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Sucre

Capturan a seis personas por explotación ilegal de piedra caliza

La investigación dejó al descubierto una gran explotación ilícita de piedra caliza que estaría siendo comercializaba a más bajo costo, generando una competencia desleal.

La captura de seis personas, entre ellas dos mujeres, que harían parte de una banda delincuencial denominada por la Fiscalía como ‘La Roca’, dejó al descubierto una gran explotación ilícita de piedra caliza en el municipio de Toluviejo.

Las detenciones que pidió la Fiscalía 11 Especializada de Barranquilla  cobijan a Rosa María Benavides Márquez, Hugo Octavio Gutiérrez Bobadilla, Héctor Fidel Betín Hernández, Jorenis del Carmen Romero Olivero, Martín Eduardo Zuluaga Benavides y Temberto Rafael Hernández Contreras y se hicieron efectiva en el corregimiento La Piche (Toluviejo) y en Sincelejo.

El Juez Primero Penal Ambulante con funciones de control de garantías de Montería (Córdoba) decretó la legalidad de las aprehensiones que se dieron en desarrollo de diligencias de allanamiento y registro, pero no pudo avanzar en la diligencia de imputación de cargos por los delitos de daño en los recursos naturales, concierto para delinquir agravado, explotación ilícita de yacimientos mineros, contaminación ambiental, receptación y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido y privado de las fuerzas armadas porque los defensores de estos alegan que no existe competencia para ello en dicho juzgado.

Aducen no solo una competencia de índole territorial sino también en la justicia dado que varios de los procesados son nativos de La Piche, territorio donde es autoridad un Cabildo Menor que a su vez pertenece al Resguardo Yuma Las Piedras, en Toluviejo.

Para resolver este asunto y que el proceso avance, el juez envió este a la Corte Suprema de Justicia con el fin de que resuelva el conflicto de competencia que aducen los abogados de los procesados. Mientras se surte este trámite los seis procesados permanecen privados de la libertad en Sincelejo.

Una falsedad

Para demostrar la competencia entre la justicia ordinaria o la indígena  el abogado que representa a Temberto Rafael Hernández Contreras llevó como testigo a dicha diligencia a la capitana del Cabildo Menor Indígena de La Piche, Margelis Olascoaga Olivero, que en su presentación dijo que pertenecía al Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento (Córdoba).

Seguidamente anunció en la audiencia que “debido a este caso ya nuestro abogado está presentando un documento donde se plantea el conflicto de jurisdicción ante el consejo de la judicatura”.

Agregó que estaba en compañía de la fiscal del cabildo y que “ningún miembro de la comunidad indígena puede estar sometido a tratos crueles e inhumanos por parte de la jurisdicción ordinaria”, anotó, al tiempo que pidió que los detenidos estén bajo su custodia mientras se resuelva el conflicto de competencia.

Este medio conoció que la capitana en esa intervención mintió porque su comunidad pertenece es al Resguardo Indígena Yuma, de Toluviejo, que tiene incidencia en 14 cabildos, incluyendo el mayor, y no al de San Andrés de Sotavento como ella lo dijo en estrado.

Para corroborar esta falsedad consultamos a la cacica mayor del Resguardo Indígena Yuma, Leonarda Pestana, y al jefe jurídico del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre, Martín Moreno.

 “No dependemos del resguardo de San Andrés de Sotavento, somos diferentes a ese y nosotros estamos en proceso de constitución. Tenemos autoridad en 14 cabildos menores y dependiendo el proceso que ellos lleven nos consultan y a mí no se me ha consultado sobre este caso”, dijo Leonarda Pestana en entrevista con este periódico.

Agregó que “el desconocimiento de cómo está conformada la autoridad indígena es la que lleva a algunas personas a incurrir en errores”.

Dejó en claro que tienen autoridad propia y castigan bajo sus propias leyes.

Por su parte el abogado Martín Moreno nos ratificó que el Cabildo Menor Indígena de La Piche, que está en Toluviejo no pertenece al de San Andrés de Sotavento, este último solo tiene potestad sobre Sincelejo, Sampués y San Antonio de Palmito.

“El cabildo de La Piche le pertenece al resguardo colonial Yuma Las Piedras, de Toluviejo”, por eso “lo que ocurra en esa zona no es competencia territorial de nosotros”, anotó.

Para el tema de la competencia territorial, es decir, que por las capturas haberse dado en Sucre era en este departamento donde debían realizarse las audiencias, la Fiscalía dejó en claro que la investigación está basada en pruebas que fueron recolectadas en varios departamentos de la Costa Atlántica, en su mayoría  en Córdoba y Sucre.

La investigación que mantiene privados de la libertad a seis ciudadanos la inició la Fiscalía con base en una denuncia por usurpación de un título minero. Cuenta con más de 4 mil horas de grabación y puntos perfectamente georeferenciados por medio de satélites, entre otras que“ demuestran los tentáculos de la organización criminal ‘La Roca’, que se ha extendido en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar”.

Este medio conoció a través de una fuente que las investigaciones no solo se limitan al tema de extracciones de material minero como rocas, sino que también han logrado establecer que construcciones incluso del Estado se habrían realizado con este material ilegal y la penetración comercial de prestigiosas familias de Córdoba, Sucre y Bolívar en este negocio. Dos fiscales más apoyarán esta investigación.

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