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Sucre

Los reparos al preacuerdo del teniente coronel (r) Núñez

En el corregimiento de Chochó, donde residían las víctimas, tanto los familiares de estas como sus vecinos y amigos no creen en el perdón y arrepentimiento del ex alto oficial de la Policía Nacional.

El viernes 31 de marzo la Juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo se pronunciará sobre el preacuerdo que el teniente coronel (r) de la Policía Nacional, Benjamín Darío Núñez Jaramillo hizo con la Fiscalía General de la Nación y que le otorga 29 años de prisión por el crimen de los jóvenes José Carlos Arévalo Contreras, Jesús David Díaz Monterroza y Carlos Alberto Ibáñez Mercado.

Adicional a ello el Fiscal especializado que lleva el caso desde Bogotá pre acordó con Núñez el pago de una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos (25 de julio de 2022) y la inhabilidad para ejercer funciones públicas por 29 años.

También el otrora comandante operativo de la Policía Nacional en Sucre quedará como testigo de cargos en este caso, y una muestra de ello son los señalamientos que ya hizo en contra del mayor Cristian Betancur, exjefe administrativo de la institución en el departamento, y quien fue privado de la libertad a principios de esta semana.

El teniente coronel (r) Benjamín Núñez le dijo a la juez estar de acuerdo con esa pena que obedece a un acuerdo voluntario y consciente con la Fiscalía, pero los que no están de acuerdo con ello son los abogados que representan a las familias de los muchachos asesinados y tampoco lo está la Procuraduría.

Los tres defensores y la representante del Ministerio Público le pidieron a la juez que no avale ese preacuerdo porque no se ajusta a la gravedad de los delitos cometidos con dolo por parte de quien tenía el deber de salvaguardar la vida de esos ciudadanos.

La Procuradora Judicial que actúa como agente especial en este caso que se conoce como la masacre de Chochó precisó que no se trata de un caso desapercibido de extralimitación de funciones, sino de un acto que desbordó injustificadamente cualquier límite conocido en el actuar de las autoridades públicas facultadas legítimamente para hacer uso de la fuerza, se trata de “un acto cruel e inhumano cometido por un miembro de una institución llamada a proteger a sus ciudadanos, repudiable en todo sentido, acto que requiere con urgencia una sanción ejemplarizante porque no puede tenerse como referente para otros uniformados de la institución policial”.

Cuestionó que en el  ítem octavo del preacuerdo, en el que se indica que el acusado se compromete a ser testigo de cargos de la Fiscalía y sobre otros hechos de importancia ocurridos con anterioridad y posterioridad a la fecha de esta investigación, “se fundamenta en algo incierto”.

Criticó la dosificación de la pena, 29 años, diciendo que no es razonable ni justificable si se tiene en cuenta que Núñez atentó contra el bien más preciado: la vida y en este caso fueron 3 jóvenes, “la pena debe ser más alta”, dijo la procuradora al tiempo que se mostró de acuerdo con el perdón que este pidió.

Por su parte, el abogado Javier Barquero, representante de familia de José Carlos Arévalo Contreras, coadyuvó la posición del Ministerio Público en que se conozca la verdad y exista el verdadero arrepentimiento en favor de las víctimas, y se validen las tasaciones de la pena ya que lo expuesto por la Fiscalía riñe en el límite irrisorio ante el homicidio con agravación punitiva de 3 jóvenes, en edades productivas.

“No es coherente esos pocos años de cárcel por el hecho tan grave que ocurrió. Las víctimas van a quedar con una sensación de que no hubo una verdadera justicia en su caso”.

Entre tanto el penalista Aníbal Garay Ávila, que es el representante de Diomedes Díaz, padre de Jesús David Díaz Monterroza, fue enfático al decir que no deben ser 29 años de prisión, por lo menos deben ser 32.

“… que le rebajen el 30% y no el 50%  que le dio la Fiscalía. Aquí hay un festín de regalías que desacreditan la administración de justicia en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad. Señora juez no apruebe el preacuerdo hasta tanto el coronel no muestre actitud positiva hacia los otros procedimientos para que la Fiscalía ejecute las capturas que están por realizar por el delito de tortura”, puntualizó Garay.

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