Un gran alboroto nacional hay alrededor de la iniciativa que hace tránsito en el Congreso que admite en Colombia la existencia del ‘conflicto armado’, con lo cual el gobierno del presidente Santos pretende delimitar quiénes serán los beneficiarios de la llamada Ley de Víctimas.
Como gallo de pelea, el expresidente Uribe le ha clavado sus espuelas a este concepto, desterrado del discurso oficial durante ocho años con base en el argumento de que en nuestro país no había ‘conflicto armado’ sino unas facciones terroristas, y este fue uno de los ejes clave de la política de Seguridad Democrática.
Al asumirse que este conflicto existe, Uribe cree que por esa vía el país terminará otorgándole el estado de beligerancia a las Farc. Pero mucha gente tiene la sensación de que la negación tajante del conflicto armado es una especie de solipsismo del expresidente, consistente en aferrarse a algo que está en su mente y no en la realidad colombiana, que muestra que este ‘conflicto armado’ ha estado presente a lo largo de varias décadas de nuestra historia. Existe, aunque lo queramos negar.
Ahora, la admisión de este conflicto, como lo han dicho diversos analistas, no conduce forzosamente a una legitimación de las Farc y el ELN, organizaciones armadas al margen de la ley que se desacreditaron desde hace rato en medio de sus acciones criminales contra la sociedad y el Estado, y a las cuales solo les queda el camino de abandonar la lucha armada y aceptar la Constitución y las leyes de nuestro sistema democrático.
Es notorio que la visión de Uribe va en contravía de lo que han expresado la Cruz Roja Internacional, los especialistas en Derecho Internacional Humanitario, los defensores de derechos humanos y los mismos manuales de las Fuerzas Militares, que reconocen la existencia del ‘conflicto armado’, al cual Uribe prefirió cambiarle de nombre denominándole ‘amenaza terrorista’.
Para tranquilizar a Uribe, que no ha cesado en su accionar crítico al actual gobierno en los temas que no han sido de su agrado, el presidente Santos ha dicho que de ninguna manera se trata de darle un reconocimiento especial a los grupos armados terroristas.
Romaric Ferraro, del Comité Internacional de la Cruz Roja, en declaraciones a la BBC Mundo, desde Bogotá, expresó que el “hecho que haya un conflicto armado provoca la aplicación de una normativa específica, que es el Derecho Internacional Humanitario, que sirve para proteger a las víctimas y para regular los medios y métodos de combate”.
En medio del calentamiento del tema, y después de que los partidos de la Unidad Nacional y la cúpula de las Fuerzas Militares adhirieran al presidente Santos en torno al reconocimiento del ‘conflicto armado’, ayer cruzaron espadas en La W Radio los expresidentes Samper y Uribe. Y un punto central de este encendido aunque civilizado debate radial, excelentemente conducido por Julio Sánchez Cristo y su equipo, aludió a la definición de lo que se entiende por terrorismo.
Samper dijo que para él, terrorista es “el que comete actos como los ‘falsos positivos”, en referencia a la postura de Uribe en el sentido de que las víctimas de agentes del Estado, como soldados o policías, sean excluidas de esa caracterización, y puntualizó que “terrorista no es necesariamente el que está contra el gobierno”.
“Llegó la hora de las víctimas”, dijo Samper, mientras Uribe expresó que su gobierno “le dio poder a las víctimas; introdujimos la reparación administrativa”. Para Samper lo que hay en esta discusión acerca de la existencia del conflicto armado son “dos concepciones sobre el manejo del orden público en Colombia”, en tanto que Uribe indicó que este reconocimiento constituye un “peligro político”.
Samper también le reclamó a Uribe que durante sus dos cuatrienios se negara a hacer uso del Derecho Internacional Humanitario. “El presidente López Michelsen se murió esperando el intercambio humanitario”, dijo Samper. Y Uribe se defendió diciendo que el problema con las Farc y el ELN es que “estos grupos no cumplen el Derecho Internacional Humanitario”.
Antes de que concluya el mes de mayo, el proyecto de Ley de Víctimas debería cumplir su trámite parlamentario. Hoy jueves deben seguir dándole los últimos toques a la ponencia de esta nueva norma en el Senado. Y todo parece indicar que no prosperará la exigencia del expresidente Uribe de que la definición de ‘conflicto armado’ sea retirada del texto del proyecto de ley, lo cual constituye sin duda una garantía de curso para un proyecto no solo oportuno sino necesario.
