Una vez demostrados científicamente los beneficios terapéuticos de la marihuana, un paso apenas natural es abrir la discusión acerca de cuáles deben ser los límites y criterios de la reglamentación de actividades como el cultivo, su investigación, producción y exportación. Eso deja traslucir la vocación de modernidad que mueve a un Estado que ha situado entre sus prioridades el despojarse del estigma que han supuesto décadas de violencia asociada a la guerra contra las drogas.
Lo conveniente sería desligar el debate netamente medicinal de otras consideraciones, más complejas, que aún están por resolver y entrañan profundas implicaciones que todavía deben ser estudiadas desde una perspectiva más amplia que contemple una seria revisión de su impacto social, como la despenalización total de la marihuana y la integración de estos nuevos enfoques en la política de lucha contra los estupefacientes. Está demostrado, por ejemplo, que el microtráfico es un flagelo vivo que dispara los índices de inseguridad urbana, pero las estrategias para abordar este problema no son elemento para ponderar una eventual aplicabilidad clínica de productos derivados del cannabis.
De hecho, desde hace algunos años es posible encontrar en el mercado de Barranquilla varios productos que dejan claro en sus etiquetas que están fabricados a partir de la marihuana. Desde pomadas hasta lociones, entre otros. Ninguno de estos cuenta con autorización ni registro del Invima, pero tal como lo registró un informe de EL HERALDO, se comercializan sin mayor restricción o problema, e incluso cuentan con una clientela que habla de sus supuestos beneficios abiertamente. Tampoco hay manera de conocer o alertar de sus posibles riesgos y contraindicaciones.
Regular estas prácticas, establecer los requisitos necesarios para obtener las licencias pertinentes y que dichos productos estén dentro de la legalidad, sometidos al escrutinio de las autoridades, es un objetivo que vale la pena buscar.
Desconcierta un poco, sin embargo, que el país haya sido sorprendido con un proyecto de decreto para este fin que ya está listo y en fase de consulta a través de internet. Los ministros de Salud, Agricultura y Justicia elaboraron el documento. El presidente Santos lo ratificó ayer y dijo en una entrevista para BBC Mundo que espera legalizar el uso medicinal de la marihuana “en los próximos tres a cuatro días”. Así, atizó más la polémica desatada.
Más allá de lo conveniente o no que resulte una medida como esta, uno de los reparos de fondo alude a que esté prácticamente lista, sin mayor socialización, cuando la expectativa en torno a una determinación de este talante es que sea producto de una construcción colectiva, que involucre los distintos sectores de la sociedad. El decreto deja, además, preguntas en el aire que será necesario precisar, para delinear los alcances. No está claro, por ejemplo, cuáles serán las extensiones permitidas para el cultivo, y cuál será el mecanismo para definirlas y verificar su confiabilidad. Tampoco lo está cuál será el protocolo de diagnóstico o el control de las cantidades que puedan llevar los eventuales pacientes bajo tratamiento de marihuana.
Otro aspecto que ha despertado dudas es el haber apelado a un decreto, pues la magnitud de la discusión amerita, en opinión de expertos, que pase por el Congreso. ¿No es el escenario natural para un debate así?
