El Heraldo
Alcides Pérez Barrios, alcalde de San Antonio; Ariel Alvarado Montes, ex alcalde de Tolú; César Serrano, ex alcalde de Coveñas y Fernel Avilez, alcalde de Betulia.
Sucre

Cuatro alcaldes de Sucre están presos, señalados por corrupción

Los mandatarios son acusados, entre otros, por los delitos contra la administración pública relacionados con contrato sin el lleno de los requisitos que les exige la ley.

“Se acabaron las autodefensas y la guerrilla, y ahora nos queda el cáncer de la corrupción que es peor y se ha regado por todo Sucre”. De esta manera, un reconocido líder ciudadano de Sincelejo –que por razones de seguridad pide no revelar su nombre– resume el hecho de que en la actualidad cuatro alcaldes titulares del departamento tienen medida de aseguramiento.

Se trata de los mandatarios de los municipios de Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Betulia y Coveñas, quienes tienen muchas cosas en común: los procesan por delitos contra la administración pública relacionados con contrato sin el lleno de los requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica tanto en documento público como privado.

Y otra coincidencia es que todos suscribieron los contratos que los tienen en problemas con fundaciones, lo que en criterio del veedor de Buenavista Orlando Serpa “se ha convertido en una forma de hacerle el quite a la contratación estatal porque lo hacen de manera directa, sin importar el rubro y es una forma de apropiarse de los recursos del Estado. Por eso hay que denunciar y sin miedo”.

La primera de las detenciones de estos alcaldes ocurrió en febrero y fue la de Fredy de Jesús Rivera Pérez, de Los Palmitos, a quien le reprochan el haber realizado un contrato por $120 millones con una fundación de profesionales de esa localidad y de la que hacían parte varios de sus miembros del equipo de gobierno, entre ellos el entonces secretario de Gobierno, Wilson Rafael Pineda Romero.

La fundación la representa Néstor Fidel Pérez. Estos dos ciudadanos y el alcalde del Partido Liberal están privados de la libertad. Los dos primeros en la cárcel para funcionarios públicos de Corozal.

Continuaron las labores investigativas de las fiscalías Cuarta y 22 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública y cinco meses después se produce la detención de Alcides Pérez Barrios, alcalde de San Antonio de Palmito; de su secretaria de Gobierno, Jénifer Benítez Castillo; del representante de la Fundación Feysalud, Jorge Luis Salazar Urzola y de otra de sus integrantes Drenis del Carmen Anaya.

Al alcalde Alcides Pérez la Fiscalía le reprocha el haber suscrito unos contratos por $549 millones con esa fundación que no era idónea y que no cumplió con su objetivo sino que se apropió de esos recursos y para ello aportaba certificaciones de prestación de servicios que eran falsas y fotos que eran montadas.

A todos estos cuatro ciudadanos, incluidos el alcalde del Partido Conservador, y de quien un juez de garantías dijo habían actuado como una empresa criminal, les fueron otorgados la medida de aseguramiento pero en su domicilio. Es hasta el momento el único de los cuatro alcaldes que tiene ese tipo de privación por su condición particular de padre cabeza de familia en tanto que la madre de sus dos hijos fue asesinada hace 5 años.

No corrió mucho el tiempo y cuando aún la ciudadanía no se reponía de estas capturas por actos de corrupción nuevamente la Policía Judicial (Sijín) le propina un golpe a la administración pública capturando el 2 y 3 de octubre a los alcaldes de Coveñas, Nilson Navaja Olivares, y del Betulia, Fernel Avilez Tovar.

Para sorpresa de la sociedad al mandatario de Betulia, que es pensionado del magisterio y en quien sus electores depositaron su confianza para que los sacara del atraso en el que está el pueblo donde se fabrica el diabolín y el casabe es capturado porque hizo con la fundación Feysalud lo mismo que ocurrió con los abuelos de San Antonio de Palmito.

Pero en Betulia el monto de los tres contratos fue de más de $700 millones. No le prestaron a los adultos mayores los servicios que decía el contrato y para apropiarse de los dineros también presentaban fotografías y certificaciones de servicios que no prestaron y los que sí fueron gratuitos y la fundación los cobró a unos costos elevados.

