El Heraldo
Colombia

Más de 180.000 víctimas acreditadas ante JEP por violaciones D.H.

En las últimas semanas fueron acreditadas 10 organizaciones indígenas, ocho consejos comunitarios afrodescendientes y seis organizaciones campesinas.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha acreditado como víctimas a más de 180.000 personas en un caso que investiga las violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario (DIH) ocurridas en dos departamentos colombianos durante el conflicto armado interno.

La Sala de Reconocimiento de la JEP informó en un comunicado que acreditó en las últimas semanas a 10 organizaciones indígenas, ocho consejos comunitarios afrodescendientes y seis organizaciones campesinas del suroeste del país dentro del llamado "Caso 05".

"En total se han reconocido a más de 180.000 víctimas y 124 organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas en esta situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca", manifestó la JEP en el comunicado.

El alto tribunal, creado a instancias del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, abrió el "Caso 05" el 16 de noviembre de 2018.

Este caso prioriza las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al DIH en el marco del conflicto armado por parte de las FARC y de miembros de la fuerza pública.

Esas violaciones ocurrieron en los municipios caucanos de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla y Puerto Tejada, y en las localidades de Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el Valle del Cauca.

"Con estas acreditaciones, en el 'Caso 05' se ha completado la acreditación de la totalidad de organizaciones indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca y la mayoría de organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas del sur del Valle del Cauca", añadió la JEP.

La priorización de este caso se dio a partir de los informes presentados por la Fiscalía colombiana, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y el Centro Nacional de Memoria Histórica.

En esos documentos la JEP identificó hechos graves como desplazamiento forzado, secuestros, tortura, violencia sexual, muertes producto del conflicto armado, confinamiento y siembra de minas antipersonal.

También incluye casos de reclutamiento forzado, desaparición forzada, ataques a la población civil, amenazas y atentados al medio ambiente y al territorio, por parte de integrantes de las FARC y de miembros de la fuerza pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. 

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El Heraldo
Carlos Navia,víctima.
Colombia

Asesinan a tiros a otro líder social en el Cauca

Carlos Navia fue tiroteado por desconocidos en el caserío El Plateado del municipio de Argelia.

El líder social Carlos Navia fue asesinado por desconocidos este lunes en una zona rural del municipio colombiano de Argelia, en el departamento del Cauca (suroeste), informaron fuentes oficiales.

"Lastimosamente, recibí una noticia hoy (lunes) de que habían asesinado al señor Carlos Navia, un líder destacado", dijo a periodistas el alcalde de Argelia, Jonathan Patiño.

Navia, quien era integrante del movimiento social Coordinador Nacional Agrario (CNA) y fundador de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Argelia, fue tiroteado por desconocidos en el caserío El Plateado.

La oficina de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia escribió en redes sociales: "Condenamos el homicidio del líder campesino Carlos Navia, del proceso del Coordinador Nacional Agrario, perpetrado hoy en Argelia".

En un segundo mensaje explicó que "el crimen del líder campesino Carlos Navia se enmarca en un contexto donde las comunidades del Cañón del Micay (...) han sido Víctimas de homicidios, masacres, y desplazamientos forzados".

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) manifestó en Twitter que "el sur del Cauca, la otra cara olvidada de la guerra en Colombia, siguen asesinando compañeros campesinos, solidaridad con el CNA. Se requieren medidas urgentes para garantizar la vida de los líderes en la zona".

El pasado 17 de este mes desconocidos asesinaron a tiros a John Jairo Guzmán, un líder social del departamento colombiano de Antioquia (noroeste).

Guzmán era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda (aldea) El Tesorito, informó en su momento el comandante de la Policía de Antioquia, coronel Jorge Cabra.

Según un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) al menos 81 líderes sociales, políticos y comunales fueron asesinados durante el primer semestre de 2020 en Colombia, periodo en el que se registraron 248 hechos de violencia contra ellos.

El documento divulgado el pasado 22 de septiembre reveló que los líderes políticos fueron el segundo tipo de liderazgo más afectado con 89 agresiones registradas contra ellos.

