En medio de un gran despliegue informativo, los negociadores de paz anunciaron en La Habana el acuerdo entre el Gobierno y las Farc en torno al que se presentaba como el punto más espinoso de las conversaciones: el reconocimiento de las víctimas y las penas que se impondrán a los actores del conflicto.
El texto de acuerdo, de 63 páginas, seguramente ocupará a los analistas en los próximos días. Pero hay algunos aspectos que merecen destacarse en una primera lectura.
Uno de ellos es que hay muchos puntos importantes que no se concretan, sino que se supeditan a posteriores desarrollos normativos. Por ejemplo, qué tipos de delitos podrán acogerse al indulto o amnistía contemplados. O cómo se establecerá la graduación de penas –de dos a cinco años, y de cinco a ocho, según la gravedad de los casos– aplicables a quienes reconozcan los delitos cometidos y garanticen la reparación de sus víctimas.
Tampoco se especifica en qué condiciones se cumplirán las sanciones restrictivas o privativas de libertad. En este punto no se menciona de modo concluyente la palabra cárcel, lo que sugiere que la reclusión pueda ser también en centros especiales que se creen en el marco del proceso o, incluso, en las casas de los condenados.
Uno de los temas candentes es el referente a los delitos “conexos” a la rebelión que serían amnistiables. El texto menciona varios ejemplos, pero, curiosamente, no cita el más polémico de todos: el narcotráfico. ¿Qué significa esto?, ¿que se excluye el tráfico de drogas o que, simplemente, se ha omitido para no alterar a los detractores del acuerdo? De mismo modo, el documento no precisa el procedimiento para elegir a los magistrados que integrarán los distintos tribunales que intervendrán en la denominada Jurisdicción Especial de Paz.
El acuerdo es sumamente benévolo con las Farc. En especial con los dirigentes acusados, e incluso condenados, por delitos de lesa humanidad, que pagarán (en el peor de los casos para ellos) ocho años de privación de la libertad. Es lo que Santos ha llamado en varias ocasiones los “sapos” que hay que tragar. Pero también es cierto que se beneficiarán los militares y policías implicados en crímenes. De ahí la frase del presidente: “No más guerrilleros libres y militares presos”.
Según Santos, el acuerdo no iguala a los agentes del Estado con la guerrilla; pero, más allá de ciertos formalismos procedimentales, el hecho es que unos y otros aparecen incluidos en un mismo documento, cuyo espíritu es cerrar un capítulo sangriento en la historia de Colombia.
Mucho daño han hecho las Farc al país, y por ello es comprensible el rechazo que el acuerdo pueda suscitar en un amplio sector de la población. Del esfuerzo pedagógico del Gobierno, y muy en particular del presidente Santos, dependerá en gran medida que la sociedad logre digerir el ‘sapo’.
