Los retos de la Ley Anticontrabando
La ley sancionada por el presidente Santos el pasado lunes abre las puertas para la legalidad en un sector del país que siempre ha estado empañado por la huella de la informalidad.
De acuerdo con la Policía Fiscal y Aduanera, el comercio ilegal en Colombia asciende a más de 10 billones de pesos anualmente: cerca del 2% del PIB. Los sectores de textiles, calzado y alimentos son los principales afectados por este fenómeno.
El contrabando, junto con el narcotráfico, según la Dian, son las dos actividades ilícitas con mayores repercusiones negativas en todos los aspectos del país. Ambas actividades se alimentan mutuamente, porque en gran medida las ganancias derivadas de la ilegalidad pasan a los grupos armados o delincuenciales.
Adicionalmente, el comercio ilícito crea una situación de competencia desleal, que desincentiva la inversión extranjera, por la falta de garantías y de seguridad jurídica para la realización de actividades empresariales en un marco de legalidad.
Mientras que en el sector público disminuyen los recursos que se reciben por aranceles, así como por recaudo de impuesto al consumo sobre productos como cigarrillos y licores, que son cerca del 57% de los ingresos tributarios de los departamentos.
Con el propósito de atacar esta situación, el pasado lunes, el presidente Juan Manuel Santos radicó la Ley Anticontrabando. Si bien esta abre las puertas a la legalidad en el país, generó debate por las implicaciones que tendría en los comerciantes minoristas.
¿Qué pasa con el comercio?. Según Silvana Insignares, directora del Observatorio de Comercio Internacional de Uninorte, esta clase de leyes suele generar dos tipos de reacciones: una internacional, donde es aclamado positivamente que el estado controle y estimule la competencia; y una nacional, que viene acompañada con sentimientos contradictorios.
Internamente, esta es una de las primeras medidas que deben tomar los países para incentivar la inversión extranjera directa y el comercio internacional. Un bien que ingresa al país sin pagar aranceles, es un bien que no paga impuestos, lo cual repercute en la inversión y gasto público del estado. Además, no genera competencia.
La nueva ley fue diseñada como un instrumento para preservar el empleo formal y perseguir el lavado de activos. Los gremios empresariales en el país esperan hacerse más atractivos para el consumidor final, dado que acabaría con la diferencia del precio final al que pueden ofrecer sus productos frente a los importadores y comerciantes no formales.
Por ejemplo, la industria de aceites comestibles, que se ha visto duramente golpeada durante los últimos años por el contrabando de aceite proveniente de Ecuador y Venezuela, y había disminuido su participación en el mercado (pasó de un 80% a un 50%), podría contar con las garantías para retornar a sus actividades. Las industrias textil y de calzado esperan, por su parte, potencializar cerca de 215 mil empleos para el sector, que estaban ahogados por el contrabando, según cifras del proyecto de ley.
La otra cara de la moneda la representa el sector comercializador de las mercancías ilícitas. Aun cuando la ley ataca a los grandes contrabandistas, la distribución la hacen pequeños microempresarios, que viven netamente del comercio de estas mercancías. Según estimaciones del Gobierno, representan más de 350 mil empleos que están bajo la informalidad, y que a partir de la promulgación de la ley podrían acabarse.
“No es un secreto que muchos de los comerciantes son informales y la fuerte posición legal ejerce mayor presión sobre sus actividades diarias. Como en el caso de las fronteras, las soluciones deberían ser integrales, no solo con la formalización de establecimientos, sino con alternativas legales de desarrollo económico”, señaló Jahir Lombana, profesor de la Escuela de Negocios de Uninorte.
“No es solamente ejercer una actividad económica y registrarse, sino que dicha actividad sea sostenible en el tiempo”, agregó Lombana.
¿Funcionará la medida?. De acuerdo con experiencias previas a nivel internacional, su eficacia muchas veces termina dependiendo de procesos externos: como otorgación de licencias, medidas de seguimiento y rastreo, mantenimiento de registros y control, y las campañas de sensibilización pública.
“Las condiciones externas actuales por el dólar caro y control de actores ilegales en zonas de frontera, siguen motivando a los contrabandistas a evadir los controles aduaneros. La apuesta es que los ingresos por las importaciones legales y el desarrollo de la producción nacional se orienten hacia una balanza comercial positiva. Eso dependerá, más que de las leyes, del control ante el contrabando”, comentó Lombana.
¿Dónde hay mayor contrabando?
La Guajira y el Cesar son de los departamentos colombianos donde más preocupación ha generado la reciente Ley Anticontrabando, especialmente entre el numeroso gremio de comerciantes que están en la ilegalidad. Se estima que cerca del 40% del comercio transfronterizo colombo-venezolano termina en estas regiones por contrabando. Culturalmente, esta actividad ha estado presente en la historia de esta parte de la región, la que sobrevive a pesar de las estrategias del Gobierno Nacional para combatirla.
