Armadores de Colombia urgen crear agencia nacional marítima

La falta de una agencia nacional marítima o una dirección con enfoque comercial es quizás uno de los factores que ha generado la difícil situación que atraviesan los armadores y propietarios de naves y embarcaciones del país.

Así lo advirtió Francisco Javier Hoyos, director ejecutivo de Armcol, Asociación de Armadores de Colombia, durante las charlas EL HERALDO para analizar la problemática del sector marítimo en territorio colombiano.

Este conversatorio, que fue moderado por el director de Armcol, contó con la presencia del presidente de esta casa editorial, Ramiro Avendaño; María de los Ángeles Martínez, gerente de Serviport S.A.; Arturo Cabrera, gerente de Mapesa; Gilma Sánchez Rodríguez, subgerente de operaciones de Coremar-Coltugs; Narzly Camargo, asesora jurídica de Armcol; Judex Abraham, asesor jurídico de C.I. International; John Porto, gerente de proyectos de Buzca S.A.; Rafael Gil, gerente de Dragados Hidráulicos, y Jaime Alberto Ochoa, gerente de C.I. International. 

Francisco Javier Hoyos expone que en el país ha sido notoria la decadencia de la bandera nacional y el pabellón está desapareciendo a nivel internacional, porque Colombia, principalmente, cuenta con una flota de naves y embarcaciones de cabotaje o tráfico nacional que con bastante dificultad lucha por no desaparecer.

Falta de incentivos

Esta problemática, según advierte, se ha desencadenado por la protección negativa y falta de incentivos a los armadores nacionales que los pone en desventaja con los extranjeros, quienes se ven beneficiados con el no pago de tributos como el Impuesto al Valor Agregado, IVA, para realizar mantenimientos y reparaciones a sus embarcaciones en el país, siendo su estructura de costos más baja, lo que le permite ofrecer mejores tarifas creando una competencia desleal que les genera mayores beneficios económicos.

Ante esto, señalan que el Gobierno Nacional debe fomentar el desarrollo de la marina mercante colombiana con incentivos para la construcción, reparación y mantenimiento de naves y embarcaciones de bandera colombiana.

Pero adicional a ello, los armadores manifiestan su preocupación ante el hecho de que el Gobierno le haya dado cabida a dragas y embarcaciones de bandera extranjera para realizar dragados en el país, lo que ha perjudicado notoriamente el sector, conforme al Decreto 3222 de 2011 que levantó la reserva de bandera para el dragado y permitió que el servicio y/o actividad en Colombia pueda desarrollarse por naves de cualquier bandera, lo que consideran que es una alerta en el papel que jugarán al momento de desarrollarse el sector ‘offshore’ en todo lo que tiene que ver con el soporte y asistencia a esta actividad, al no existir un marco regulatorio apropiado y de acuerdo a nuestras realidades.

María de los Ángeles Martínez, presidenta de la Junta Directiva de Armcol y gerente de Serviport S.A., señala que es un orgullo y ventaja competitiva que el país esté bañado por dos océanos, sin embargo, la política para el desarrollo de operaciones marítimas y la normatividad que rige al sector se ha creado de espaldas al mar.“Nosotros los colombianos estamos en desventaja frente a los extranjeros”, agrega, al tiempo que señala que para alguien que quiere construir o reparar una embarcación le sale más costoso siendo colombiano que si proviene de otro país o navega con bandera matriculada en otras naciones.

Respecto a lo que tiene que ver con la tramitología y el tiempo que tarda el registro de una nave y el permiso de operaciones en el país, puede tomar entre 3 y 4 meses, mientras que a los extranjeros les es otorgado el mismo permiso en pocos días.

Arturo Cabrera, gerente de Mapesa, señala que por esta desigualdad es muy difícil que la bandera nacional compita con la extranjera, lo que requiere de acciones prontas para que haya un equilibrio en el mercado.

Jaime Alberto Ochoa, gerente de C.I. International, manifiesta que de alguna manera, la autoridad marítima está formada para defender al país en su soberanía, y no está direccionada a fomentar la marina mercante, lo que lleva a que nuestro sector se rezague de la competitividad global que este experimenta.

“No es posible que este negocio sea más importante en Bolivia, que no tiene mar, que en un país como Colombia que se encuentra bañado por dos océanos; por otra parte el Gobierno Nacional no le está dando la dimensión a la ayuda que el sector marítimo y fluvial puede representar para el país en la inclusión social posconflicto, la cual podría generar gran cantidad de puestos de trabajo”, señala Ochoa.

