El Heraldo
Efraín Suárez Arrieta, Ernesto González Ospino, José Madera Lastre y Samir Serpa Álvarez, ayer, en la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento ante la jueza Yinabel Tapia, al fondo. JOSÉ LUIS CRUZ
Sucre

Fiscalía pide investigar a exgobernador Guerra por ‘cartel de la salud’

Tras la imputación de cargos, el ente investigador pidió enviar a la cárcel a cinco de los capturados por considerar que pueden entorpecer la investigación y dañar pruebas.

Enfrentarse a una red dedicada a delinquir no es fácil y de esto es consciente el Fiscal 78 Anticorrupción de Bogotá, Daniel Díaz, quien detalló, ante la Jueza Cuarta Penal Municipal de control de garantía, Yinabel Tapia, el acervo probatorio de las investigaciones contra los primeros seis capturados por el sonado ‘cartel de los enfermos mentales’ en Sucre. 

Además, anunció que la Fiscalía General enviará copias del proceso a la Corte Suprema para que investigue como presunto responsable al ex gobernador Julio César Guerra Tulena, porque durante su administración fueron pagados los $5.094 millones por tratamientos médicos a pacientes que no sufrían ninguna enfermedad mental.

Desde el miércoles a las 5:30 de la tarde, el ente acusador ha sacado todo tipo de pruebas para demostrar que hacen parte de dicho ‘cartel’ Ronaldo Herazo Bertel, contador personal del exgobernador Guerra; José Madera Lastre y Efraín Suárez Arrieta, ex secretarios departamentales de Salud; Samir Serpa Álvarez, auditor de esta dependencia; Ernesto González Ospino, representante legal de la Fundación Nuevos Amaneceres, y Luis Fadul Díaz, representante legal de la Fundación Nuevo Ser.

Después de que a todos les legalizaron la captura y les imputaran los cargos, por delitos como concierto para delinquir, ayer la Fiscalía solicitó a la jueza medida de aseguramiento en una cárcel contra Herazo, Madera, Suárez, Serpa y Fadul, argumentando que pueden “obstruir la justicia”, pues la mayoría de las pruebas no se han terminado  de recaudar, no por culpa de la Fiscalía, sino porque los documentos que sirven para establecer la totalidad de lo que ha sucedido están en la Gobernación, la Secretaría de Salud o en las clínicas implicadas. 

La Fiscalía considera que los cinco que deben ir a la cárcel “son un peligro para la comunidad” porque los delitos imputados son graves, hablan de por sí de un “concurso real y heterogéneo de conductas punibles” donde están comprometidos varios bienes jurídicos: la administración pública, el orden económico, la fe pública, la seguridad pública y el erario público.  

“Cinco de estas personas tuvieron el manejo y disposición de todos estos documentos que hoy se necesitarían para establecer lo ocurrido en esta investigación”, dijo Díaz.

Ronaldo Herazo Bertel, camisa verde, habla con el contratista Luis Fadul Díaz durante la imputación.

Poder de obstruir

De acuerdo con lo que relató el fiscal, en el caso de los exsecretarios Madera Lastre y Suárez Arrieta debieron custodiar estos documentos porque ellos a la larga era quienes proyectaban y presentaban las resoluciones y no los guardaron para que no quedaran evidencias y existiera más dificultad para reconstruir las prueba.

Respecto a Suárez, el fiscal Díaz dijo que ha seguido vinculado a la Secretaría de Salud a través de contrato de prestación de servicio y es uno de los asesores de confianza del actual gobernador, Édgar Martínez Romero. Hasta diciembre de 2015 tenía contrato de prestación de servicio y estuvo a punto de ser contratado otra vez porque presentó la hoja de vida, e inclusive hizo campaña al lado del actual mandatario y hasta tuvo aspiraciones a ese cargo.

En el caso de Serpa Álvarez, el ente acusador recordó que era el jefe de auditoría de la Secretaría de Salud durante todo el periodo del ex gobernador Guerra Tulena, por lo que era quien tenía que revisar las auditorías que hoy “se han desaparecido”; actualmente sigue en la Secretaría y tiene a su disposición todos esos documentos, por lo que “puede tener la capacidad de modificarlos”.

De Fadul Díaz argumentó que algunos de los médicos que supuestamente trabajaron para su IPS no han podido ser contactados, no ha entregado la documentación que es una obligación y dice que no sabe cuánto le pagó la Secretaría de Salud entre 2014 y 2016 ni cuántas facturas ha radicado. Sigue siendo el representante legal de Nuevo Ser, tiene a su disposición los empleados y los documentos.

