El presidente Santos anunció que revivirá la Comisión Nacional de Paz, creada mediante la Ley 434 de febrero de 1998 como órgano asesor y consultivo del Gobierno Nacional, con participación de la sociedad civil. Su justificación es que el proceso de paz en La Habana ha madurado lo suficiente para dar ese paso.
Su misión –dice la ley que creó dicha Comisión– será propender por el logro y mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente.
De la Comisión, que lidera el presidente de la República, forman parte algunos ministros, representantes de la Iglesia, del Congreso, de los gobernadores, de los órganos de control, de las regiones, de los grupos involucrados como víctimas, de los exmilitares y expolicías y de las universidades, entre otros.
Además, la ley autoriza que podrán participar los actores armados irregulares, siempre y cuando hayan manifestado su voluntad expresa de participar en un proceso de paz. Es el caso de las Farc, por cuanto existiendo un conflicto interno, así oficialmente declarado, están en un proceso de paz con una agenda en negociación.
Santos encargó al exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, uno de sus cuadros de campaña reeleccionista, para que dinamice la reconstitución de la Comisión poniendo en juego sus habilidades de negociador. Entre las previsiones de la ley está la creación de órganos similares territoriales con los mismos objetivos, pero sobre esto no hay nada nuevo todavía.
Es un paso adelante. El secretismo de las negociaciones en La Habana, con una agenda que se acordó sin consultas al país y, además, francamente polarizado en torno al tema, hacía necesaria una apertura gradual para oxigenar el proceso con las Farc y, eventualmente, con el ELN.
La ley fue expedida cuando culminaba el período del presidente Ernesto Samper, después del histórico Mandato Ciudadano, cuando diez millones de colombianos declararon en octubre de 1997 su voluntad por la paz y en momentos en que existía un clamor nacional por un acuerdo con las guerrillas que facilitó la elección del expresidente Andrés Pastrana.
En el mandato de este fue la última convocatoria de la Comisión y luego la política de paz se orientó hacia decisiones del Gobierno o del Congreso, con exclusión de la sociedad civil.
La primera reacción de las Farc es de apoyo al anuncio del presidente, mientras que la opinión ha recibido con discreción y hasta desdén la noticia. Tal vez porque lo que están esperando los colombianos son acciones concretas de paz y avances efectivos en los acuerdos. No tanta retórica.
Pero, sin duda, la Comisión puede contribuir a generar un mejor ambiente al proceso actual de negociación y en la preparación del posconflicto, que es donde estarán los mayores desafíos para los colombianos, como lo demuestra la experiencia de otros países y la nuestra. Esto es lo que justifica el esfuerzo integrador de la sociedad en su conjunto. Es lo que le da sentido a la resurrección de la Comisión Nacional de Paz.
