Cartel de enfermos mentales en Sucre: otros $5.000 millones embolatados

La Contraloría estableció nuevos hallazgos por el denominado cartel de los enfermos mentales de Sucre, esta vez por $5 mil millones pagados por la Gobernación por hospitalizaciones y tratamientos para pacientes 'fantasmas' y facturas soportadas en documentación falsa.

Por estos mismos hechos, la Contraloría adelanta actualmente 11 procesos de responsabilidad fiscal por más de $2 mil millones.

El contralor Edgardo Maya Villazón ya había anunciado estos nuevos resultados de la reciente auditoría de cumplimiento adelantada a la Gobernación del departamento de Sucre, pero hasta ahora se conocen los detalles. 

El primer hallazgo determina que mediante Resolución Nº 5.113 del 18 de diciembre de 2012, la Gobernación pagó a favor de la Fundación Camino a la Virtud, más de $3 mil 475 millones de pesos, por supuestos servicios de salud mental No POS, con recursos correspondientes a la Población Pobre No Asegurada – PPNA del departamento.

Agrega al ente de control al respecto que examinada la facturación, la Contraloría General encontró que los  documentos que sirvieron de soporte a 521 de las facturas, corresponderían a servicios no prestados, pero que sí fueron pagados por una suma superior a los $2 mil 646 millones de pesos.

Así mismo, en 236 de las facturas, que correspondían a supuestos tratamientos a enfermos mentales drogodependientes, usaron el nombre y la firma de un médico psiquiatra que para el momento de los hechos ni siquiera trabajaba con la mencionada Fundación.

De otro lado, en 376 facturas se usaron como soporte los Formatos de Referencia del Hospital Universitario de Sincelejo, como si se tratara de pacientes atendidos en dicho hospital, por patologías asociadas al consumo de sustancias psicoactivas y que hubieran sido remitidos allí para hospitalización.

"Verificada la información por parte de la Contraloría, sin embargo, se descubrió que ninguno de los supuestos pacientes fue atendido ni referido por la mencionada institución universitaria", indicó el ente de control fiscal en un comunicado.

Por otra parte, la Gobernación de Sucre suscribió acuerdos de pago con la mencionada Fundación, por más de $5 mil 751 millones de pesos, que corresponderían igualmente a facturación de las vigencias 2010, 2011 y 2012, para ser pagados con recursos de la PPNA. No obstante, la Contraloría no pudo establecer la existencia física de las facturas que deberían soportar los pagos acordados por la Gobernación. A pesar de no existir las más de 527 facturas, la Gobernación accedió a los pagos suscribiendo un documento de acuerdo de pago a favor de la Fundación.

Entre tanto, el médico psiquiatra que supuestamente había suscrito la información, categóricamente afirmó no  solo que la caligrafía no correspondía a la suya, sino que él nunca había diligenciado esos formatos que se le exhibían. El psiquiatra entrevistado por el equipo auditor de la Contraloría, confirmó que la terminología usada tampoco  corresponde al lenguaje propio de su especialidad.

Y como eran facturas y órdenes de internación que parecían calcadas las unas de las otras, el médico confirmó: "El tratamiento nunca puede ser el mismo. Este debe variar de un paciente a otro".

De otra parte, se lee en el comunicado, "tanto los acuerdos como las órdenes de pago a favor de las diferentes IPS involucradas en el denominado cartel de los enfermos mentales, fueron suscritas, desde el año 2012, directamente por el entonces gobernador Julio César Guerra Tulena".

Finalmente, el contralor Maya informó que solicitó el apoyo de la Fiscalía por estos casos en los que "se encuentran involucrados como presuntos responsables el entonces gobernador del departamento, Julio César Guerra Tulena; los exsecretarios de Salud Departamental, Nayibe del Carmen Padilla Villa y Efraín de Jesús Suárez Arrieta, así como los funcionarios Samir Gregorio Serpa Álvarez y Oswaldo Marcial Contreras Gómez.