El Heraldo
El ex secretario José Madera, con el libro en la mano, y Samir Serpa, al llegar ayer a la audiencia. José Luis Cruz
Sucre

‘Cartel de enfermos mentales’ usó a pobres para millonario desfalco

Sin contratos, afirma la Fiscalía, la pasada administración de Sucre pagó $5.094 millones. Para sustraer dineros públicos inventaron figura ilegal. Dueño de IPS aceptó cargos.

Concierto para delinquir fue el delito que la Fiscalía les imputó a los seis capturados del miércoles, entre funcionarios, exfuncionarios, contratistas y un particular, por presuntamente formar parte del llamado ‘cartel de los enfermos mentales’ en Sucre.

Ante la Juez Cuarta Penal municipal de control de garantía, Yinabel Tapia Pájaro, la Fiscalía imputó a José Madera y Efraín Suárez, ex secretarios departamentales de Salud; Samir Serpa, jefe del Programa de Auditoría de la Secretaría de Salud de Sucre; Luis Fadul, representante legal de la Fundación Nuevo Ser; Ernesto González, propietario de Nuevos Amaneceres y a Ronaldo Herazo Bertel, contador público del ex gobernador Julio César Guerra Tulena.

Las irregularidades fueron puestas al descubiertos por una auditoría de la Contraloría General que hizo las denuncias. Según argumentó el Fiscal 78 Anticorrupción de Bogotá, Daniel Díaz, los capturados, entre 2014 y 2015, se apropiaron de recursos públicos de la seguridad social por $5.094 millones.

Lo hicieron a través de servicios hospitalización y tratamientos a supuestos enfermos mentales, pagos sobre los que investigadores del ente acusador  descubrieron que estaban fundamentados en documentos falsos y diagnóstico de personas que no estaban enfermas.

Los contratistas Luis Fadul y Ernesto Bladimir González, esposados, son llevados ante un juez. José Luis Cruz

Pagos ilegales

Añadió el fiscal que bastaba con leer los soportes presentados por la IPS para conocer que muchos de esos supuestos tratamientos debían ser pagados por la EPS a la que estaban afiliados los supuestos enfermos y no por la Secretaría de Salud. Además, a las historias clínicas para diagnosticar el cuadro clínico no les realizaron la verificación para comprobar que a los pacientes los estaban atendiendo, lo que era una obligación legal.

“Utilizaron la figura de la urgencia vital para hacerle un esguince a la ley en la forma de contratar, soportando una urgencia que nunca hubo. Todos los pacientes tenían una característica: estaban en la población pobre no afiliada. Estas fueron las personas que los aquí imputados utilizaron, las de más escasas posibilidad, y que supuestamente no tenían seguridad y muchas sí tenían”, dijo el fiscal.

Además: Inician procesos por cartel de enfermos mentales, en Sucre

Sin contratos

Enfatizó que usaron una figura excepcional para volverla una especie de “régimen transicional” en Sucre porque entre 2012 y 2015 la Secretaría de Salud pagó a las dos IPS por la prestación de un servicio de salud de población pobre no afiliada, sin que existiera un contrato. No fue hallado un soporte contractual de por qué aparece estas dos IPS.

“Tenían que hacer tres cosas: intentar contratar con las ESE (hospitales) de este Departamento la prestación del servicio en salud de la población pobre no afiliada y eso no se hizo, aquí está acreditado; segundo, en caso de que ellos encontrasen que evidentemente las ESE no tenían la posibilidad y la cobertura para cubrir estos servicios, tenían que pedir autorización al Ministerio de la Protección Social en Bogotá para contratar con unos privados, pero la autorización no está; tercero, tenían que ser privados que estuvieran habilitados, pero estas IPS no tenían la capacidad para funcionar pues quienes debían garantizar que una IPS está realmente habilitada en el departamento es la Secretaría de Salud”, acotó el ente acusador.

