Cargos contra exgobernadora de San Andrés por irregularidades en contratación
Procuraduría también profirió la falta contra exsecretario de Turismo (e), Charlie Clifford Livingston Livingston (2013).
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la exgobernadora del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Aury Socorro Guerrero Bowie (2012-2015), y al exsecretario de Turismo (e), Charlie Clifford Livingston Livingston (2013).
La medida se da por presuntas irregularidades en la contratación de un artista plástico para tallar e instalar 14 esculturas submarinas y elaborar dos murales en alto relieve.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, al parecer, la propuesta seleccionada no cumplía los requisitos de experiencia exigidos en la convocatoria pública, y de las dos (2) certificaciones que fueron presentadas por la unión temporal contratada, solo una se ajustaba a los requerimientos.
La licitación tenía asignado un presupuesto de $ 169 millones de pesos para la elaboración de las piezas, las cuales serían ubicadas en diferentes puntos de buceo.
Para el Ministerio Público, la exgobernadora al suscribir el contrato “presuntamente desconoció los dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, que le imponía el deber de escoger el ofrecimiento más favorable a la entidad y a los fines que ella busca, teniendo en cuenta, entre otros criterios, las condiciones de experiencia” consignadas en la convocatoria pública.
De igual manera, la entidad señaló que Livingston Livingston debió ser más cuidadoso y diligente, pues, aunque los requisitos establecidos en el pliego de condiciones eran claros, al parecer, adjudicó el contrato al proponente Unión Temporal Faiquare Lung “bajo el argumento de que cumplía los requisitos formales exigidos en la contratación”, lo cual no correspondía con la realidad.
El ente de control sostuvo que la conducta objeto de la actuación disciplinaria es presuntamente constitutiva de falta grave cometida a título de culpa grave, e igualmente señaló que los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia de la función administrativa.
