Uno de los temas insoslayables de Colombia, desde hace años, es la paz, porque en más de seis décadas el conflicto armado interno ha sido el pan de cada día de los colombianos con todas las secuelas de este conflicto: las visibles, expresadas en los miles de muertos y heridos que ha dejado la confrontación, y las invisibles, manifestadas en los diversos traumas psíquicos causados a todas las víctimas.
Coincide el momento de reflexión propio de Semana Santa con el anuncio, divulgado ayer, de que el presidente Juan Manuel Santos y el jefe negociador del Gobierno Humberto de la Calle, acordaron una gira por doce ciudades para ilustrar sobre los desarrollos de las negociaciones en La Habana.
Buen anuncio, pues si bien el país ha admitido la conveniencia de manejar con cautela los diálogos, al tiempo hay una demanda nacional de mayor información, en la que ha venido haciendo particular énfasis la oposición uribista. Aún no se conoce el calendario de esa gira, pero se estima que podría ser al concluir el nuevo ciclo de negociaciones sobre drogas ilícitas que se reinicia el 24 de abril y concluye el 5 de mayo.
Conviene que el Gobierno dé este paso de rendición de cuentas en relación con el acuerdo que negocia con las Farc. Sería un ejercicio idóneo para despejar los nubarrones de incertidumbre que hay en Colombia en relación con las reales intenciones de esta guerrilla. Desde luego, la información que fluya debe ser clara y confiable y no ser maquillada solo para favorecer los propósitos reeleccionistas del presidente de la República.
El Gobierno debe también empezar a precisar qué va a pasar con el ELN, que no solo ha estado al margen de la La Habana, sino que ahora, en un tono que no envía señales de sensatez, expresa, a través de su máximo líder, que Santos no quiere la paz. Se calcula que este grupo armado ilegal cuenta con 1.500 efectivos, muchos de los cuales, según ha reconocido el jefe insurgente, son jóvenes de 16 años, cuyo reclutamiento justifican con el argumento de que en sus filas la mayoría de edad es a los 16.
Si el Gobierno y las Farc lograran un acuerdo este año, disminuirán los estímulos para que el ELN siguiera en guerra; pero, de todos modos, el Ejecutivo tendrá que decirle al país qué se propone hacer con esta guerrilla.
Uno de los puntos más importantes que debería esclarecerse en estas audiencias anunciadas por el Gobierno, es el muy controvertido sobre si la paz será sinónimo de impunidad. En esta presunción opositora se ha concentrado la mayor objeción a los diálogos. El país tiene que tener muy nítido hasta dónde van a llegar en materia de concesiones a las Farc. Este es un tema que no puede dejarse al arbitrio de las especulaciones, pues en medio de la disputa electoral ha emergido un fantasma: que el país pueda quedar, mediante vías formalmente democráticas, en manos de lo que ha sido llamado el castro-chavismo.
El Gobierno hace bien en buscar la paz, pero tiene también la obligación de informar acerca de a qué precio vamos a lograrla. Tal transparencia es indispensable, pues aseguraría la confianza nacional que hoy dista mucho de ser unánime.