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Capitán Rafael Acosta Arévalo.
Mundo

Imputan a dos tenientes venezolanos por homicidio y tortura de un capitán

La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo despertó la indignación porque el militar fue torturado hasta la muerte.

Dos tenientes de la Fuerza Armada venezolana fueron imputados por los delitos de tortura y homicidio del capitán Rafael Acosta Arévalo, que estaba preso tras ser acusado de golpista por el Gobierno, informó este viernes el fiscal general, Tarek William Saab.

En una declaración a los medios, Saab afirmó que la Fiscalía solicitó, el pasado martes, dicha imputación de Ascanio Tarascio y Esteben José Zárate Soto, ambos con rango de teniente, y aclaró que una primera imputación había sido negada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Según detalló, la sala de Casación Penal del TSJ "decretó la nulidad de una actuación pasada que había realizado" el Ministerio Público contra Tarascio y Zárate, ambos miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

La muerte de Acosta Arévalo despertó la indignación en Venezuela porque, según su defensa y portavoces de la oposición, el militar fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida, cuando fue presentado ante un tribunal, no podía mantenerse en pie o hablar.

La prensa venezolana informó que el capitán fue detenido el 21 de junio de 2019 por funcionarios de la Dgcim sin que se indicaran entonces los motivos.

Poco antes de que Saab compareciera ante la prensa, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había celebrado a través de su cuenta de Twitter la imputación de los dos agentes como "un paso en la dirección correcta en la lucha contra la tortura".

Tras la publicación de ese mensaje, Saab confirmó que, el 28 de junio de 2019, Acosta Arévalo cayó en "un estado grave de salud" mientras "se llevaba a cabo una audiencia de presentación de cargos" en el cuartel de Fuerte Tiuna de Caracas.

Posteriormente, fue traslado a un hospital militar, donde falleció.

Tras su muerte, según los detalles facilitados hoy por Saab, "se hicieron investigaciones de rigor" y fueron detenidos los dos militares.

Una Misión Internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU acusó en septiembre pasado al presidente Nicolás Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.

Dicho documento, también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional , juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizados. 

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Mundo

Guaidó responsabiliza a Maduro de las violaciones de DD.HH. en Venezuela

El líder opositor subrayó que la violación de los derechos humanos denunciados por la Misión muestran "un patrón de conducta del régimen".

El líder opositor venezolano Juan Guaidó responsabilizó este miércoles al presidente Nicolás Maduro de las violaciones a los derechos humanos que, según afirmó, se cometen en en el país, como las denunciadas por una Misión Internacional establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Según afirmó Guaidó al intervenir en un foro sobre justicia internacional, Maduro "tiene pleno conocimiento" de las violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela y, por tanto, "es responsable directo", recoge un comunicado del opositor.

Dichas violaciones atentan, según su opinión, contra la vida de los ciudadanos que están disconformes con su "régimen cruel y brutal" y, por tanto, "las herramientas del mundo libre para frenar estos delitos, son puestas a prueba".

Asimismo, subrayó que la violación de los derechos humanos denunciados por la Misión muestran "un patrón de conducta del régimen", según agrega la información.

"Es su política de Estado (de Maduro) que comete desapariciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos e indignantes contra los venezolanos", afirma.

La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos fue establecida por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante una resolución y busca evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 2014.

En su informe, rechazado como un acto de propaganda por el Gobierno, acusa a Maduro y a otros altos cargos como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, de cometer crímenes de lesa humanidad.

Dicho documento, también sugiere que tribunales fuera de Venezuela, incluida la Corte Penal Internacional , juzguen las violaciones de las libertades fundamentales que fueron analizados.

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Supremo venezolano considera informe de la ONU sobre DDHH como una agresión

Maikel Moreno dijo que el informe fue elaborado "por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario auto determinado Grupo de Lima".

