Golpe a las finanzas del Clan del Golfo en Sucre
Los procesados bajo la fachada de cobradiarios ejercen el cobro de las extorsiones.
La captura de nueve hombres nativos de El Rincón del Mar, en San Onofre, sindicados de hacer parte del Clan del Golfo denota el arraigo que la organización armada ilegal tiene en este territorio y que es atacada por las autoridades.
En la más reciente operación denominada Guardabosques que lideró el Gaula y la Sipol de la Policía fue capturado el jefe de la organización Javier Julio Padilla, alias ‘Papa Mocho’, encargado de la distribución del estupefaciente y de las finanzas originadas del cobro de extorsiones, además de los encargados de la logística, la búsqueda de motos y de apartamentos para habitar y de informar los movimientos de la fuerza pública que hace presencia en la zona.
Entre los que cumplen estos últimos roles están Adrián Bassa Ricardo; Alfonso Palomino Aparicio, alias ‘Jacobo’; Andrés Solar Ramos; Denis Puello Maza, alias ‘Toto’; Jalimer Banquez Suárez; José Pérez Vanegas; Manuel Enrique Meza, alias “Pescadito” y Rafael Ricardo Berrío.
Los ubicaron en allanamientos en los que les incautaron 7 celulares, una granada de fragmentación, 21 cartuchos de fusil de origen soviéticos calibre 7.62 y 50 gramos de cocaína. Les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, narcotráfico y homicidio y porte ilegal de armas de fuego y municiones que no aceptaron, y al final un juez de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a José Miguel Pérez Vanegas y Denis Puello Maza a quienes les encontraron la munición y la granada.
Las informaciones de la Policía Nacional en Sucre a cargo del coronel William Rincón Zambrano, dan cuenta que estas personas bajo la fachada de cobradiarios ejercen la extorsión a ganaderos, comerciantes y comunidad en general en Sincelejo, San Onofre, Coveñas y Tolú.
De manera presencial realizaban exigencias económicas que oscilaban entre 100 mil y 20 millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad física de las víctimas, la de su núcleo familiar o sus bienes. También ordenaban la ejecución de homicidios selectivos en contra de quienes se negaran a pagar las exigencias económicas y realizaban la distribución del estupefaciente.
