Los caudales del río Magdalena van en aumento por el crudo invierno en el interior del país y, según los pronósticos del Ideam, las lluvias irán hasta junio. Los efectos sobre casas, carreteras y unidades productivas están siendo devastadores. Y las pérdidas contabilizadas en vidas humanas son dolorosas.

El país parece a merced de un turbión bíblico. Y el Estado ahí: impotente. El presidente Santos dice que las montañas se están derritiendo. Suena apocalíptico, pero es real. Absolutamente real. 

El Río, pues, se nos vino encima otra vez y con niveles superiores, que obligan a la Gobernación del Atlántico a acelerar sus esfuerzos de mitigación. El gobernador Eduardo Verano, consciente de la gravedad de la situación, ha dicho que las obras en desarrollo deben frenar la turbulencia indómita de las aguas del Magdalena. Ha anunciado que se están incrementando las alturas de los muros y que se avanza en reforzar la estructura que cerró el boquete y en el carreteable paralelo que servirá también de muro de contención.

Pero es indispensable que haya una permanente vigilancia de las obras por lo que sucedió hace días con las filtraciones en el terraplén paralelo al boquete. La celeridad en los avances de estas obras no pueden excluir los controles de calidad y la supervisión estricta de los trabajos. Es la mejor manera de apaciguar las sospechas y protestas de los pobladores del sur del Departamento que viven con el ‘credo en la boca’ frente a la posibilidad dramática de nuevas inundaciones, cuando aún no se han repuesto del porrazo de las aguas del Canal del Dique a finales de 2010.

El mes pasado expresamos en estas mismas líneas la preocupación sobre las cifras de damnificados y daños de la ola invernal de 2010 en nuestro Departamento, y sobre la crítica situación en torno a la realidad en que estos viven. Han sufrido grandes pérdidas económicas, sobre todo un gran colapso emocional que desajustó su cotidianidad, y el agua que se les metió no ha sido retirada del todo en la zona inundada.

En medio de este escenario, los lugareños advertían a los ingenieros sobre las continuas filtraciones en el terraplén paralelo que se construye, sin que les prestaran atención, tal como sucedió en noviembre del año pasado cuando algunos líderes pedían a la Oficina de Atención y Desastres de la Gobernación que les pusieran oídos a sus advertencias. Días después, al abrirse el boquete, llegó la desolación que aún perdura. Meses después, y mientras los funcionarios y contratistas se hacían los sordos, ocurrió lo que los habitantes tanto vaticinaban: se abrió una fisura en el mencionado terraplén paralelo al boquete cerrado en el Canal del Dique, e hizo que varios metros de tierra cercana a este se derrumbaran, permitiendo la entrada de miles de litros de agua a la zona.

Por eso fueron entendibles los dos bloqueos en la carretera oriental protagonizados desde el día de la filtración por los pobladores de Santa Lucía y Campo de la Cruz. Ante estos hechos, el Gobernador del Atlántico y el representante de uno de los contratistas han afirmado que no existe riesgo de una nueva inundación de estos municipios, y que las obras van bien. Confiemos en que así sea. Porque, insistimos, la situación es realmente delicada. Muchos damnificados están viviendo a la intemperie y en condiciones indignas, mientras que el Ideam continúa con la alerta naranja en la mayor parte del territorio atlanticense desde hace cinco meses.

Llama la atención también que la tan anunciada modificación del Plan de Desarrollo Departamental, con el fin de redirigir la mayor cantidad de recursos posibles para la solución de la problemática invernal, no ha sido presentada todavía a la Asamblea Departamental para su aprobación, a pesar de haber sido planteada a principios de marzo, y los recursos del Gobierno central no han fluido con la velocidad deseada por la tramitología típica del Estado; en la agilización de las gestiones, la Gobernación tiene que ser más efectiva. La gente afectada presiona con razón por la parsimonia gubernamental.

El país está pagando por la inmensa depredación a los recursos naturales, y en esto el Estado tiene una cuota altísima. Por eso la reiteración de que en el Atlántico se redoblen esfuerzos. Tiene que ser una preocupación central de las autoridades departamentales y nacionales que el sur del Departamento no vuelva a inundarse. Hay que evitar que esto vuelva a ocurrir. Esto permitiría, aunque el invierno sea muy fuerte, disminuir los efectos de la tragedia del año pasado y acompañar a las comunidades afectadas en la recuperación gradual de sus bienes materiales, en la reorganización de sus vidas y en el restablecimiento de su tranquilidad y confianza. No se puede bajar la guardia en ningún momento.