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Los 10 carteles que desangraron las arcas públicas en la Región Caribe

La corrupción no dio tregua en el año que termina en la Costa. No se escaparon ni los bebés ni los adultos mayores. El desangre se estima en más de 228 mil millones de pesos. 

La corrupción no dio tregua en el año que termina en la Costa. No se escaparon ni los bebés ni los adultos mayores. El desangre se estima en más de 228 mil millones de pesos. 

La corrupción no tuvo descanso este año en Colombia y la Región Caribe no fue la excepción. Los entes territoriales fueron flagelados por la corrupción en varias entidades y figuras de la vida públicas que han desarrollado los diferentes carteles que han permitido el desvío irregular de millonarias sumas de dinero del erario.

Varios de esos carteles se dieron a conocer durante esta temporada e incluso otros más antiguos tomaron vigencia en este 2018 por conocerse nuevos fallos disciplinarios o penales.

Uno de los casos más recientes fue el Cartel del Sida en Córdoba, que fue dado a conocer por el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, quien aseguró que se desviaron millonarias sumas de dinero, destinadas para la atención a pacientes con sida, medicamentos, servicios médicos y citas de control para falsos pacientes.

En total están detectados 10 carteles: en Cesar el de medicamentos, el de los falsos locos y el del escalafón; Córdoba, el del bastón, Tucson, hemofilia, magisterio y síndrome de Down; Sucre, asma y libranzas, lo que representa un detrimento cercano a los $217.345 millones.

Además, se presentaron tamañas irregularidades con el PAE en Cartagena y La Guajira, que suman un total de $228.045 millones desviados.

Estas sumas pueden incrementarse en los próximos meses porque en algunos casos no hay aún una cifra oficial porque apenas se está en la etapa de investigación, como el cartel del escalafón y el lamentable hecho de la muerte de 16 bebés prematuros entre junio de 2016 y enero de 2017 en la Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, en Valledupar.

Falsos ‘locos’

Uno de los mayores escándalos de corrupción en el país fue dado a conocer en abril de este año por la Fiscalía, el cual se fraguó desde la Junta Calificadora del Cesar, que llegó a convertirse en toda una estructura delincuencial para avalar invalidez a por lo menos 400 empleados, especialmente de empresas mineras, para que estos de manera fraudulenta lograran pensionarse adelantadamente, logrando un desfalco cercano a los $100 mil millones en la empresa estatal Colpensiones y los fondos privados. A cambio de conseguir la pensión e incluso millonarios préstamos en el sector financiero, los integrantes de dicha junta creaban certificaciones médicas, expedientes y hasta perfiles de incapacidad mental para que los trabajadores accedieran más rápido a la pensión.
Por este caso, un juez de Valledupar emitió fallo condenatorio contra seis de las personas implicadas, en el fraude del llamado ‘El Cartel de las Pensiones’.

Cartel del escalafón

La Fiscalía puso al descubierto la forma cómo funcionarios de la Secretaría de Educación del Cesar negociaban falsos títulos para lograr el ascenso irregular de docentes en el escalafón, lo que les permitía a los ‘beneficiados’ acceder a mayores sueldos y acelerar el proceso de jubilación. Esta investigación empezó a partir de una denuncia que realizó Gustavo Cadenas Callejas –docente y exrector de un colegio en Chimichagua–, en la que entregó un audio con una conversación que sostuvo con Deisy Johana Moreno Ruiz, encargada de revisar la documentación para los ascensos.

Medicamentos falsos

Tras la muerte de 16 bebés prematuros entre junio de 2016 y enero de 2017 en la Clínica Laura Daniela, en Valledupar, las autoridades pudieron descubrir toda una red de medicamentos falsos que delinquía en el país. El escándalo en la capital del Cesar se relacionó con el fallecimiento de los neonatos a los que les aplicaron el surfactante pulmonar Survanta, que había sido adulterado y obtenido en el ‘mercado negro’. Por estos hechos  capturaron a los implicados y los organismos competentes aplicaron sanciones millonarias a las entidades comprometidas en este caso. También se sancionaron los funcionarios encargados de la vigilancia y control de medicamentos en el departamento.

