Los cultivos ilícitos y el tráfico de narcóticos han sido las peores calamidades para Colombia. Coca, amapola y marihuana son el combustible de la pobreza y la cultura de violencia, codicia y corrupción. Sus dineros alimentaron las estructuras criminales farianas y su hermandad con elenos, paramilitares y bacrim, para controlar un negocio de US$20 billones anuales.
Sus ‘tranquilandias’ –legado de Escobar para financiar masacres y bombazos– se levantaron sobre el desmote de la selva, el desplazamiento, la esclavitud de los ‘raspachines’ y una aberrante contrarreforma agraria. Que las Farc nieguen esa realidad, no la hace menos cierta. Como tampoco su interés en despenalizar este crimen y subsanar las divisiones entre sus bloques que se resisten a abandonar el narcotráfico.
Pero claro, resulta infantil creer que por disposición de las Farc, el gobierno americano vaya a flexibilizar su política antidrogas. Los elogios al proceso de paz, retórica del lenguaje diplomático, no pueden confundirse con su postura inalterable desde el ataque a las Torres Gemelas. Poco les interesa que en materia de paz en una nación como la nuestra, se haga una reforma agraria expropiatoria o se indulten criminales de guerra, siempre que el asunto de los narcóticos permanezca a raya. Es la verdad frente a los americanos.
La de las Farc, es la de la hipocresía. Sólo tenían que justificar sus propuestas, pues es bien conocida la criminalización de sus frentes y su resistencia a renunciar a un negocio que manejan al dedillo en las Zonas de Reserva Campesina. De ahí su indignante pretensión de resolver el narcotráfico con una reforma agraria. A menos claro, que esta se aplique sobre las tierras usurpadas por las Farc, para retornar los derechos a sus auténticos dueños. Pero, no es lo que se está acordando. Al decir del Alto Comisionado, Sergio Jaramillo, más parece confirmarse una reforma confiscatoria sobre patrimonios legalmente adquiridos y trato de delincuentes a propietarios honestos, con figuras como la extinción de dominio. Una herramienta consagrada para castigar bienes adquiridos ilícitamente, con dineros del narcotráfico.
Así, mientras las Farc planean cómo diseminar el modelo de sus ‘tranquilandias’, sobre las propiedades que se extingan a ciudadanos probos y consolidar las que sembraron en Zonas de Reservas Campesinas, el campo irá a pique.
Como si no fuera suficiente con el desaliento actual, ahora los productores honestos debemos cargar con nuevos desestímulos a la producción y las inversiones lícitas. Ese es el presente y futuro que está diseñando este Gobierno con sus nuevos mejores amigos en La Habana, a espaldas de los verdaderos campesinos y los legítimos representantes del sector agropecuario.
@jflafaurie
