Justina, la mujer que solo tiene paz en su apellido
La justicia le amparó sus derechos, pero la Unidad de Víctimas hace caso omiso.
Desde el 25 de agosto de 1997 cuando a Justina Paz Berrío le asesinaron a su hijo Félix Antonio Balseiro Paz todo ha sido un caos. La tranquilidad, prosperidad y felicidad que la habían acompañado en su natal Berrugas, corregimiento de San Onofre, se esfumaron y parece que para siempre.
Una amenaza de muerte contra su otro hijo varón por parte de las entonces Auc la hizo salir a las carreras dejando tirado todo lo que había construido, incluso su negocio de venta de licores, una gran tienda de víveres y hasta una camaronera a la orillas del mar.
Huyó de la guerra para refugiarse en Sincelejo y hoy es una entre las más de 183 mil víctimas del conflicto que se han asentado en la capital sucreña y una de las que busca, a través de la vía judicial, la tan anhelada reparación administrativa.
A sus 70 años esta mujer de tez morena y caminar pausado, no solo carga con el recuerdo de su pasado, sino también con la fotografía de su hijo Félix Antonio bañado en sangre y tirado en una vía el día del crimen, y como si fuera poco, con una enfermedad terminal.
Padece de un cáncer en la matriz que en su criterio le tiene los días contados, pero en estos, que parecen ser los últimos, tampoco ha encontrado la paz porque la EPS a la que está afiliada, no le suministra a tiempo las medicinas y para acceder a ellas ha tenido, una vez más, que acudir a la vía judicial, la misma a la que ha apelado para que le reconozcan también los gastos del transporte hacia Barranquilla a realizarse parte de su tratamiento médico.
Ya cumplió 10 años de estar en Sincelejo, declaró como víctima de desplazamiento y del homicidio de su hijo y como tal está reconocida, pero no le han dado la reparación por estos dos hechos victimizantes y ahora que está muy enferma los anhela con celeridad para “vivir tranquila así sea en los últimos días”.
“Yo he hecho de todo y no sé qué pasa con mi reparación. Hemos puesto tutelas porque me mandaron unas citas en Barranquilla y la Nueva Eps nunca me reconoció pasajes sino que tuve que hacer rifas y bingos para tener esa plata. Fueron 8 veces que fui y en cada ida me gasté 300 mil pesos que ahora reclamo y nadie responde”, dijo Justina.
Además de reconocer que su vida no hace alarde de su apellido, aparece registrada en varios documentos, en especial en los de la salud, como Justicia y Paz, error que catalogan como de transcripción, pero que sin lugar a dudas es una forma sutil de seguirla victimizando.
“Vamos a ver que de ninguna de las dos tengo, no ha habido justicia porque no sé quién ni por qué mataron a mi hijo cuando bebía en una cantina, y de paz menos porque mire la vida que me ha tocado vivir, esa que le he contado”, dice en medio de un notable pesar.
Justina con todo lo que ha vivido y en especial por la enfermedad que padece, es una de las potenciales candidatas priorizadas en la ruta de reparación administrativa que ha diseñado la Unidad para las Víctimas y que empieza a regir en 4 meses en el país, pero no está tan esperanzada por todo lo que le ha ocurrido.
Un juez de Sincelejo en un fallo de tutela ordenó que fuera reparada dentro de los cuatro meses siguientes a esa sentencia judicial y de eso ya han transcurrido cinco y no ha ocurrido nada, por lo que ya instauró un desacato.
“Lo que ha pasado conmigo no se justifica. Mi familia y yo éramos gente próspera y por la violencia tuve que salir de Berrugas, mal vendí todo y aquí en Sincelejo vivo como en un nido de ratón. Paso más enferma que buena, aquí dónde estoy tengo un fuerte dolor de cabeza y usted sabe que uno pide hoy y le dan, pero ya mañana no”, anota Justina.
Atenor Pérez Ortega, el abogado que defiende los derechos de Justina, asegura que con ella el Estado ha cometido muchas revictimizaciones, a pesar de estar ya reconocida.
“Defender sus derechos ha sido un calvario porque no ha habido poder humano, no obstante su edad y enfermedad, que le reconozcan la prioridad para acceder a la reparación administrativa. La Unidad para las Víctimas conoce de su diagnóstico médico y aún así dilató el proceso, por lo que acudimos a la tutela que le dio la razón y la Unidad apeló, pero el Tribunal ratificó esa decisión en aras de garantizar que sus últimos días de vida transcurran dignamente, pero eso tampoco se ha cumplido en el término que dio justicia y por eso ya está en trámite un incidente de desacato”, acota el jurista.
Justina sigue a la espera, sin paciencia, recordándole al mundo que la paz nunca se ha ido de su lado, pero porque ese fue el apellido que paradójicamente tiene desde pocos días después de nacer.
