El equipo negociador del Gobierno, encabezado por Humberto De la Calle, y la delegación de las Farc se aprestan a iniciar hoy un nuevo ciclo de conversaciones dentro del proceso de paz que se desarrolla en La Habana. En este caso, las partes intentarán cerrar un acuerdo sobre el tercero de los seis puntos de la agenda de negociación, relativo al problema de las drogas ilícitas.
En opinión de los expertos, este punto no presenta la misma complejidad de los dos anteriores que Gobierno y guerrilla ya pactaron con éxito: el tema agrario y la participación política. Sin embargo, resultaría aventurado afirmar que el diálogo fluirá en este nuevo ciclo como una balsa sobre aceite, si se considera el enorme impacto económico y social que el cultivo, producción y comercio de las drogas ilícitas ha tenido durante décadas, y sigue teniendo, en Colombia.
Uno de los factores que los negociadores deberán tener en cuenta es que muchísimas familias del país (60.600, según el informe más reciente de la ONU) subsisten por su participación en uno o varios eslabones de la cadena productiva del narcotráfico. Las zonas donde más se concentran los cultivos son el Pacífico, por un lado, y Putumayo y Caquetá, por el otro. Es lógico que, para resolver el problema, los negociadores deberán formular vías alternativas de subsistencia para quienes opten por cultivos alternativos.
Otro factor, no menos importante, es la importancia que tiene el negocio de la droga para la propia financiación de las Farc. Hace más de tres décadas, en 1982, el entonces embajador estadounidense en Colombia Lewis Tamb acuñó un término que hizo carrera y que se sigue utilizando hasta nuestros días: narcoguerrilla. Las Farc siempre han negado cualquier vinculación al negocio del tráfico de drogas, pero sus argumentos nunca han gozado de mucho predicamento, entre otras cosas porque durante años el dinero procedente del narcotráfico ha permeado casi todas las capas de la sociedad colombiana. Resulta imposible imaginar que la guerrilla, con toda la carga económica que requiere su maquinaria bélica clandestina, haya estado al margen del gigantesco negocio de las drogas. Algunas fuentes calculan que la guerrilla obtiene ingresos de entre 2.400 y 3.500 millones de dólares anuales por su vinculación con el narcotráfico.
En ese sentido, el principal reto del Gobierno en la nueva ronda de negociaciones de La Habana es convencer a las Farc de que corten su relación económica con las drogas ilícitas y apoyen iniciativas para orientar el campo a producciones alternativas. Sin duda, el acuerdo ya alcanzado sobre el tema agrario ofrecerá el marco para que esa transición sea posible.
Ayer, antes de viajar a La Habana, el equipo negociador del Gobierno mantuvo un encuentro con medio centenar de empresarios barranquilleros, a los que transmitió tranquilidad sobre el desarrollo de las negociaciones. El jefe de la delegación, el exvicepresidente de la República Humbreto De la Calle, expresó un cauto optimismo, aunque evitó cualquier asumo triunfalista, entre otras cosas porque aún falta por discutir el que quizá sea el punto más complicado de la agenda: la participación política y el cumplimiento de penas de los principales líderes guerrilleros, muchos de ellos acusados de crímenes de lesa humanidad. En efecto, ese debate promete ser muy espinoso. Pero, ahora, lo que corresponde es superar el punto tercero. Lo que no es poca tarea.
