El Heraldo
En los últimos años los recursos de la salud en Sucre no han tenido buen manejo. Cortesía.
Sucre

Detectan presunto ‘cartel del asma’ en la salud de Sucre

La ESE del municipio de Betulia atendía a pacientes con igual sintomatología y les recetaban los mismos medicamentos.

Cuando los sucreños aún no se reponen del millonario desfalco que le causó al Departamento la administración de Julio César Guerra Tulena con el ‘cartel de los enfermos mentales’, la misma Contraloría General de la República detecta en esta administración de Édgar Martínez Romero lo que podría denominarse el presunto ‘cartel del asma’.

Según un informe final de auditoría adelantado por el ente de control fiscal en Sucre y que dio pie para que el pasado 7 de diciembre le hicieran los traslados penales a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría, en el año 2016 la Administración Departamental contrató con diversas ESEs la prestación de unos servicios bajo la modalidad de eventos, es decir, por los casos que se presentaran, pero faltando 5 días para vencerse dicho contrato cambió la modalidad y le fijó un monto que superó los $1.500 millones.

El aludido contrato tenía por objeto la “Prestación de servicio de salud para garantizar la atención en salud en la población pobre en lo no cubierto con subsidios a la demanda en las actividades, los procedimientos e intervenciones de baja complejidad, a residentes en el área de influencia de la ESE”.

En ese contrato, dice la Contraloría en su informe, y al que este medio tuvo acceso, que “en el total de ellos se suscribió un otro sí, mediante el cual se modificó la modalidad de pago pactada inicialmente denominada ‘compra de servicios de salud mediante la modalidad de eventos’ cambiándola a la modalidad  de ‘pago por capitación’ faltando 5 días para el plazo final del contrato y encontrándose éstos con una ejecución aproximada del 98%.

Con esta actuación, dijo la Contraloría, fueron desconocidos los principios de eficacia y economía que son rectores de la función administrativa, además de los de responsabilidad y economía y de planeación.

“Se generó una gestión antieconómica e ineficiente representada en una mayor inversión de recursos a la requerida para atender la necesidad que la administración departamental pretendía satisfacer con la contratación”.

Esa contratación fue con las ESEs de Betulia, San Antonio de Palmito, Caimito, Buenavista, Corozal, San Onofre, El Roble y Sucre-Sucre.
El Gobierno se defiende. En sus descargos la Administración Departamental dijo que la Secretaría de Salud había escogido el pago por eventos, pero la cambió por requerimiento expreso de la Ley 1438 de 2001 que en su artículo 52 numeral 52.1 dice textualmente: “solo se podrá contratar la prestación de servicios por el mecanismo de pago por capitación para los servicios de baja complejidad”.

Además aseguró el Departamento que con esta modalidad de  cambio en el pago no se generó ningún detrimento patrimonial; pero la Contraloría insistió en que ese argumento de la Secretaría de Salud de Sucre lo que “buscaba era justificar la improvisada, inoportuna e ineficaz modificación realizada a la modalidad de pago pactada inicialmente en los contratos”, por lo que el ente de control valida esa observación como un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

¿Prestaron los servicios?

El presunto cartel del asma se configura en que al igual que en el de los enfermos mentales, en el contrato interadministrativo Nº 005-2016 firmado con la ESE de Betulia por más de 269 millones de pesos, la Contraloría detecta que en las facturas de servicios presentadas por el contratista anexaron como soportes de la prestación del servicio, historias clínicas de urgencias, evoluciones de urgencias, epicrisis y órdenes médicas correspondientes a diferentes pacientes cuya información es exactamente igual en contenido y presentación, con excepción del nombre del paciente.

Además, todas las facturas de venta corresponden a pacientes que ingresaron con igual o similar sintomatología descrita en la documentación que soporta la atención, “esto es, no puedo respirar y tengo dolor en el pecho”, “asfixia y dificultad respiratoria”, “dificultad respiratoria aguda”, “dificultad respiratoria más fatiga y ahogamiento”, en los que invariablemente el tratamiento incluyó el suministro de oxígeno medicinal por litro, en cantidades que en la mayoría de los casos supera los 20.000 litros con un costo alrededor de los $8.000.000”.

Igualmente, dentro de los soportes de la factura hay registros diligenciados  en forma sistematizada que corresponden a 20 pacientes supuestamente atendidos por un médico que respecto de esos registros en entrevista realizada por la Contraloría dijo que no son de su autoría, pero aclaró que el ingreso al sistema se hace con su número de cédula y pudieron utilizarlo.

