La Justicia, a través de la Corte Suprema y la Fiscalía, ha entrado con vigor en los últimos días a ejercer sus competencias para superar la calamidad humanitaria en La Guajira y corregir situaciones anómalas en ámbitos del gobierno seccional como el fiscal y el orden institucional.
Hace dos meses, un fallo del Consejo de Estado sacó del cargo a la gobernadora Oneida Pinto, lo cual obliga a la convocatoria de nueva elección, constituyéndose en oportunidad para el cambio en un departamento caracterizado por la pobreza y la corrupción pero con grandes riquezas naturales y humanas.
Por otra parte, la Procuraduría inició indagaciones disciplinarias respecto al ICBF por su gestión frente a la hambruna.
Y, mientras, el gobernador encargado, Jorge E. Vélez, ha estado enviando mensajes para superar los reclamos de algunos sectores ciudadanos y políticos que se declaran agraviados por las generalizaciones que ha hecho al destapar casos de corrupción.
La Guajira se encuentra en uno de los peores momentos de su historia de 50 años como departamento, con recursos fiscales muy disminuidos respecto a los que gozaba por las regalías mineras, afectada gravemente por la crisis de Venezuela, por el verano, el desgreño histórico y la mala actuación de los políticos. El Poder Ejecutivo, en sus diferentes niveles, está a prueba.
La actuación de la Corte Suprema, en el escenario vigente, es oportuna. La crisis humanitaria, cuya manifestación más dolorosa es la muerte por desnutrición de niños wayuu, debe ser enfrentada ahora, por tutela ratificada en segunda instancia, por la Presidencia de la República mediante un plan eficiente y eficaz que comprometa a todos los niveles del Estado con el fin de que se solucione de manera integral y definitiva los problemas de desnutrición, salud y falta de acceso de agua potable de los niños guajiros. Se suma la sentencia a las medidas cautelares decretadas en diciembre por la Corte Internacional de Derechos Humanos con los mismos objetivos de protección a la etnia.
La Corte precisó que es la Presidencia la que debe coordinar la actuación del Estado y le dio 15 días a partir de la ejecutoria del fallo para mostrar el plan. Posteriormente, debe presentar un informe mensual de cumplimiento al Tribunal de Riohacha, que falló en primera instancia la tutela, sin perjuicio de los informes a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría.
También es oportuna la decisión del nuevo fiscal Néstor Humberto Martínez de crear un grupo con siete fiscales anticorrupción y agentes del CTI para agilizar los trámites de casos que ya están en investigación y de las recientes denuncias, como la presentada por la directora del ICBF, Cristina Plazas, contra directivos de cuatro operadores de alimentos.
El que el poder judicial y el disciplinario sean activos en las soluciones humanitarias en La Guajira es expresión del estado de cosas en el departamento y comprobación de que el Estado cuenta con herramientas que pueden dinamizarse cuando hay crisis graves.
Pero la verdadera solución es política. Son los ciudadanos guajiros, con su voto, los que determinan cuál es el destino de su territorio y de su gente.
