En lo que va corrido de este mes La Guajira ha recibido dos noticias que la trascienden, una buena y otra mala, muy mala. La primera de ellas, la declaratoria por parte de la Unesco del Vallenato, que es su música vernácula, como Patrimonio inmaterial de la humanidad, como una “acción para preservarlo para siempre” y la otra, infausta, el pronunciamiento de la Corte CIDH decretando unas medidas cautelares, mediante Resolución 60 del 11 de los corrientes mes y año, tendientes a “preservar la vida y la integridad” de niños y adolescentes en los municipios de Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, amenazados por el flagelo del hambre y la desnutrición. Se entiende su decisión, en la medida que la CIDH tiene por finalidad salvaguardar los derechos esenciales de la persona humana y en la medida que Colombia es signataria de la Convención Americana de Derechos Humanos, la misma tiene carácter vinculante y por ello mismo de obligatorio cumplimiento.

En efecto, en respuesta a la demanda interpuesta ante la CIDH por parte de Javier Rojas, representante de la Asociación de autoridades indígenas wayuu y la abogada Carolina Sáchica, la misma aduce como sustentación de dichas medidas que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que los miembros de estas comunidades se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus vidas e integridad personal se encontrarían amenazadas” y pone en “riesgo de salud por desnutrición y por la falta de agua” a la población infantil en la región.

En un estudio realizado por Karina Acosta Ordóñez para el Banco de la República se pudo establecer que La guajira en la región Caribe y el Vaupés tienen alrededor de una tercera parte de niños en edad escolar que sufren de desnutrición. Pero, además, se pudo verificar que cuando se excluye a la población indígena “los niveles de desnutrición se reducen en algo más del 50%”, lo cual pone de manifiesto que es este el segmento poblacional más afectado por esta lacra social. 

Valga decir que son múltiples las circunstancias que han llevado a tan lamentable situación, destacándose entre ellas el abandono secular por parte del Estado, que sólo recientemente, sobre todo  durante la administración Santos, se ha apercibido de ella y ha venido tomando medidas que, aunque bien intencionadas, resultan insuficientes para encarar esta tragedia humanitaria dada su magnitud. Se requiere, para dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la CIDH, que el Gobierno tome medidas de mayor contundencia, redoble los esfuerzos y, sobre todo, que sean sostenibles en el tiempo. Es bien sabido que son muchas las entidades y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como agencias de cooperación, tanto nacional como extranjeras, que han acudido en su ayuda ante el llamado clamoroso de la comunidad wayuu, pero las mismas actúan sin orden ni concierto, cada quien por su lado.

Creo que ha llegado la hora de acometer una estrategia envolvente, integradora de esfuerzos, incluyente de las comunidades y de focalización de la intervención por parte del Estado en sus distintos niveles a través de un Plan de choque, que bien lo puede delinear e instrumentar el Gobierno Nacional a través de una Directiva presidencial que expida el presidente Santos. Además, se debe implementar en los municipios aludidos el nuevo Modelo de atención en salud establecido por el Gobierno Nacional aplicable a zonas aisladas y dispersas, como estos y dar curso al Documento CONPES para la erradicación de la pobreza en La Guajira, el cual después de haber sido concertado se quedó en el borrador y hoy más que nunca resulta pertinente.