Acciones tomadas 

Ante la situación presentada, la Asociación de Armadores de Colombia ha venido emprendiendo una serie de acciones con el fin de ser escuchados por el Gobierno Nacional para que se elimine la protección negativa al sector marítimo y fluvial, y se consigan incentivos que fomenten la Marina Mercante Colombiana.

Se presentó la problemática del sector ante la autoridad marítima en busca de soluciones que permitan hacer más expeditos los diferentes trámites de matrícula, permisos de operación, licencias de explotación comercial, zarpes, licencias y títulos de tripulaciones, entre otros, y se fijaron unos compromisos que están siendo desarrollados actualmente. 

Igualmente se expuso la problemática ante la Comisión Colombiana del Océano, que está presidida por el Vicepresidente de la República, quienes nos han abierto diferentes espacios en el Gobierno y con algunas entidades del Estado, señala Francisco Javier Hoyos.

Otra de las acciones emprendidas por la entidad fue la demanda contra el artículo 32 de la Ley 730, por medio del cual se dictan normas para el registro y abanderamiento de naves y artefactos navales dedica- dos al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial, considerada por los armadores como inconstitucional al advertir: Las naves y artefactos navales que se vayan a registrar y abanderar en Colombia y el servicio de reparación y mantenimiento de los mismos estarán excluidos del impuesto a las ventas, IVA.

Queremos presentar nuestras consideraciones ante el Ministerio de Transporte, sin embargo, hasta el momento no ha sido posible conseguir una agenda con el ministro y sus asesores para tratar este tema y así poder presentar soluciones, aunque desde la Asociación se hacen esfuerzos para tratar de que el Gobierno entienda nuestra problemática y decida potencializar la capacidad del sector marítimo y fluvial como fuente de generación de recursos y contribución al crecimiento del PIB.

“Con el vicepresidente tuvimos la oportunidad de hablar y exponerle la situación, se mostró sorprendido por toda la problemática que afronta la marina mercante, pero fue complicado, ya que el Congreso se dedicó exclusivamente a estudiar la nueva reforma tributaria”, manifiesta Hoyos.

Aspecto legal

La Ley 730 de 2001, por medio de la cual se dictan normas para el registro y abanderamiento de naves y artefactos navales dedicados al transporte marítimo y a la pesca comercial y/o industrial en el país, en su artículo 32 advierte que las naves y artefactos navales que se vayan a registrar y abanderar en Colombia, y el servicio de reparación y mantenimiento de los mismos, estarán excluidos del impuesto a las ventas, IVA.

Posible solución

Antonio Felfle, ex asesor del Ministerio de Transporte, señala que la solución a este problema debe empezar a plantearse desde Armcol, estructurando un plan de trabajo y un proyecto que especifique qué es lo que se pretende realmente para que sea canalizado por dicha cartera, que es la encargada de tratar este tipo de temas.

“Hay que definir cuál podría ser el desarrollo de la industria marítima del país y, una vez esto se haga, establecer una ruta, porque la competencia internacional es muy fuerte”, propone el experto en temas de transporte.

En cuanto a la norma internacional, en la que según Armcol, Colombia no ha avanzado, Felfle señala que hay unos acuerdos como la realización de servicio de cabotaje en Perú, Ecuador y Chile, que no se han hecho porque es un tema que merece una estrategia y reformar jurídicamente los vacíos reglamentarios que se encuentran en la ley.

Situación del sector

El capitán de navío Oscar Mantilla, subdirector de marina mercante de la Dimar, advierte que esta entidad es la encargada de vigilar todas las actividades marítimas que se realicen en el país, sin embargo, todo lo relacionado con acciones comerciales dependen del Ministerio de Comercio.

Mantilla asegura que en lo relacionado al cabotaje en aguas colombianas, cuando ingresa un buque de bandera extranjera al país, lo hace en una condición especial de tráfico, pero lo ideal es que cuando arriban cumplan con unas condiciones, pero la prioridad es de las nacionales.

Señaló que cuando se pretende movilizar carga en el país se debe verificar con Armcol qué naves con bandera nacional hay.

“Ocurre que muchas veces no se cuenta con las naves porque hay unos requerimientos que las nacionales no cumplen, y además son muy pocas, por eso se procede a hacer un tratamiento especial a usuarios de naves con bandera extranjera para que hagan dichos movimientos.