Los escándalos de corrupción que dejó el 2017 en el Caribe

No faltaron durante el año que finalizó los expedientes por corrupción en el Caribe, que van desde los más dolorosos casos en que los funcionarios y particulares se feriaron la plata de alimentación infantil, hasta los indignantes episodios de obras de infraestructura sin terminar y recursos perdidos.

El catálogo por departamento de los más sonados escándalos fue así: carteles de la hemofilia y del síndrome de Down, así como los desfalcos a las regalías en Córdoba; el PAE, los centros de salud inacabados y la eterna Vía de la Prosperidad en el Magdalena; la inestabilidad política de Cartagena por los líos de ‘Manolo’ con su primo José Julián, el cartel de las construcciones y las pechugas de pollo; las huérfanas de Riohacha y La Guajira por cuenta del PAE y los delitos electorales; la docena de funcionarios bajo la lupa en el Cesar por robos a la comida de los niños; los carteles de los enfermos mentales y el nuevo del asma en Sucre y los atrasos en los centros de desarrollo infantil y proyectos críticos en el Atlántico.

Córdoba: carteles de la salud y regalías

Desde que se descubrió el temible ‘Cartel de la Educación’ en Córdoba, en 2015, hasta los días recientes del ‘Cartel de la Hemofilia’, la corrupción en este departamento ha saqueado $213.000 millones, los cuales, en palabras del veedor cívico de Montería, Darío Díaz, “hubieran alcanzado para las obras definitivas que necesita el río Sinú en sus puntos críticos y evitar que nuestros hermanos cada año sigan sufriendo con las inundaciones”.

Por el ‘Cartel de la Educación’ hay procesos contra unas 15 personas entre abogados y exfuncionarios de la Gobernación, por el desangre de las arcas del magisterio en $64 mil millones, en medio de un escándalo que además este año tocó al senador barranquillero de La U, Armando Benedetti.

Entre tanto, por el de la hemofilia, el desfalco de aproximadamente $50 mil millones según la Contraloría, han sido capturados y asegurados los ex secretarios de Salud, Alfredo Aruachán y Edwin Preciado; y los exauditores Juan Náder y Marcela Suárez; Rubén Guerra, representante legal de la IPS San José de la Sabana, y el condenado Alfredo Ceballos, coordinador del PAI.

De otro lado, por el ‘Cartel de las Regalías’, se habrían malversado recursos de ciencia y tecnología por $85 mil millones, por lo que a mediados de enero fue capturado Luis Vega, representante de Ctas.; Juan Gualdrón, representante de Conif; Miguel Benjumea, exdirector de regalías, y Maximiliano García y Jesús Henao, quienes ya venían privados de la libertad por el homicidio del ex jefe de Regalías, Jairo Zappa, ocurrido en marzo de 2014.

Y por el ‘Cartel del Síndrome de Down’, revelado por la Contraloría y a través del cual particulares y familiares de algunos políticos y funcionarios se habrían apoderado de unos $10 mil millones; aún no ha habido capturas pero ya se anunciaron por parte de la Fiscalía.

Magdalena: PAE, Calle 22 y Centros de Salud

El Plan de Alimentación Escolar, PAE, del Magdalena en la vigencia anterior, el contrato de intervención de la Calle 22 y la remodelación de cinco centros de salud, fueron los hechos más sonados de supuesta corrupción en este territorio durante este año.

Según la Contraloría, en el PAE el departamento canceló almuerzos por valor superior a lo establecido en los estudios de mercado, es decir, se contrataron con precio unitario de $2.300 y los pagaron a $2.900. También se cancelaron 44 días de almuerzos que no fueron entregados. Con una Corporación se hizo una contratación por monto superior a los $17.000 millones, a través de un convenio de asociación, acto que debió hacerse mediante licitación.

Bajo la administración de la gobernadora Rosa Cotes Vives se presentó el presunto detrimento patrimonial por $3.181 millones, por irregularidades en el proceso de selección de los contratistas, como con la tristemente célebre Corporación Gestión de Recursos Social y Humano, Gers.

