Hace algo más de cuatro años, durante el gobierno de Uribe, un terremoto institucional sacudió a Colombia al trascender que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) espiaba a magistrados, líderes de la oposición y periodistas desde las propias entrañas de la Casa de Nariño. A raíz de aquel escándalo, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a 12 funcionarios, entre ellos el secretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y a los exdirectores del DAS Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado.
Los colombianos, quizá con exceso de ingenuidad, creyeron que aquel capítulo siniestro en la historia del país no volvería a producirse, por lo menos en muchos años. Sin embargo, no han pasado ni siquiera cinco años de aquellas ‘chuzadas’ ilegales, cuando acaba de estallar un nuevo y muy grave escándalo por los mismos motivos.
La revista Semana, la misma que destapó las interceptaciones telefónicas de 2009, reveló ayer en su portal digital que miembros del Ejército han espiado durante un año al equipo del Gobierno que negocia la paz con las Farc en La Habana. El presidente Santos, en una airada reacción, atribuyó el espionaje ilegal a “fuerzas oscuras que quieren sabotear el proceso de paz” y dijo haber ordenado al Ministerio de Defensa y al Ejército una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
Se ha sabido también que, hace cinco meses, la Fiscalía General de la Nación ordenó cerrar la denominada “sala gris” desde la que personal del Ejército interceptaba ilegalmente escuchas de numerosos ciudadanos. Los equipos tecnológicos fueron desmontados y trasladados al búnker de la Fiscalía. Lo llamativo de ese episodio es que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, si bien acató al decisión de la Fiscalía, no hizo al parecer nada para aclarar en aquel momento esos hechos, que permanecieron ocultos a la opinión pública.
En esta ocasión, el ministro se ha mostrado más contundente: ha destituido al jefe de Inteligencia y al director central de Inteligencia Técnica del Ejército y ha ordenado una investigación disciplinaria que, según aseguró, arrojará resultados a finales de la semana próxima.
El Gobierno y los jerarcas del estamento militar están en la obligación de ofrecer una explicación clara sobre lo ocurrido, porque en juego están nada menos que la confianza de los ciudadanos hacia sus instituciones y, por extensión, la propia esencia de la democracia, siempre tan frágil y tan amenazada en la historia de nuestro país.
¿Quién ordenó las escuchas ilegales?, ¿quiénes intervinieron en ellas?, ¿se han utilizado conversaciones interceptadas como arma política para torpedear el proceso de paz?, ¿cuáles son esas supuestas fuerzas oscuras de las que habla el presidente? Los interrogantes se agolpan, y, por el bien del país, deben tener la debida respuesta. Lo ocurrido constituye un golpe intolerable al Estado de derecho.