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó este lunes el informe de una Misión Internacional de la Organización de Naciones Unidas (ONU), según el cual el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades han incurrido en crímenes de lesa humanidad, y lo consideró parte de una "estrategia de agresión".

"Expresamos nuestro más contundente rechazo al informe publicado el 16 de septiembre de 2020, elaborado por una comisión paralela e impulsada por el hostil y minoritario Grupo de Lima", leyó el presidente del TSJ, Maikel Moreno, un magistrado que, como la mayoría que componen el Supremo, es considerado un hombre muy cercano al chavismo.

La elección en un procedimiento exprés de los magistrados del Supremo fue rechazada por el Parlamento, de gran mayoría opositora, por considerar que no se ajusta al procedimiento debido, por lo que tachan al TSJ de "brazo jurídico de la dictadura".

Maduro involucrado en graves crímenes, según la ONU

La Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela ha concluido que Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país.

El informe publicado ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado -tanto a nivel presidencial como ministerial- ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior (Néstor Reverol) y de Defensa (Vladimir Padrino) contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Sin embargo, Moreno aseguró que el informe se apoyó en "una írrita resolución" que, en su opinión, "vulnera los principios del derecho internacional", así como "los principales pilares del multilateralismo como el dialogo genuino y la cooperación".

Una posición similar a la del gobierno

Moreno, al igual que hizo este sábado el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, criticó que los integrantes de la misión no viajaran al país a recabar datos y aseguró que "carece de los protocolos esenciales para la verificación y consolidación de la información obtenida".

"Se fundamentó en deposiciones de presuntas víctimas y testigos, promovidos de manera anónima y unilateral", sostuvo el presidente del Supremo.

Lamentó que se haya puesto en marcha con "prácticas al margen de la racionalidad y la buena fe que rigen las relaciones internacionales entre estados y organismos multilaterales" y que "sirvan de instrumento para tratar de entorpecer y destruir los procesos de diálogo establecidos entre el gobierno nacional y la oposición".

En su opinión, ese tipo de acciones son "promovidas por enemigos internos y externos de Venezuela" y "forman parte de una vieja estrategia de agresión contra" Venezuela y sus instituciones.

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Colombia

Comisionado de paz pide unión contra violentos en día de los DD.HH

Según Indepaz, 218 personas han sido asesinadas en 55 masacres ocurridas en Colombia durante el 2020.

El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, hizo este miércoles un llamado al país para unirse "contra los violentos" responsables de las masacres contra la población civil, justo cuando se conmemora el día Nacional de los Derechos Humanos.

"La vida de todos los colombianos debe ser protegida y defendida. Unámonos todos contra los violentos, contra aquellos que están cometiendo estos homicidios, estas masacres contra nuestros jóvenes, contra nuestros campesinos, contra nuestros líderes sociales", dijo Ceballos.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) 218 personas han sido asesinadas en 55 masacres ocurridas en Colombia durante el 2020, matanzas que han generado el repudio general del país y organizaciones internacionales, y por las que la sociedad exige al Gobierno justicia y protección de los derechos humanos.

Masacres contra fuerza pública

El alto comisionado recordó hoy el atentado terrorista de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá, que en enero del año pasado dejó 22 muertos y 66 heridos, ataque que calificó como la más grande masacre de los últimos años.

"No olvidemos que la más grande de las masacres en estos últimos años fue cometida contra 22 jóvenes estudiantes inocentes de la Escuela General Santander", aseguró.

También pidió al país no olvidar que detrás de estas matanzas están "grupos como el ELN, como el Clan del Golfo, como los Caparros, los Pelusos (un reducto del Ejército Popular de Liberación -EPL-) y especialmente las disidencias de las FARC".

Ceballos cuestionó a los disidentes de la antigua guerrilla de las FARC "que tuvieron la oportunidad de hacer la paz, de dar tránsito a la legalidad y la rechazaron y hoy la atacan".

