¡Esto se ha salido de control! 36 municipios del país sujetos al terror y al control del Clan Úsuga, del típico amedrentamiento de la población civil para el control territorial, y de la inoperancia de las instituciones estatales para garantizar la prevalencia del Estado de Derecho. El poder militar y territorial, que actualmente es ejercido de manera violenta sobre los civiles como principales víctimas, obedece a un cáncer que nunca fue curado en debida forma, y ahora invade a Colombia: el paramilitarismo. Las advertencias que evidencian cómo el Clan Úsuga y otras organizaciones semejantes heredaron las mismas estructuras del paramilitarismo han sido reiterativas y al parecer ignoradas por un gobierno que le da la espalda a la extorsión, al narcotráfico, al asesinato de líderes locales y defensores de derechos humanos, así como a la corrupción institucional en los niveles locales.
¿Qué esperanza en la paz puede tener un comerciante que es extorsionado y amenazado por las mal llamadas bacrim? ¡Ninguna! Es inaudito que el Gobierno siga dejando de lado y tratando al neoparamilitarismo como un problema menor, cuando sus estructuras, tácticas y estrategias demuestran que el país sigue bajo el manto de la amenaza paramilitar.
Aunque el paramilitarismo ya no tenga, en estricto sentido, silla en el Congreso, sí cuenta con la permisividad de las instituciones a nivel local, habiendo una connivencia entre los miembros de estos grupos y muchas de las instituciones encargadas de mantener el orden público dentro los municipios. El modus operandi, que tiene como target a los líderes sociales y defensores de derechos humanos, hoy se denuncia ante la CIDH, porque el Estado colombiano es incapaz de garantizar un mínimo de justicia para quienes han sido víctimas de esta organización.
El Gobierno quiere mantener en la sociedad la idea de que nuestro único conflicto es con las Farc y con el ELN, olvidando que más allá de la existencia de determinados intereses políticos por parte las tradicionales guerrillas, el conflicto militar tiene diferentes actores, entre estos el paramilitarismo. Juan Manuel Santos tiene que combatir el conflicto desde todos los frentes, no puede esperar a que se firme un acuerdo con las Farc y el ELN para procurar la paz, mientras deja crecer a organizaciones paramilitares que no tienen ningún reparo en asesinar, extorsionar, controlar el comercio y la economía local para ejercer un mayor control sobre las zonas de su interés.
Preocupadísimos porque la seguridad y la severidad de las medidas para mantener el orden público se verían afectadas por las Farc y los procesos de paz, cuando en realidad a lo que se la ha dado la espalda es a la existencia del monstruo del paramilitarismo, que sigue más vivo que nunca.
Una mala noticia: si se logra la entrega de armas por parte de las Farc, habrá quienes no estén de acuerdo con las condiciones. ¿Adivinen quiénes los van a adoptar? Pues nada menos que las bacrim.
@tatidangond
