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Región Caribe

Nueve alcaldes posibles responsables de cartelización de paneles solares

En 8 de los 9 proyectos auditados por la Contraloría con hallazgos por valor de $66.247 millones, se encontró una misma forma de operar.

Por presuntas irregularidades, la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República, viene adelantando nueve actuaciones de responsabilidad fiscal, en el marco de la auditoría que se realizó a través de la cual se descubrió una cartelización en los proyectos de paneles solares.

Según el ente de control, en ocho de los nueve proyectos auditados con hallazgos por valor de $66.247 millones, se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto.  

Los que figuran como presuntos responsables y los ejecutores de los proyectos, son los alcaldes de los municipios de Dibulla, Marlon Amalla; de Fonseca, Hamilton García; de San Juan del Cesar, Álvaro Díaz y de Urumita, Karol Dayana Romero, en La Guajira. También los alcaldes de Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguana en el Cesar, así como los miembros del OCAD PAZ y ministerios que dan el pronunciamiento único sectorial.

“Estos resultados hacen parte de una Actuación Especial de la CGR en la que identificaron 12 hallazgos fiscales por un valor total de 67.230 millones de pesos, de los cuales 9 corresponden al sector Minas y Energía (precisamente los relacionados con la implementación de sistemas fotovoltaicos). Los otros 3 hallazgos pertenecen al sector Transporte”, precisa la Contraloría. 

Adicionalmente y en cumplimiento de las funciones asignadas a este organismo de control, en el periodo comprendido entre el 19 de marzo al 23 de diciembre del 2020, se revisaron 178 proyectos de inversión  por un valor de $2,3 billones que habían sido viabilizados en los sectores de Agricultura y Desarrollo Rural, Deporte y Recreación, Transporte, Educación, Minas y Energía.

La razón es que no se encontraban ajustados a los nuevos requerimientos establecidos  en la Ley 2056 del año 2020 y su Decreto reglamentario 1821 del 2020, para su efectiva aprobación a través del OCAD Paz y posterior ejecución. Se hace referencia aquí a las sesiones No. 27 a No.48. 

La Contraloría realizó actuaciones especiales realizadas en diferentes municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET, luego de lo cual detectó que una importante cantidad de proyectos viabilizados por OCAD Paz se están aprobando sin cumplir con los requisitos necesarios, lo que a futuro podría derivarse en detrimento patrimonial.  

Señala que, por ejemplo, se advirtió sobre necesidad de revisión exhaustiva a 30 proyectos con inconsistencias documentales.  Se pidió una revisión minuciosa de los proyectos, 10 de los cuales fueron aprobados posteriormente en sesiones 53 y 56. 

También advirtió sobre superación del monto de recursos ($400 mil millones) para aprobación y advirtió falencias en estructuración de 42 proyectos, por lo que insta a estos organismos a tener mayor control y exigencia.   

Investigan señalamientos a funcionarios

Indica el organismo que, en medio de la revisión que se hace, han recibido correos anónimos y han circulado panfletos, donde se presentaron quejas por supuesta “obstrucción” a las obras por parte de sus funcionarios.
 
En agosto del 2021 llegó a la Contraloría General de la República una denuncia instaurada a nombre del contratista Juan Carlos Saldarriaga, desde el correo entidadesterritorialespdet@gmail.com, con la información que se retomó esta semana como una denuncia que supuestamente involucraría a tales funcionarios. 
 
“Como es debido, se realizó una investigación interna, la cual no arrojó ningún indicio de detrimento patrimonial, sino que al contrario encontró que el señor Saldarriaga había sido suplantado en su correo electrónico y dado esto, se desestimó a falta de pruebas.  Sin embargo, debido a la gravedad de las acusaciones realizadas en el correo, se instauró una denuncia penal en la Fiscalía por injuria y calumnia y con el fin también de encontrar la dirección IP real de la que persona que realizó la denuncia por email antes mencionada”, explica la entidad que respaldó a los funcionarios.

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