Ese mismo médico al ser consultado por la Contraloría sobre la misma sintomatología e igual tratamiento este dijo: “Desde mi criterio profesional no debe ser el mismo tratamiento para todos los pacientes”.

Sobre 5 soportes de facturas hechos a mano, un médico dice: “El sello es mío, pero ni la letra ni la firma son mías, por lo tanto no son de mi autoría y al leer los documentos se nota que hay montaje del encabezado de cada una de las historias y/o folios”.

Antes estos hallazgos en la facturación el mismo Departamento a través de la Secretaría de Salud pide que se compulsen copias a los entes correspondientes “para que se haga la investigación y se demuestre la mala fe por parte de los funcionarios de la ESE, al hacer incurrir en error a la administración de la Secretaría”.

Le reprocha además la Contraloría a la Gobernación de Sucre que pagó más de 51 millones de pesos por servicios en la ESE de Buenavista cuando en los soportes de pago por eventos solo debían pagarse por atención a 30 pacientes la suma de $1.055.266.

Este tipo de diferencias entre lo que pagó el Departamento y lo que facturaron las ESEs predominan en el informe de auditoría de la Gerencia Departamental de la Contraloría General en Sucre.

Facsímil del informe final de la Contraloría general de la República.
Más hallazgos de Contraloría en el ‘cartel de salud mental’

Por Tomás Betín del Río

La Contraloría estableció nuevos hallazgos por el denominado cartel de los enfermos mentales de Sucre, esta vez por $5 mil millones pagados por la Gobernación por hospitalizaciones y tratamientos para pacientes 'fantasmas' y facturas soportadas en documentación falsa.

Por estos mismos hechos, la Contraloría adelanta actualmente 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2 mil millones.

El contralor Edgardo Maya Villazón ya había anunciado estos nuevos resultados de la reciente auditoría de cumplimiento adelantada a la Gobernación del departamento de Sucre, pero hasta ahora se conocen los detalles. 

El primer hallazgo determina que mediante Resolución Nº 5.113 del 18 de diciembre de 2012, la Gobernación pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de $3 mil 475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del departamento.

Agrega al ente de control al respecto que examinada la facturación, la Contraloría General encontró que los  documentos que sirvieron de soporte a 521 de las facturas, corresponderían a servicios no prestados, pero que sí fueron pagados por una suma superior a los $2 mil 646 millones de pesos.

Así mismo, en 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación.

De otro lado, en 376 facturas se usaron como soporte los Formatos de Referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, como si se tratara de pacientes atendidos en dicho hospital, por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que hubieran sido remitidos allí para hospitalización. "Verificada la información por parte de la Contraloría, sin embargo, se descubrió que ninguno de los supuestos pacientes fue atendido ni referido por la mencionada institución universitaria", indicó el ente de control fiscal en un comunicado.

Por otra parte, la Gobernación de Sucre suscribió acuerdos de pago con la mencionada Fundación, por más de $5 mil 751 millones de pesos, que corresponderían igualmente a facturación de las vigencias 2010, 2011 y 2012, para ser pagados con recursos de la PPNA. No obstante, la Contraloría no pudo establecer la existencia física de las facturas que deberían soportar los pagos acordados por la Gobernación. A pesar de no existir las más de 527 facturas, la Gobernación accedió a los pagos suscribiendo un documento de acuerdo de pago a favor de la Fundación

Entre tanto, el médico psiquiatra que supuestamente había suscrito la información, categóricamente afirmó no  solo que la caligrafía no correspondía a la suya, sino que él nunca había diligenciado esos formatos que se le exhibían. El psiquiatra entrevistado por el equipo auditor de la Contraloría, confirmó que la terminología usada tampoco  corresponde al lenguaje propio de su especialidad.

Y como eran facturas y órdenes de internación que parecían calcadas las unas de las otras, el médico confirmó: "El tratamiento nunca puede ser el mismo. Este debe variar de un paciente a otro".

De otra parte, se lee en el comunicado, "tanto los acuerdos como las órdenes de pago a favor de las diferentes IPS involucradas en el denominado cartel de los enfermos mentales, fueron suscritas, desde el año 2012, directamente por el entonces gobernador Guerra Tulena". Finalmente, el contralor Maya informó que solicitó el apoyo de la Fiscalía por estos casos en los que "se encuentran involucrados como presuntos responsables el entonces gobernador del departamento, Julio César Guerra Tulena; los exsecretarios de Salud  Nayibe del Carmen Padilla y Efraín de Jesús Suárez Arrieta, así como los funcionarios Samir Gregorio Serpa y Oswaldo Contreras.

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