En Santa Marta se libró orden de captura el contratista del Consorcio Setp 2015, Omar Álvarez Escorcia y el interventor, Mauricio Santos, por incumplimiento en obras civiles de la Calle 22 con Avenida Ferrocarril y de la Carrera 1 también con Ferrocarril, por valor de $13.070 millones. Se realizaron pagos por obras no ejecutas por un valor de $2.500 millones.

El alcalde Rafael Martínez y el exalcalde Carlos Caicedo, fueron capturados por presuntas irregularidades en las obras de adecuación y remodelación de cinco centros de salud, contratados entre octubre de 2014 y enero de 2015, a través de la ESE Alejandro Próspero Reverend, por $6.537 millones. El contrato se adjudicó por medio de una convocatoria pública, pero solo terminaron uno y los otros cuatro quedaron inconclusos. La Fiscalía no mostró pruebas de los argumentos de las capturas y los dirigentes quedaron en libertad, pero vinculados al proceso.

Además, la Contraloría estableció a mediados de año un presunto detrimento patrimonial de $32.616 millones en las obras de la Vía de la Prosperidad, por deficiencias en la planeación del proyecto, que según el DNP es uno de los más críticos del Magdalena y “se encuentra en este estado debido a que a la fecha no se ha definido el trazado, longitud y costo real de la vía, lo que genera incertidumbre sobre el cumplimiento de la meta y el alcance del proyecto”.

Cartagena: la corrupción sacó al alcalde

Cartagena fue una de las principales protagonistas de la serie de escándalos que se evidenciaron en todo el Caribe durante 2017.

El primer capítulo inició a mediados de año, cuando a través de una investigación adelantada por la Fiscalía, se conoció que hubo irregularidades en la elección de la contralora distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo. De acuerdo a las investigaciones, dicho cargo fue un puesto feriado en el despacho de la Alcaldía de Cartagena y en la oficina de José Julián Vásquez, el primo del exalcalde Manuel Vicente Duque, en el sector turístico de Bocagrande, del cual se conocieron audios en los que se acordó la elección del contralor y la manera como, en el caso del concejal Useche Correa, recibiría una retribución tras brindar su apoyo a Fontalvo.

También cabe recordar que el exalcalde Duque estaba ya siendo investigado por el llamado ‘Cartel de las Construcciones’, luego de la tragedia que golpeó el barrio Blas de Lezo el pasado 27 de abril, cuando se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, donde murieron 21 obreros y resultaron heridos 23 más, hecho que originó revisiones de construcciones realizadas por el clan constructor de ‘los Quiroz’ y requerimientos al respecto de la Procuraduría.

Y en la misma era de ‘Manolo’, la Contraloría descubrió que se contrató el PAE en noviembre de 2016 de manera directa e irregular por $23.427, recursos con los que se pagaron las tristemente célebres pechugas de pollo a $40.000 por parte del Consorcio Proescolares 2016 con la Comercializadora La Nueva Esperanza SAS, que además era una ferretería, y que con este consorcio se volvió a contratar, en mayo de 2017, de nuevo el PAE esta vez por $15.412 millones.

De acuerdo con el DNP, además, Bolívar tiene 12 proyectos críticos por $81.040 millones, entre ellos el proyecto ‘Construcción de una institución prestadora de servicios de salud de mediana complejidad en el municipio de Simití’, por $29.141 millones, ya que “se evidenció la necesidad de obras adicionales para su correcto funcionamiento y estabilidad de la obra”.

La Guajira y Riohacha: sin mandatarios

Los líos judiciales de los gobernantes en La Guajira tuvieron a este departamento y al distrito de Riohacha en inestabilidad institucional y administrativa durante el 2017.

