Tres horas de tensión en Barú por desalojo en Playa Blanca

Un fallo de tutela relámpago de un juzgado penal de Cartagena dejó a salvo para los nativos de la isla de Barú, por lo menos por unos diez días, los tres kilómetros lineales de Playa Blanca, de donde, dicen, unas tres mil personas obtienen su sustento diario.

Los líderes de los isleños, avisados de la diligencia de restitución, en la tarde del lunes corrieron a los juzgados a interponer tutelas reclamando varios derechos, entre ellos los del trabajo y la libre movilización. El fallo se dio en menos de 24 horas y ordenó una suspensión temporal del procedimiento. (Lea Restituirán hoy playa ocupada en la isla de Barú).

El caso es que desde las 8 de la mañana comenzaron las refriegas entre los afrodescendientes de la isla y las autoridades civiles y de policía, por el desalojo.

Ciento cincuenta agentes, entre ellos los antimotines, desembarcaron con el personal de la Administración para proceder a la diligencia de recuperación de la playa, anunciada desde el pasado lunes.

Entre cien y ciento veinte negocios artesanales, entre ellos restaurantes de venta de pescado; y hospedaje de madera, desplegados a lo largo de la playa, serían removidos de esta área.

Dieciséis minutos antes de conocerse la determinación del juzgado penal de suspender la restitución, el ambiente estaba caldeado. Se temía lo peor a la hora de la desocupación.

Un grupo de isleños estuvo a punto de irse a los golpes con policías que formaban una línea protectora del sitio donde los abogados de la Alcaldía desarrollaban los pasos legales del procedimiento.

“De aquí no nos sacan sino muertos”, gritaban mujeres y hombres, enfurecidos. Una recomendación de un agente de la Policía a sus compañeros de no dejarse provocar hizo que el episodio no pasara a mayores.

La lucha de los isleños por lo que consideran su propiedad ancestral data de un década. La líder afro Gisella Beltrán asegura que los intereses de dos poderosos grupos económicos de levantar emporios turísticos en Playa Blanca es la razón por la que los quieren desalojar.

“Pretenden construir complejos hoteleros y quedarse con las playas a las que vendrán solo gente poderosa y adinerada. La Alcaldía de Cartagena no quiere reconocernos el derecho autónomo que tenemos para desarrollar nuestras vidas en estos que son nuestros territorios y de los que hemos vivido por años”, dijo Beltrán.

Aseguró que, a través de una corporación, familias poderosas del país pretenden la concesión de los tres mil kilómetros lineales de playas.

“Aquí no ha habido consulta previa y nos están sometiendo a amenazas. Yo tuve que irme por unas semanas porque una empresa de vigilancia nos amenazó con dispararnos, no nos dejan caminar por los caminos ancestrales”, agregó.

Admitió que los negocios de los nativos ocupan gran parte de la playa. Según su teoría, es la erosión la que ha provocado que el mar se meta y reste zona para bañistas. Pero advirtió que la erosión que es por causa de la construcción de un muelle particular en Punta Iguana.

Los primeros roces. Cuando la diligencia apenas estaba en sus inicios, Gladis Henao, una turista caleña que pasaba por el sitio se salió de sus casillas para increpar al alcalde de la localidad, Mauricio Betancourt, y defender la causa de los isleños. La Policía y una hermana de la mujer la tuvieron que controlar.

Un nativo describió lo que estaba en juego en Playa Blanca: “Es que esto es ‘petróleo azul’, mi vale. Este mar celeste lo quieren todos. Por eso buscan sacarnos de aquí esos señores de corbata”.

La española María del Carmen García llegó hace 35 años a Barú. Se enamoró del paisaje, de la luz y del mar de la isla y después de un nativo. Se casó con este y desde entonces vive en Barú, donde nacieron sus dos hijos y tres nietos. Ella y su esposo tienen un restaurante y un hospedaje en Playa Blanca.

“Sabemos que en este momento hay un desorden en la playa por tantos negocios, pero tenemos un proyecto de ordenamiento y la Alcaldía ni ninguna autoridad nos los quiere aceptar. El gobierno no nos ayuda a regularnos, sabemos que las playas son un bien común y que es ilegal lo que unos cuantos quieran apropiarse de ellas”, dijo.

A las 9:58 de la mañana, se conoció, por vía telefónica, el fallo en favor de la suspensión de la diligencia. Y fue una noticia providencial porque provocó un júbilo intempestivo entre los nativos y bajó la marea de los ánimos encrespados.

La alegría por la decisión judicial regresó a muchas mujeres a sus cocinas, a preparar pescados y mariscos para los turistas; y varios nativos se sintieron ganadores de esta lucha cargada de tensión que no alcanzó a tener un desenlace del que se tenían malos presagios.

El alcalde local Betancourt se fue con sus abogados y solo quedó un helicóptero de la Policía revoloteando por el cielo limpio de Barú. A las 11 de la mañana, sin funcionarios, ni agentes, la tranquilidad reinaba en Playa Blanca, aparentemente.