sembrar miedo en parte del territorio colombiano. En Cértegui, Chocó, asesinaron a un policía que se encontraba de civil, y en San Pedro de Urabá lanzaron una granada que mató a un capitán del Ejército que disfrutaba de sus vacaciones.
Esta banda criminal, heredera de las estructuras paramilitares, es liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, quien a través de panfletos ha dicho que el paro armado busca conmemorar la muerte de Francisco José Morelo, alias Negro Sarley, abatido en un enfrentamiento con la fuerza pública en 2013. Sin embargo, el Gobierno interpreta el paro como una reacción a los continuos golpes que ha recibido la banda criminal en los últimos meses.
El Ministerio de Defensa informó ayer que se capturaron 33 miembros del Clan Úsuga en diferentes zonas del país entre miércoles y jueves. Hace una semana, el Ejército dio de baja a Jairo de Jesús Durango, alias Guagua, uno de los más temidos miembros de esta banda.
En Cartagena, la ciudad turística por excelencia, tres policías fueron asesinados el pasado martes. Según la institución, el triple homicidio fue una retaliación por el hostigamiento al que están sometiendo a la banda criminal.
Hay quienes sostienen que bandas como los Úsuga son un ‘efecto secundario’ de la desmovilización del paramilitarismo. Algunos analistas van más allá y sostienen que en realidad son la misma cosa.
El hecho es que las instituciones del Estado deben actuar con la máxima contundencia contra este fenómeno de las bandas criminales antes de que acabe por asentarse como una nueva forma de violencia en el país, máxime si se considera que están en marcha procesos para que la guerrilla deje las armas. Existe el temor fundado de que muchos combatientes, habituados a una existencia fuera de la ley, sentirán la tentación de seguir en sus andanzas, mediante la conformación de bandas delincuenciales.
El panorama es, pues, inquietante. Y la eficacia con que el Estado responda a los Úsuga será determinante para garantizar un futuro en paz para el país.
