La muerte de la joven estudiante de Derecho Camila Abuabara, que combatió  con coraje no solo contra una leucemia que le fue diagnosticada en 2010, sino contra su EPS al reclamarle un tratamiento de excepción por la complejidad de su mal, ha generado un encendido debate sobre el sistema nacional de salud.

Mientras la entidad prestadora del servicio sostuvo, avalada por el Gobierno, que la intervención podía hacerse en el país dada la experticia que médicos e instituciones tienen en el tema, la familia echó de menos una alternativa clínica internacional que la EPS rehusó cubrir.

Camila logró ganar en primera instancia una tutela para ser intervenida en un centro estadounidense. Pero el Ministerio de Salud, con Alejandro Gaviria a la cabeza, presentó un recurso con el argumento de que en Colombia hay suficiente nivel en la medicina para atender un caso como el que aquejaba a la muchacha. Un segundo tribunal dio la razón al Ministerio e instó a la EPS a operar de inmediato a la paciente.

La decisión del ministro fue, naturalmente, muy impopular. Pero, más allá de las pasiones que despierta este triste caso, Gaviria tenía razones para justificar su actitud: si se autoriza a un enfermo una costosa atención en el exterior, se sienta un precedente delicado, ya que otros enfermos pueden reclamar igual trato, con los efectos que ello tendría para la sostenibilidad económica del sistema .

El ministro sustentó su posición en que la medicina colombiana está capacitada para atender casos como el de Camila. Cabría preguntarse si realmente es así. Y también merece abrirse otra reflexión, y es sobre el derecho de los pacientes a ser intervenidos en el exterior cuando sus males no pueden ser tratados de manera adecuada por la medicina local.

Más allá de estos interrogantes, el caso de Camila ha tenido el efecto de un aldabonazo sobre la calidad del sistema nacional de salud. Este es uno de los servicios que más quejas generan por parte de la ciudadanía. Las estadísticas de la Defensoría del Pueblo indican que cada hora se presentan 13 tutelas para amparar derechos que previamente negaron las entidades. En la Costa Caribe se presentan anualmente alrededor de 1.000 de estos amparos, según la misma información oficial.

Desde esa perspectiva habría que decir que la justicia está coadministrando la salud en Colombia, porque es bajo los efectos de los fallos judiciales que los usuarios garantizan el acceso.

¿Qué significa esto? Que estamos ante un sistema que, al menos en los casos entutelados, se ha empeñado en evadir sistemáticamente la atención. O que los gestores desconocen la normativa de su negocio hasta el punto de que, en 250 mil situaciones conocidas entre 2013 y 2014, los jueces tuvieron que acudir en ayuda de los pacientes para darles una razón que aquellos creían no tener que otorgar.

La trabas por cuenta de las preexistencias y las demoras en las citas, sobre todo con médicos especialistas, entre otras, son suficientes como para tener que agregar más elementos de ruido a la interacción entre médicos y pacientes.

Es posible entender que, en tanto es operada por empresas particulares, la prestación obedezca a estándares de eficiencia económica. Una máxima empresarial dice que toda actividad productiva debe ser rentable, lo cual no solo es beneficioso para quienes invierten sus capitales sino para la dinámica del mercado. Pero la salud, a la vez es un derecho público, consagrado por la Constitución, así apenas fuera reglamentado el año pasado.