El gobernador Wilmer González Brito, quien había sido elegido en noviembre del 2016, avalado por los partidos de la U y Conservador, se encuentra detenido desde el mes de febrero del 2017, después que le dictaran medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía lo acusó de los delitos de cohecho, falsedad en documento público, corrupción al sufragante y fraude procesal, por irregularidades cometidas durante su campaña a la gobernación.

Mientras tanto, el alcalde de Riohacha, Fabio Velásquez Rivadeneira, quien fue elegido en octubre del 2015 con el aval de Cambio Radical, también se encuentra encarcelado junto a su secretaria de Educación, Dilcey Acosta, acusados de irregularidades en la contratación del PAE en esta ciudad. Ambos funcionarios, además, acaban de ser destituidos e inhabilitado por 12 y 10 años, respectivamente, en un fallo de primera instancia emitido por la Procuraduría.

De igual forma, son los ex gobernadores de la península, Sugeila Oñate Rosado, quien estuvo en calidad de encargada y José María Ballesteros, por irregularidades en la contratación del PAE. En la península de La Guajira, con sus consabidos problemas de desnutrición infantil, todavía hay irregularidades con la alimentación de los niños: la Contraloría abrió 16 procesos a raíz del PAE por valor de $20.550 millones. Ballesteros, además, se encuentra detenido por presuntas irregularidades en la suscripción del convenio de cooperación especial celebrado por un valor de más $17 mil millones para prevenir el dengue en este departamento.

Y el DNP señala que La Guajira tiene 36 proyectos críticos por $207.925 millones, entre los que se encuentra el proyecto de construcción de la terminal de Uribia, que persiste como crítico desde el 31 de diciembre de 2015, ejecutado por el departamento por $7.944 millones, “ya que no se han adelantado las gestiones para garantizar la operación y funcionamiento de la infraestructura del proyecto, pese a que las obras se encuentran terminadas desde febrero de 2015”.

Cesar: PAE y proyectos críticos

Trece procesos de responsabilidad fiscal por $8.518 millones tiene abiertos la Contraloría en el Cesar por irregularidades detectadas en el PAE, por las cuales son investigados más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas.

Entre los investigados están el exalcalde de La Jagua de Ibirico y actual candidato al Senado, Didier Lobo; el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero, y el exgobernador Luis Monsalvo; además de los actuales secretarios de Educación y General del Cesar, Jorge Araújo y Jaime Fuentes; los secretarios de Educación y General de Valledupar, Luis Matute y José Lechuga; y el ex secretario de Educación de La Jagua de Ibirico, Daniel Argote.

Igualmente, figuran el ex secretario de Educación de Codazzi, Raúl Bermúdez; el ex jefe de Planeación de Gamarra, Álvaro Clavijo y el funcionario de la Gobernación, Octavio Lafont, en su calidad de supervisor de tres contratos, vinculado a igual número de procesos.

Entre los contratistas están vinculados la Fundación Kabala, la Asociación de Manipuladores del Cesar, la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad, Sysdac; Gers y la Fundación Acción Social Integral, ACSI, antes Kabala.

Además, el DNP alerta sobre 13 proyectos críticos en el departamento por $282.156 millones, entre los cuales se encuentra el proyecto ‘Consolidación de las capacidades de CTeI del sector agropecuario’, por $77.265 millones, no solo está en estado crítico sino que además se encuentra suspendido contractualmente desde el 13 de enero pasado, debido a que requiere recursos adicionales por falencias en la planeación.

Sucre: carteles de enfermos mentales y asma

Este año sin lugar a dudas se ha convertido en uno de los más agitados para Sucre en materia de corrupción, llevando la bandera el tema del ‘Cartel de la Salud Mental’ que tiene en líos con la justicia a nueve funcionarios, particulares y exfuncionarios contra quienes pesan medidas de aseguramiento, entre ellos a tres exsecretarios de Salud departamental.

