En un esfuerzo por contener los robos masivos de celulares, que hasta asesinatos dejan en el país, el Gobierno Nacional puso en marcha una nueva normatividad —Decreto 1630 del 19 de mayo de 2011— para la venta de estos aparatos, la cual dividió a la opinión pública entre optimistas y escépticos sobre la efectividad de las medidas.
Además de los 490 muertos en todo el país por el hurto de móviles de comunicaciones, la última víctima se registró el pasado 12 de mayo, a eso de las 6:30 p.m., en Bogotá: al sacerdote y capellán de la Universidad Minuto de Dios, Gustavo García, 34 años, un ladrón le propinó cinco puñaladas.
Mientras unos aplauden y consideran necesaria la intervención de este mercado, que tiene 44,7 millones de usuarios a nivel nacional, otros creen que luego de los primeros meses de control y aplicación de lo normado por el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, todo volverá a lo mismo. Es decir, regresará la informalidad y se venderán celulares robados en los mismos sitios de siempre.
Confiado en la efectividad del 1630, Molano aseguró ayer que 'estos nuevos mecanismos permitirán que las mafias que roban celulares sean atacadas y controladas'.
De acuerdo con cifras oficiales, en 2010 en Colombia hurtaron 3 millones de estos aparatos. En 2009 ese total sumó 2 millones 100 mil móviles.
LAS MEDIDAS. El marco reglamentario para restringir la utilización de celulares robados y/o extraviados establece obligaciones para los operadores —Comcel, Tigo y Movistar— y los usuarios, información que podrá ser utilizada por las compañías y las autoridades competentes a fin de alcanzar los objetivos trazados.
En adelante, el control de la comercialización se basará en el Identificador Internacional del Equipo Móvil o Imei, de 15 dígitos pregrabados, que tiene cada aparato.
Los operadores deberán poner a funcionar, de manera interconectada y a través de un rápido y seguro sistema de consulta, una base de datos positiva y otra negativa.
En la primera deben registrar los Imei de todos los móviles que ingresen legalmente al país, o que sean fabricados o ensamblados aquí. También deben consignar la identificación del propietario una vez el equipo sea activado.
Y en la segunda base registrarán los Imei de los reportados como hurtados o extraviados. Las compañías serán responsables de actualizar esta información y de garantizar la consulta en línea o los registros que tengan que hacer las autoridades administrativas, policivas o judiciales.
Las dos bases de datos deberán compartirse con las filiales que los operadores tengan en el exterior. El objetivo es que de países como Venezuela, Ecuador y Perú no traigan equipos robados, y los de Colombia no se los lleven a venderlos allá.
La comercialización solo la harán los operadores autorizados y los distribuidores que estos designen, quienes deberán exhibir en un lugar visible la aprobación que les otorguen.
Al momento de la venta deben entregarle al comprador un certificado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), la factura con el Imei y el certificado de garantía del equipo.
TENGA EN CUENTA
- Si un teléfono robado o extraviado es recuperado por su dueño, este podrá activarlo y lo incluirán en la base positiva.
- Para activar móviles comprados en el exterior deberán mostrar la factura y otros documentos sobre su legalidad.
- Si el celular del exterior pertenecía a otro dueño, para activarlo el operador exigirá la factura y una carta del anterior propietario solicitando el cambio de titularidad.
Por José Granados Fernández
jose.granados@elheraldo.com.co