Por último, el Fiscal 78 hizo énfasis en que si estas personas no hubieran desviado los $5.094 millones, “muchos  pacientes de escasos recursos económicos hubiera contando con un excelente servicio de salud” y anunció que este dinero se recuperará con la “extinción de dominio” que la Fiscalía pedirá contra los implicados.

El contratista Ernesto González ‘prende el ventilador’

Al solicitar que el contador  Ronaldo Herazo Bertel sea enviado a una cárcel, el Fiscal 78 Anticorrupción Daniel Díaz aseguró que la oficina donde pedía sus comisiones del 20%, según decía por orden del exgobernador Julio César Guerra para recuperar la plata de la campaña, todavía está funcionando y puede destruir pruebas que allí se encuentren. 

También el fiscal aportó una declaración del representante de la Fundación Nuevos Amaneceres, Ernesto González, quien comenzó a ‘prender el ventilador’ tras ser detenido: “El 8 de marzo de 2017, cuando estábamos retenidos en el CTI luego de las capturas, el señor Ronaldo Herazo Bertel se acercó donde mí y me dijo que tuviera en cuenta que era papá y que no le dijera a la Fiscalía que yo le entregaba plata, que me quedara callado, que yo lo ayudara”.

Por este tipo de colaboraciones la Fiscalía no pidió cárcel para González, sino detención domiciliaria porque se allanó a los cargos. “La Fiscalía mal haría en decir que representa un peligro o que obstruirá la justicia”, dijo el delegado del ente acusador. Aunque añadió que no se puede negar que en Nuevos Amaneceres no aparecen las históricas clínicas, dijo que al allanarse a cargos su propietario “los elementos de prueba van a soportar una eventual sentencia condenatoria”.

El fiscal 78 dijo a la juez Tapia que después de allanarse González lo único que pidió fue no dormir con los otros 5 capturados; reveló que en medio de un interrogatorio el contratista dio a conocer otras anomalías que el ente acusador ni siquiera sabía al momento de la imputación, por lo que a su favor podría darse un principio de oportunidad para vincular a más personas al robo de los dineros de la salud en el gobierno de Guerra Tulena.

El fiscal lo que sí pidió contra el propietario de Nuevos Amaneceres es que le prohíban comunicarse con los coacusados José Madera Lastre, Efraín Suárez Arrieta, Samir Serpa, Luis Alberto Fadul, Ronaldo Herazo, así como Nayibe Padilla (también ex secretaria de Salud), Nadim Farak y el ex gobernador Julio César Guerra, quien será investigado por la Corte Suprema de acuerdo con lo anunciado por la Fiscalía.

Tras ser imputado en el proceso, Ernesto González también ha implicado a otros funcionarios de la Secretaría de Salud sucreña que la Fiscalía no tenía identificados, que eran los que hacían las habilitaciones. Por eso tampoco puede comunicarse con ellos ni con Samuel Palencia, quien ha ocupado el cargo de coordinador de Salud Mental en Sucre. En caso de que incumpla una de las restricciones impuestas, la Fiscalía ordenará revocar la detención domiciliaria y pedirá que sea encarcelado. 

Señalamientos: Otros dos están escondidos o huyendo

En su relato, el Fiscal 78 Anticorrupción dejó en claro que Nayibe Padilla Villa, ex secretaria de Salud Departamental en 2015, tiene orden de captura. “El señor Inocencio Meléndez (abogado de Padilla) le ha dicho a toda la prensa que ha hablado con la Fiscalía. Eso es mentira. A mí no me ha entrado ninguna llamada que diga que me va a entregar a esa señora. Si esa señora tiene todo el ánimo de comparecer y dar todas las explicaciones ¿por qué no se ha presentado, si desde hace tres días todos se han enterado de que ha sido buscada?”, cuestionó el fiscal Daniel Díaz. Y continúo: “Nayibe no está presente aquí no porque la Fiscalía no le haya querido imputar, es porque no se ha presentado. ¿Está de vacaciones? ¡Mentiras! Desde hace más de 10 días le revocaron esas vacaciones y no se ha presentado a trabajar; lo mismo el otro señor, que es uno de los auditores, Nadim (Farak): no fue a trabajar durante dos semanas y presentó incapacidades falsas porque a uno de sus familiares lo capturó la Dirección Nacional Anticorrupción la semana anterior por un caso similar, y se escondió por eso”. 

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