Según la Fiscalía, los funcionarios de la Secretaría de Salud, entre ellos los exsecretarios y particulares que representaban a las IPS Nuevos Amaneceres y Fundación Nuevo Ser, de manera irregular e ilícita entre los años 2014 al 2015, se apropiaron repetitivamente de recursos públicos pertenecientes a la Seguridad Social en Salud por $5.094 millones, a través de la expedición de actos administrativos por concepto de servicios médicos de hospitalización y tratamientos de supuestos enfermos mentales los cuales la Fiscalía encontró que estaban fundamentados en documentos falsos y diagnósticos de pacientes que no tenían realmente problema mental alguno.

Hace un par de semanas, la Contraloría estableció nuevos hallazgos por este mismo ‘Cartel’, esta vez por $5.751 millones, pagados por la Gobernación en 2012 a favor de la Fundación Camino a la Virtud.

Además, hace una semana la Gerencia Colegiada del ente de control fiscal en Sucre detectó lo que sería el ‘Cartel del Asma’, que al decir del ente de control es una réplica del de ‘Salud Mental’, teniendo en cuenta que hay unas ESE con las que la Gobernación de Sucre contrató unos servicios y estas aducen haber atendido a unos pacientes que resultaron con la misma sintomatología de problemas de respiración y a los que les recetaron los mismos medicamentos, entre ellos oxígeno por sumas exorbitantes.

En el PAE, según le dijo la Contraloría a este diario, se abrieron cinco procesos fiscales por $867 millones, en los municipios de Sampués, San Onofre y San Benito Abad, por sobreprecios en el valor de la ración alimentaria y pagos de gastos no autorizados e incluidos en el valor de la ración.

Con las regalías, la Contraloría le puso de presente al gobernador Édgar Martínez, que estableció un hallazgo fiscal por $1.038 millones en el contrato 050 del 9 de diciembre de 2014, denominado ‘Adecuación de la sede para el museo arqueológico de Sucre’, ya que el edificio no cuenta con un sistema de iluminación adecuado para piezas arqueológicas, no tiene un microclima para la conservación del patrimonio nacional zenú y porque, además, hay comején.

Y según el DNP, Sucre tiene 21 proyectos críticos por $102.074 millones, entre ellos el de ‘Obras de protección y control de la erosión costera subregión del Golfo de Morrosquillo’, por $15.476 millones y que permanece crítico desde 2014 por “insuficiencias técnicas graves”.

Atlántico: atrasos en centros infantiles y proyectos críticos

En el segundo semestre, la Contraloría le puso de presente al gobernador Eduardo verano tres hallazgos fiscales por $1.018 millones, entre ellos, uno en el contrato 0167 del 20 de agosto de 2014, llamado ‘Construcción y dotación de 21 centros de desarrollo infantil en el departamento del Atlántico’, por $94 mil millones, suscrito con la Unión Temporal CDI Atlántico y con la Unión Temporal CDI 21, pero en el que “las obras presentan un atraso del 84% con respecto a los valores recibidos”.

Otro con cuestionamientos es el contrato 0108 del 19 de noviembre de 2014, denominado ‘’Mejoramiento pavimentación vía Santa Lucía-Algodonal-Campo de la Cruz Sector Algodonal-Campo de la Cruz en el departamento del Atlántico’, por $1.635 millones, suscrito con el Consorcio Algodonal 2014, en el que se determina que aunque las obras fueron entregadas el 10 de agosto de 2015, la Contraloría encontró las obras con estancamiento de agua, desprendimiento de la capa superficial del pavimento, agrietamiento y hundimiento.

De otro lado, el DNP detectó que Atlántico tiene cuatro proyectos críticos por $30.854 millones y uno de ellos es el de ‘Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, interceptores y laguna de estabilización de la cabecera municipal de Polonuevo’, que se encuentra en estado crítico por presentar insuficiencias técnicas graves debido a malos procesos constructivos.

Y frente al PAE, en el departamento se abrieron seis procesos de responsabilidad fiscal, por un daño patrimonial que suma $2.258 millones: dos en el municipio de Soledad, por $1.703 millones y cuatro en Malambo, que ascienden a $554 millones.