Y continuó: “Encontramos que ni a la Secretaría de Salud ni a la auditoría, ni a la Gobernación, ni a nadie le importó las condiciones de estas IPS, lo único que interesaba era darle la apariencia de legalidad a un cobro administrativo para apropiarse de los recursos públicos”.

Testimonios

La Fiscalía dio a conocer las declaración de Gustavo Zambrano San Juan, médico psiquiatra que aparece firmando las historias clínicas de los pacientes de la IPS Nuevos Amaneceres. Este señaló que no firmó un solo documento; que no tenía conocimiento de que estaban utilizando su nombre para los cobros y que nunca prestó servicios médicos a esa entidad.

Sostuvo el ente acusador que “todas estas historias son falsas” porque el médico que dicen que las firmó nunca estuvo en Sucre y en su declaración asegura que las historias médicas no tienen rigor científico; además formulaban medicamentos que tenían el mismo efecto y eran para tratar pacientes drogadictos. “Si le hubiesen suministrado esos medicamentos en esas dosis le hubieran causado un paro cardiaco al paciente”, señaló el fiscal Díaz.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en una cárcel para José Madera, Efraín Suárez, Samir Serpa, Luis Fadul y Ronaldo Herazo; pidió detención domiciliaria para Ernesto González, quien se allanó a los cargos. Sin embargo, le solicitó a la jueza que le prohíba salir de país que se comunicara con determinadas personas.

Otra implicada en la investigación

La ex secretaria de Salud departamental para 2015 Nayibe Padilla Villa.

En el proceso del ‘cartel de los enfermos mentales’ también está vinculada la ex secretaria de Salud departamental para 2015 Nayibe Padilla Villa.

Sus abogados aseguraron que tramitan su entrega a las autoridades que la requieren. Inocencio Meléndez, en calidad de apoderado, dijo que en la actualidad Padilla es funcionaria de la Secretaría de Educación Departamental, tenía dos vacaciones acumuladas e hizo uso de esas, pero que no ha salido del país, como se ha dicho.

Enfatizó Meléndez que una vez se enteraron de la orden de captura, a través de los medios de comunicación, Padilla Villa expresó su intención de asumir el proceso judicial y en razón a ello le otorgó poder para que la represente. “Me fui a la Fiscalía, radiqué el poder con un memorial y me presenté con ella. Fui adonde el fiscal del caso, le di la dirección de su casa, de oficina y los teléfonos.

Le dimos todas las coordenadas donde podía ser ubicada porque estamos prestos a colaborar. Hemos sido los únicos que hemos dado la cara”, enfatizó.

“Contador del exgobernador Guerra Tulena pedía el 20%”

En la audiencia, la Fiscalía reveló que, tras interrogatorios y declaraciones juradas a representantes legales de diferentes clínicas de Sincelejo, estos manifestaron que Ronaldo Herazo  Bertel, contador del ex gobernador Julio César Guerra Tulena, les cobró en cinco oportunidades, desde el 11 de noviembre de 2013 hasta el 10 de diciembre de 2014, cerca de $200 millones que exigía, según su dicho, el mandatario para pagarles las facturas, porque “debía recuperar la plata invertida en la campaña”. Estos dineros eran recibidos a través de otras personas que Herazo enviaba y así agilizaba el pago de los recursos de salud, porque de otra forma era imposible que el Gobernador autorizara el pago. Según los testimonios obtenidos, solo le pagaban a las IPS que “dejaran el 20%” del valor de las facturas cobradas o “inclusive el 40%”, como le cobró a Nuevos Amaneceres. Por esto la Fiscalía pudo establecer que Ronaldo Herazo era el enlace entre los particulares y la Gobernación de Sucre para el pago de las comisiones a fin de que salieran las resoluciones. De la clínica Santa Isabel recibió en cinco oportunidades $1836 millones. El contador personal de Guerra Tulena no aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencia de particulares, enriquecimiento ilícito de particulares.

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