El funcionario además recordó el asesinato de tres soldados y un cabo el pasado 31 de agosto cuando hacían trabajos de erradicación de cultivos de coca en la convulsa región del Catatumbo que hace parte del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

"Ni una masacre más, ni un muerto más, estos grupos que se ensañan contra los colombianos para proteger un negocio ilícito como es el del narcotráfico y el de la minería de extracción ilícita deben cesar en su accionar", avanzó.

Sometimiento a la justicia

El alto comisionado resaltó la ruta dispuesta por el Gobierno para los miembros de grupos armados que quieran someterse a la justicia y abandonar las armas de manera individual, proceso en el que el Estado les ofrece beneficios jurídicos y socioeconómicos.

"Ahí está el camino del Estado que ha creado el Decreto 965 para hacer tránsito a la legalidad, llamamos a todos los miembros de estos grupos que se están ensañando contra los colombianos para que dejen la violencia, tomen la ruta del tránsito a la legalidad", subrayó.

"No más muertos, no más violencia, estos grupos deben cesar en su accionar y respetar la vida de todos los colombianos", agregó. 

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Archivo.
Colombia

Defensoría del Pueblo digitaliza sus alertas tempranas de violaciones DD.HH.

"La Defensoría del Pueblo (...) será una entidad estatal digital y virtual frente al ciudadano", aseguró el defensor Carlos Negret.

La Defensoría del Pueblo de Colombia digitalizó su sistema de alertas tempranas, uno de los mecanismos existentes para prevenir las violaciones de los derechos humanos, para que los ciudadanos tengan acceso a ellas a través de la internet.

"El cambio ya no es opcional (...) Nunca, antes del Covid, se había entendido lo que era la importancia de la tecnología en estos sistemas", afirmó en una rueda de prensa el defensor del Pueblo, Carlos Negret, quien deja el cargo a finales de este mes y será reemplazado por Carlos Camargo.

La digitalización de las alertas tempranas hace parte de un programa de crédito e inversión de 18 millones de dólares de la entidad con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que busca la modernización de procesos, la creación y adopción de herramientas tecnológicas y las buenas prácticas organizacionales.

"Todos y todas nos vamos a beneficiar con este cambio y creo que esto va a ser importante", expresó Negret sobre esta iniciativa con la que se creó una ficha única de alertas tempranas que le permitirá a los usuarios consultar los datos de forma interactiva.

En ese sentido se creó también un "Mapa Defensorial", que permitirá que en una sola representación gráfica se pueda identificar la información que tiene la entidad sobre un municipio o región específica.

El programa, que empezó a ser implementado hace cuatro años con apoyo del Gobierno, también busca mejorar la calidad, eficiencia y transparencia en la gestión de la institución y en el cumplimiento de la misión de ese organismo.

"La Defensoría del Pueblo (...) será una entidad estatal digital y virtual frente al ciudadano", aseguró el defensor del Pueblo.

Por su parte, el director de Alertas Tempranas de la Defensoría, Mateo Gómez, dijo que esta es una "herramienta desarrollada con el BID para una revolución digital en función de los derechos humanos".

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Sucre

San Onofre debe construir monumento en honor a los desaparecidos

La orden fue impartida por la Justicia Especial para la Paz (JEP) que tiene sobre San Onofre varias medidas cautelares solicitadas por el Movice.

Un monumento en honor a las víctimas del delito de desaparición forzada debe ser construido en el municipio de San Onofre. Así lo ordenó la Justicia Especial para la Paz (JEP) acogiendo el pedido que estas hicieron en la audiencia pública de medidas cautelares que tuvo lugar el 20 de noviembre de 2019 en Cartagena.

En ese escenario las víctimas les narraron a los magistrados de la JEP que el monumento que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) les construyó en el 2017 en predios de la finca El Palmar --centro de operaciones del otrora bloque Héroes de los Montes de María-- fue destruido. La JEP acogió ese pedido y le dio un plazo de tres meses a la Alcaldía de San Onofre para la construcción de ese monumento.

Desde finales de 2019 y con ocasión de la audiencia de la JEP con las víctimas de desaparición forzada en Sucre, existen unas medidas cautelares y la mayoría de ellas pesan sobre San Onofre, por lo que esta instancia de justicia transicional a pesar de la vigencia de la pandemia de la COVID-19 ha reiterado que estas se debe cumplir.

