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Captadores de agua sin control ponen en emergencia el río Ariguaní

Producción agropecuaria, afectada.10 haciendas tienen licencia para usarlo.
Néstor de Ávila
Néstor de Ávila
Después de ser un caudaloso río, del Ariguaní, en la parte baja, no queda más que un charco a la altura de los tobillos. Néstor de Ávila
Producción agropecuaria, afectada.10 haciendas tienen licencia para usarlo.

Los 95 niños de la escuela de la vereda Puerto Lajas, municipio de Bosconia, Cesar, no van a clases con alguna frecuencia por falta de agua; sus padres están perdiendo los cultivos de patilla y maíz, mientras que la pesca prácticamente desapareció. Todo por la sequía a la que está sometida la cuenca baja del río Ariguaní, en límites con el departamento del Magdalena, por cuenta de las captaciones sin control del recurso hídrico que realizan dueños de haciendas en la parte alta del afluente.

A 15 kilómetros de allí está San José de Ariguaní, en el Magdalena, donde las cien familias que lo habitan tienen el mismo padecimiento, con el agravante que el balneario que bordea al pueblo está tan seco, que se acabó el turismo, un de las pocas actividades que todavía representaba el sustento de los lugareños.

No hay control. Cerca de diez haciendas, en su mayoría con extensos cultivos de palma, tienen concesiones autorizadas por las corporaciones autónomas regionales del Cesar y Magdalena, Corpocesar y Corpamaga, sobre este afluente que nace en la Sierra Nevada con una longitud de 183 kilómetros. Los contratos las autorizan a abastecerse de agua, pero no se está haciendo la regulación adecuada a estas captaciones, ni los propietarios consideran que en una temporada tan intensa de verano, como la actual, los porcentajes de aprovechamiento de la corriente deben bajar, para darles prioridad a las comunidades.

“El río está frenado”

El canal Garcés, que contaba con 3.700 litros por segundo para usuarios de la cuenca baja del Ariguaní, hoy está seco por las captaciones de agua en la parte alta del río.

Esta falta de control ha desencadenado en una verdadera emergencia social y ambiental en torno al Ariguaní, en jurisdicción de los municipios de Algarrobo, Magdalena; El Copey y Bosconia, en el Cesar, donde ya se presenta mortandad de peces y otros animales como hicoteas y babillas, además de vastas áreas desérticas que tienen a punto de colapsar las actividades agrícolas y la ganadería en la parte baja.

No es que no exista el caudal suficiente

El río tiene agua para todos, pero lo frenan en las alturas. El dos de marzo pasado, en unos de los aforos realizados por técnicos de Corpamag y Corpocesar, el caudal en la cuenca alta era de 12 mil 700 litros por segundo, aceptable para permitir a los campesinos poder sobrevivir; pero de esto ya poco o nada les llega.

“Cuando yo conocí el río Ariguaní, hace más de 40 años, por aquí no estaban las palmeras, esto era un paraíso, era caudaloso y la gente trabajaba contenta, había abundancia de pescado como bocachico, bagre, comeló y blanquillo, pero ahora todo eso se acabó. Las canoas están abandonadas casi tocando el camino de arena que queda por donde antes pasaba la corriente”, señaló Fernando Eliécer Flórez, habitante de Puerto Lajas.

Las aguas están atrancadas, nos están atropellando y no vemos solución”, dijo.  Aquiles Güete, otro lugareño, indicó que “tenemos conocimiento que los señores terratenientes, con grandes cultivos en la parte de arriba, acaparan las aguas y no circula. Por aquí ocasionalmente vienen las autoridades ambientales, pero no han hecho nada”.

En San José de Ariguaní, Anabella Parra, una de sus habitantes, sostuvo que “los que se aprovechan del río son los que tienen los cultivos de palma y arroz, cada día nuestra situación es peor, no tenemos cómo abastecernos ni de agua, ni de los productos que nos brindaba el campo y el río, los peces se mueren y los que logran salvarse son demasiados pequeños, que ni a uno mismo le provoca”.

Walberto Ortega, fiscal de la Junta de Acción Comunal de San José de Ariguaní, dijo que por la sequía  no hay fuente de empleo, se están llevando el agua para las fincas  los que sufrimos somos nosotros”.

EXIGEN SANCIONES

La preocupante situación fue dimensionada por Mauricio Sierra, usuario de la cuenca baja del río Ariguaní. Dijo que “tenemos un río caudaloso a 10 kilómetros y de pronto desaparece. Reconocemos que Corpocesar y Corpamag nos han hecho acompañamiento, pero necesitamos que las sanciones sean más drásticas cuando haya violaciones en la captación del agua”.

“Encontramos haciendas con compuertas para abastecerse del agua, pero no tienen la forma de regularlas;  cuando llegan las autoridades ambientales cierran los diques, pero una vez se van vuelven y los abren, entonces pedimos que las medidas sancionatorias sean más ejemplarizantes”, sostuvo.

Leuger Cortés, subdirector general del área de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional del Cesar indicó que con apoyo de la autoridad ambiental del Magdalena reglamentaron el uso del recurso.

En las visitas técnicas a la parte alta de la cuenca se realizan aforos para determinar el caudal, y dependiendo de las cantidades, se definen los porcentajes de agua se le debe dar a cada usuario.  Corpamag y Corpocesar asigna los caudales con base a criterios de los técnicos.

Sostuvo que por los cambios climáticos, los caudales han mermado, lo cual no permite que en la parte alta de las cuencas se recupere  el recurso hídrico. “Estamos analizando para determinar bien sea trimestral o semestralmente qué caudales se deben otorgar y de acuerdo con la oferta, lo autorizamos”.

No obstante, reconoció que se han derribado trincheras, diques, con los que se han pretendido desviar el río, pero que a pesar de iniciar los procesos, las sanciones generalmente no se concretan, porque los responsables en su derecho de defensa, argumentan que son terceras personas, indeterminadas, las que realizan estas interceptaciones.

“Ha habido desviaciones, pero en el entendido en que logramos derribar esos trinchos pasamos el informe a la oficina jurídica que procede con los respectivos sancionatorios, y en el entendido que todos estos procesos aquellas personas que son citadas tienen su debido proceso, por eso se ven lentas la toma de decisiones, porque muchos de ellos argumentan que no fueron ellos, que fueron otras personas y como el tema no fue en flagrancia, ellos tienen su defensa, generalmente estos procesos no terminan con una sanción concreta”, puntualizó.
 

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