Abogada sucreña es investigada por demandar al Estado con $44 billones
Las demandas hacen referencia a una supuesta extralimitación de competencias de la Secretaria de Tránsito del municipio de Sampués y el derrame de 69 barriles de petróleo en el Golfo de Morrosquillo.
Por considera que las demandas que ha entablado contra el Estado son exorbitantes, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ANDJE, radicó una queja a la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura contra la abogada Ana Karina Pacheco Caro, de Abogados y Contadores Asociados, por posibles conductas irregulares.
Esto se concluyó a partir de un estudio de la información litigiosa del Estado registrada en el Sistema eKogui.
Abogados y Contadores Asociados con oficinas en Sincelejo, específicamente en el centro de la ciudad, tiene demandas contra el Estado por más de $44 billones.
Estas demandas hacen referencia, según Luis Guillermo Vélez Cabrera, director de la Agencia Jurídica del Estado “una supuesta extralimitación de competencias de la Secretaria de Tránsito del municipio de Sampués y el derrame de 69 barriles de petróleo en el Golfo de Morrosquillo”.
En la primera demanda, que es una acción de grupo, en representación de 28 personas, Pacheco pidió declarar responsable al Ministerio de Transporte, Ministerio De Defensa Nacional, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Sucre, Superintendencia de Puertos y Transporte y el Departamento de Sucre por los trámites realizados por parte de la Secretaria de Tránsito y Transporte de Sampués (Sucre) porque, según ella, esta entidad no estaba legalmente constituida.
En la segunda, es contra de Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Oleoducto Central, Ecopetrol, Petro Inversiones Limitada y Finosca S.A.
También es una acción de grupo que ocho profesionales del derecho asentados en la ciudad de Sincelejo instauraron.
El pasado mes de septiembre, Sandra Marcela Lambraño Pacheco, una de las abogadas que instauró la acción de grupo, sostuvo a EL HERALDO, que entre las pretensiones que tiene este proceso judicial está que se declare a las entidades antes mencionadas como responsables de los daños antijurídicos ocasionados por el derrame de crudo, lo cual ocasionó daños materiales y moral.
Así mismo que esas entidades sean condenadas al pago de una indemnización colectiva que contenga en cada caso la suma ponderada de las indemnizaciones individuales de cada una de las personas que se integraron en esa demanda, dividiéndolas en grupos y subgrupos para efectos de establecer y distribuir la indemnización por razones de equidad propia de cada caso en particular.
Según la abogada, la indemnización está tasada en 14,7 billones de pesos y de ella son beneficiarias más de 5 mil personas que desarrollan diversas actividades en el municipio de Coveñas, en su mayoría derivadas de la vida marina que se vio afectada por el petróleo que cayó en las aguas.
Agregó la profesional del derecho que los estudios realizados por varias universidades da cuenta que entre tres y cinco años es que puede haber una restauración de la parte ambiental, pero no es total porque eso ha repercutido de forma directa ante algunas especies.
“Los pescadores han denunciado la afectación directa contra las especies y las zonas de manglar”, dijo Lambraño.
Además las entidades reconocieron que hubo un derrame de 66 barriles de crudo, pero esa suma, dice la abogada, no corresponde con la realidad que fue detectada en un sobrevuelo por un avión comercial que fue el que inicialmente alertó sobre lo que estaba ocurriendo en julio de 2014.