Es así como les anunció que “adelantará audiencias virtuales dialógicas con la Alcaldía de San Onofre y el Movice con el fin de coordinar y dinamizar el cumplimiento de las órdenes dadas, particularmente, la relacionada con la reconstrucción del monumento de memoria histórica en garantía de los derechos a la reparación inmaterial, la no repetición y la no revictimización de las víctimas del delito de desaparición forzada”.

Una de las medidas con las que no cumplió en el tiempo estipulado la Alcaldía de San Onofre es la entrega del registro de inhumaciones de cuerpos no identificados en Colombia (SIRIC) de los cementerios de El Rincón del Mar y San Onofre, y la elaboración de un plan específico de administración y protección de estos cementerios, incluidos los puntos de interés forense, así como la legalización del predio en el que se encuentra ubicado el Cementerio de Rincón del Mar.

Los familiares de las víctimas de desaparición forzada de San Onofre que integran el Movice capítulo Sucre esperan que la Alcaldía cumpla las órdenes emitidas por la JEP y que a nivel municipal, regional y nacional se visibilice lo sucedido con sus familiares, así como la responsabilidad del Estado en estos hechos y en los altos índices de impunidad.

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Cinta de precaución rodea una posible escena del crimen. Imagen de referencia. Archivo
Colombia

Al menos 72 críticos de abusos empresariales fueron asesinados en el país

El estudio del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala además que 181 defensores sufrieron atentados y que el 76 % de estos casos se produjo en zonas con alta inversión industrial.

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos que denuncian abusos del sector empresarial, revela un informe divulgado este lunes según el cual 72 de ellos fueron asesinados entre 2015 y octubre de 2019.

El estudio del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos señala además que 181 defensores sufrieron atentados y que el 76 % de estos casos se produjo en zonas con alta inversión industrial.

"Las acciones específicas en las zonas rurales y para personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente no han sido eficaces, y el riesgo sigue siendo demasiado alto para los defensores", indica el informe.

El análisis, que evaluó el papel de las empresas en la violación de derechos humanos detalla que la mayoría de los 181 atentados ocurrió en 2017 y 2018, y suponen un aumento significativo desde la firma del acuerdo de paz con la antigua guerrilla de las Farc, en noviembre de 2016.

Zonas rurales, las más afectadas

Según el informe, el riesgo es mayor para aquellos defensores que tratan de prevenir o exponer los abusos de las empresas dedicadas a minería, ganadería, agricultura, combustibles fósiles e hidroeléctricas, ya que el 90 % de los ataques están relacionados con esos sectores.

"Es muy preocupante la situación en las zonas rurales, donde las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas requieren modelos de protección más eficaces", indicó el informe.

Destacó además que las zonas en las que se cometen estos ataques son principalmente regiones con instituciones estatales civiles débiles, en las que hay actores armados y economías ilegales, así como disputas por tierras relacionadas con proyectos empresariales.

Entre los ataques sistemáticos de los que son víctimas los defensores se encuentran las amenazas de muerte contra ellos y sus familias, asesinatos, atentados físicos e intimidaciones.

"La mayoría de los defensores de derechos humanos que fueron atacados eran dirigentes y miembros de las comunidades afectadas, sindicalistas y personas afrocolombianas e indígenas", señaló el informe.

Las empresas no son siempre las responsables

Aunque el estudio aclaró que las empresas no son siempre las responsables de los ataques, destacó que los defensores son víctimas por denunciar las actividades que estas realizan.

"Se cree que la mayoría de estos ataques son llevados a cabo por actores que no están directamente vinculados a las empresas", explicó.

Por esa razón, el estudio exhortó a las compañías a trabajar para prevenir los ataques contra los críticos de las industrias en el país y, aunque resaltó los esfuerzos de las autoridades para proteger a los defensores de derechos humanos, advirtió que mientras las políticas y del Gobierno den prioridad a las empresas antes que a los defensores, los ataques continuarán.