Un juez de Morroa con funciones de control de garantías envió al alcalde Fernel Avilez, pese a los dos quebrantos se salud que presentó en las audiencias preliminares, a la cárcel de Corozal, mientras que al tesorero Marco Arrieta Gil y al secretario de Asuntos Sociales, Eider Moreno les concedió la detención domiciliaria.

¡Otra vez Coveñas!

Pero lo más sonado de la redada de las autoridades en los delitos  contra la administración pública fue lo que ocurrió con Coveñas, no solo por el monto del contrato que es de más de $2 .000 millones y que fue celebrado en vigencia de la ley de garantías del año 2015, sino porque con la detención de Nilson Navaja Olivares se evidencia que en este puerto turístico y petrolero no se ha salvado de la justicia ninguno de sus alcaldes electos popularmente.

Ello denota que ninguno ha llegado a hacer las cosas bien y menos a trabajar por el progreso del municipio más joven de Sucre, tiene 15 años.

A Navaja Olivares lo procesa la justicia por haber liquidado y terminado de pagar un contrato de bilingüismo que la administración anterior de César Serrano Olivares realizó con la Fundación Nueva Esperanza que representa la docente Luisa Mercedes Núñez Reyes.

El alcalde, al decir de la Fiscalía y del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Sincelejo, debió dar por terminado desde el momento del empalme un contrato que no se había cumplido, pero hizo caso omiso a ello.

Sin embargo, su defensor alega que este fue inducido a error por el secretario de Educación, Iván Berrocal y por la interventora Zaelis María Buelvas Tobías. Esta última que debía ser la veedora, se prestó para recibir dineros de ese millonario contrato en su cuenta bancaria porque las de la Fundación Nueva Esperanza estaban embargadas.

Por este escándalo de corrupción el alcalde Nilson Navaja y el secretario de educación, Iván Berrocal, fueron enviados a la cárcel de Corozal, mientras que Zaelis Buelvas, la interventora a la cárcel La Vega, y Luisa Núñez Reyes, representante de la Fundación Nueva Esperanza tiene casa por cárcel porque no solo se acogió a los cargos imputados por la Fiscalía sino que también tendrá un principio de oportunidad, es decir, dirá la verdad de todo.

Este mismo contrato de bilingüismo y para la misma época de la ley de garantías lo firmó esa cuestionada fundación en el municipio de Majagual y al parecer tampoco fue ejecutado en debida forma.

Otras capturas

Pero en la presente vigencia la Fiscalía también le ha dado un “tatequieto’ a quienes en el pasado han hecho mal uso de los recursos públicos y el primero de ellos fue el ex alcalde de San Benito Manuel Cadrazco Salcedo, hoy con casa por cárcel; el ex alcalde de Coveñas César Serrano Romero y varios de sus secretarios, entre ellos Óscar Fontalvo Abuchar,y el de Tolú, Ariel Alvarado Montes, también con sus colaboradores Luis García, Liliana Céspedes Piñeres y Alfonso Ríos Bermúdez. Todos tienen casa por cárcel.

Coveñas ha tenido a todos sus alcaldes detenidos

Con la detención de Nilson Navaja Olivares, de Opción Ciudadana, se ratifica que en Coveñas todos los alcaldes electos popularmente han sido privados de la libertad por líos con la justicia.

Su primer mandatario, el médico Pedro Patrón Luna, fue procesado no solo por delitos contra la administración pública sino también por sus nexos con las autodefensas que lideraba el desaparecido Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’.

Le siguió Rafael García Garay, que también fue procesado por favorecer con contratos a los ‘paras’.

Llegó posteriormente y tras su triunfo en las urnas Sergio Tapia Sierra, quien solo estuvo en el cargo 9 meses. Lo procesaron, al igual que a seis concejales, por vínculos con los paramilitares. Lo peor en este período de gobierno comprendido entre el 2008 y el 2011 es que Coveñas tuvo seis alcaldes.

Terminó este mal momento y cuando Coveñas cree que las cosas van a mejorar con la llegada al poder de César Serrano Romero, procedente de una de las familias que lideró de manera comunal la creación de este municipio y se volvieron a equivocar. Serrano realizó un contrato de recuperación de playas por $17.000 millones y al parecer no se ejecutó de la mejor manera y por eso está preso en su casa.

Y con la llegada y actuación de Nilson Navaja queda en evidencia que la corrupción en esa zona del Golfo de Morrosquillo es tan infinita como su mar.

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