Las dificultades para abortar que afrontan las migrantes en la región Caribe

La autora del informe es Juliana Martínez Londoño, PhD en Ciencias Humanas y Sociales y ex secretaria de Mujeres en Medellín, quien afirma que “las barreras que enfrentan las mujeres para acceder a la IVE se basan en prejuicios y estigmas sobre el aborto. En el caso de las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas se añade la xenofobia y discriminación de la que son objeto por su condición. Esto también implica tener en cuenta los patrones culturales que influencian las prácticas en torno a la salud, la sexualidad y la reproducción”.

Como parte de la investigación se realizaron entrevistas, grupos focales, análisis de datos y casos, entre otros métodos de investigación aplicados a mujeres migrantes venezolanas que a partir del año 2018 comenzaron a reportar barreras cuando buscaban someterse a un aborto en el país.

“Esto permitió identificar tres grandes categorías en las que se presentan las barreras de acceso, que son: el desconocimiento del marco legal, que lleva también al desconocimiento de la IVE como una urgencia; segundo, las interpretaciones restrictivas de este, con la solicitud de documentos que den cuenta del estatus migratorio; y tercero, las fallas en la prestación de los servicios. Ahora, dentro de las barreras de acceso particulares que enfrentan las mujeres migrantes se encuentran: el desconocimiento de la legalidad del aborto en Colombia, la falta de intimidad en sus espacios habitacionales, lo que dificulta obtener información oportuna, la falta de redes para la prestación del servicio, las fallas en cuanto a las denuncias por violencia sexual, la negación del servicio por no tener un estatus migratorio regular, entre otras” dijo.

Explicó que en cuanto a las barreras de acceso a otros servicios de salud sexual y reproductiva, la investigación documenta que, para quienes no cuentan con afiliación a salud, el acceso a métodos anticonceptivos no está disponible, ni siquiera a través de urgencias.

“Las mujeres migrantes irregulares solo pueden acceder a estos en la atención postparto o postaborto sin lograr controlar su fecundidad. En cuanto a la atención del embarazo y el parto, las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas con estatus irregular solo logran ser atendidas al momento del trabajo de parto, sin haber tenido acceso, en muchas ocasiones, a controles prenatales. También se identificaron hechos constitutivos de violencia obstétrica, ya que las mujeres informan haber recibido maltrato tanto con comentarios que cuestionaron sus decisiones reproductivas, como al dejar de ser consultadas sobre los procedimientos médicos llevados a cabo en sus cuerpos”, sostuvo.

Si bien la investigación sobre barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo de mujeres migrantes tuvo como referencia Bogotá, Ipiales, Soacha y Cúcuta, es posible hacer algunos de estos análisis para la región Caribe.

“De las 154 mujeres que fueron atendidas por la Mesa, el 8,4 % corresponde a casos de la costa Caribe, es decir unas 13 mujeres en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Luruaco, San Marta, Sahagún, y Valledupar”, manifestó.

El 73 por ciento de las atenciones son mujeres jóvenes con edades entre 15 y los 29 años, y en el caso de las atenciones de Oriéntame, el 35 por ciento están entre las atenciones de 20 a 24 años y el promedio de edad entre los 25 años.

“Es necesario tener en cuenta que uno de los riesgos de embarazo es estar en edad reproductiva y tener pareja, entonces uno podría asumir esto de este grupo de mujeres, pero también tendríamos que pensar pues que hay mujeres en todas las edades y hay unos datos preocupantes,  como por ejemplo que el 2,6 por ciento sean niñas entre los 10 y 14 años, que es de quienes se presume violencia sexual”, manifestó.

Entre algunas de las anécdotas obtenidas durante la elaboración de la investigación, se destaca la historia de Yesica, una joven migrante de 21 años, quien a pesar de la gestión no pudo acceder al mencionado servicio debido a las trabas en el proceso.

 “Es una joven que para esa época tenía 23 semanas de embarazo y que era una migrante irregular. Ella estuvo en el hospital y le dijeron que su caso no se encontraba en ninguna de las causales y esto es preocupante porque allí identificamos una de las primeras barreras que es la violación del derecho a un diagnóstico integral. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo contactó a una EPS que iba a ayudar con el procedimiento, se agendó la cita, pero en ese momento estábamos en medio de las restricciones por la pandemia y ella no logró trasladarse para cumplir la cita”, dijo Juliana Martínez

La investigadora continuó narrando que “ante esto la Defensoría interpuso una tutela y la respuesta que dieron es que ella debía ser atendida por psiquiatría y aquí tenemos otra barrera, porque es un requisito adicional que no está establecido en la jurisprudencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, luego de la atención psiquiátrica Yesica recibió un resultado en el que desestima que la depresión en la que cayó esté relacionada con el embarazo, por lo tanto se pasó el tiempo y no logró acceder a la interrupción voluntaria de embarazo”.

Otros casos fueron atendidos en Cúcuta, con un total de 53; Bogotá, con 22; y Tibú, con 8.

Otras de las fallas detectadas para el acceso a este derecho radica en la carencia en el almacenamiento de datos de entidades territoriales que no tenían datos desagregados para mujeres migrantes, y la falta de rutas específicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

De acuerdo con Migración Colombia, en agosto de 2021 la Costa Caribe contaba con 278.257 refugiados y migrantes venezolanos, lo que representa el 15,1 % del total de esta población en Colombia.

Según las autoridades, las tres principles capitales de la Costa, Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, son las ciudades con mayor concentración de población refugiada y migrante venezolana de esta zona del país.

Para obtener mayor orientación al respecto, las mujeres pueden comunicarse con la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, a través de la línea 3202733179 e igualmente pueden ingresar a la página www.despenalizacióndelaborto.org.co.

“Las  mujeres migrantes que están regularizadas pueden pedir este servicio a su EPS; y las mujeres migrantes en estatus irregular pueden acceder a  través de servicios de urgencia, esa es la posibilidad que plantea el Ministerio de Salud y que debe ser garantizado. En caso de presentarse barreras de acceso pueden presentar acciones de tutela como presentar queja ante la Superintendencia de Salud y está disponible el servicio  de acompañamiento legal que presta la Mesa de Salud por las Mujeres”, dijo.

En materia de instituciones también surgieron propuestas que ayudarían a prestar un mejor servicio frente al acceso a este derecho establecido por la ley colombiana.

“Yo creo que tres medidas claves pueden ser: capacitar a los funcionarios y las funcionarias que están abocados a la implementación de esta normatividad; construir protocolos específicos para la atención de mujeres migrantes que en este caso no sería solo para venezolanas, sino para mujeres migrantes en general, y por supuesto hacer acciones de promoción y prevención dirigidas a esta población,  de manera que reciban información que les permita tomar decisiones con conocimiento”, dijo.

Migración Colombia calculó, con corte a agosto de 2021, que Bogotá (21,37 %), Antioquia (14,34 %),

Norte de Santander (8,91 %), Atlántico (7,63 %) y Valle del Cauca (7,15 %) son las entidades territoriales con más población venezolana en el país.