Esfuerzos insuficientes

En 2011 el Gobierno colombiano creó la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, para proteger a líderes y defensores, pero esta entidad se ha visto desbordada por el aumento de las amenazas y el estado crítico de estos casos en la justicia.

"El Estado colombiano ha tomado algunas medidas importantes para hacer frente a esta situación, pero hasta ahora no ha logrado superar los crecientes ataques contra defensores de derechos humanos que plantean preocupaciones sobre las operaciones comerciales", indicó el estudio.

En la misma línea del informe, la Defensoría del Pueblo señaló que la proliferación de normas no se ha traducido en mayores niveles de compromiso por parte de las autoridades y, por el contrario, dispersa las responsabilidades del Estado de proteger los derechos fundamentales de los líderes comunitarios.

"Colombia debe actuar con decisión para proteger a los defensores de derechos humanos que plantean sus denuncias sobre la conducta de las empresas, y a las comunidades rurales a menudo marginadas que representan", destacó el informe.

Recomendaciones al Estado

El estudio hizo varias recomendaciones al país para que se establezca un enfoque de cero tolerancia respecto a represalias y ataques contra los defensores de derechos humanos, tales como implementar procedimientos de prevención y respetar las consultas populares de las comunidades étnicas.

A la Defensoría del Pueblo le pidió incorporar la dimensión empresarial en el monitoreo y alerta sobre ataques a los defensores, y a la Fiscalía General profundizar la investigación de los ataques más allá de la identificación de los actores materiales para establecer la responsabilidad directa e indirecta de las empresas posiblemente relacionadas.

Igualmente exhortó a la UNP a que reconozca las necesidades de los defensores basados en enfoques diferenciales étnicos, de género y territoriales, y a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos pidió promover la incorporación efectiva de las recomendaciones del relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

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AFP
Mundo

Nuevo informe denuncia “graves” violaciones a los DDHH en protestas en Chile

El balance agrega que el problema en el actuar de la policía se explicaría por una “indebida autonomía” exhibida desde la vuelta a la democracia por parte de la institución.

El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció este lunes que "se han violado gravemente los derechos a la vida y la integridad física y psíquica" de las personas durante las manifestaciones sociales que estallaron en el país hace dos meses.

Al entregar su informe anual, el INDH apuntó sus críticas al accionar de Carabineros (policía), tras "constatar que se reiteran conductas como el uso indiscriminado de escopetas antimotines, desnudamientos en unidades policiales, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y la utilización indiscriminada de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos".

El informe agrega que el problema en el actuar de la policía se explicaría, entre otras causas, por una "indebida autonomía" exhibida desde la vuelta a la democracia por parte de la institución.

Las protestas en Chile estallaron el 18 de octubre y se saldan con 26 muertos de acuerdo a la Fiscalía Nacional, tras multitudinarias manifestaciones, enfrentamientos con la policía, saqueos y ataques al comercio y otras instituciones.

En el texto se señala que "el mayor número de muertes y la mayor proporción de lesiones por trauma ocular, como de personas heridas", se produjo durante el período de Estado de Emergencia, que rigió por nueve días tras el estallido social.

La crisis se inició con protestas de secundarios contra el alza en la tarifa del metro que derivaron en un amplio reclamo en favor de diversas reformas sociales.

El informe del INDH está el línea con otros reportes dados a conocer por distintos organismos en las últimas semanas, como Amnistía Internacional, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch. 

Al 30 de noviembre, el INDH dijo que interpuso 476 querellas por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en favor de 586 víctimas, quienes apuntan a agentes del Estado como sus victimarios. 

Del total de querellas por este tipo de delitos, 433 son contra Carabineros, 33 contra efectivos de las Fuerzas Armadas y 10 contra personal de la Policía de Investigaciones.

La policía, en tanto, ha reconocido "errores" en el control de las manifestaciones públicas y ha denunciado ser víctimas de violencia por parte de los manifestantes. 

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