Down y bastón 

La Contraloría General de la República en alianza con la Fiscalía iniciaron una investigación en el departamento de Córdoba para establecer el presunto desvío de 1.345 millones de pesos mediante la entrega falsa de medicamentos y refrigerios a niños con Síndrome de Down.
Para el caso del denominado ‘Cartel del Bastón’ se trató del supuesto desvío de 4 mil millones de pesos que habían sido destinados para actividades de atención a los adultos mayores del departamento. Por este caso la Procuraduría ya ratificó una sanción en contra de la secretaria de Mujer y Género departamental, Sandra Gómez Urbina.

Cartel de las Tucson

Uno de los casos más sonados fue el denominado ‘Cartel de las Tucson’, que consistió en que algunos extrabajadores de la extinta Telecom interpusieron tutelas en las que reclamaron pagos pensionales y beneficios económicos a los cuales no tenían derecho. En este caso las autoridades condenaron al juez Primero Promiscuo Municipal de Lorica, Álvaro Alfonso Chica Yánez, quien falló de manera irregular cerca de 86 tutelas que permitieron el cobro de más de 5 mil millones de pesos, tan solo en los cobros realizados a través de su despacho.

Cartel de la Hemofilia

Otro de los casos que sigue vigente en la retina de los cordobeses, con relación a temas de corrupción, es el llamado ‘Cartel de la Hemofilia’, mediante el cual se pagaron cerca de 50.000 millones de pesos a centros médicos por suministrar medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron.Por este tipo de proceder fue condenado a ocho años de prisión Alfredo Ceballos Blanco, quien fungió como representante legal de la EPS Unidos por su Bienestar, implicada en el escándalo de los millonarios desvíos irregulares. De igual manera, recién fue condenado a 27 meses de prisión. 

Cartel del Magisterio

De acuerdo con las pruebas recolectadas, en el llamado ‘Cartel de Pensiones’ del Magisterio en Córdoba se presentó una defraudación cercana a los $32 mil millones. A pesar de que estos hechos de corrupción datan de 2013, solo hasta este año se comenzaron a ratificar sanciones. El primer fallo condenatorio por este caso fue emitido por el Tribunal de Bogotá en contra del abogado Guillermo Raúl Rhenals Nova, quien fungió como apoderado del Mineducación. Según las autoridades, el abogado aprovechó su cargo en la institución para cometer actos de corrupción. 

En La Guajira

El exalcalde de Riohacha Fabio Velásquez fue destituido e inhabilitado por 12 años por la Procuraduría en abril de este año. Pero desde enero de 2017 que comenzaron sus problemas judiciales, 9 alcaldes ha tenido Riohacha. Hoy es investigado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en la contratación del PAE que tuvo un valor de $5.700 millones. Entre tanto, el gobernador Wilmer González Brito fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años de prisión por delitos de cohecho, falsedad en documento privado y fraude procesal, así como determinador del delito de corrupción de sufragante, que fueron cometidos durante el proceso electoral en noviembre de 2016, en el cual fue elegido.

El PAE en Cartagena

Otro de los escándalos judiciales por corrupción el interior del Distrito, pero sin duda el más sonoro de todos fue el de las irregulares en la contratación del PAE en Cartagena donde, según las autoridades, hubo un detrimento patrimonial de más de 5.000 millones de pesos. Por este caso fueron juzgados 6 personas, entre ellos el ex alcalde de Cartagena Manuel Vicente Duque, el ex secretario de educación y ex rector de la Universidad de Cartagena,  la funcionaria de la Secretaría de Educación, Mayiris Gómez Ballestas; la representante legal de la Fundación Redcom, Gladys Muñoz; la representante legal del consorcio Proescolar 2016, Sandra Mercado, y a David Camacho Benítez. corrupción asociados a la administración pública, en los que la Fiscalía aseguró hubo cooperatividad y coautoría de los funcionarios y dos particulares que fueron los ganadores de la licitación que de manera fraudulenta fue organizada y dirigida para favorecerlos.
Según el expediente del caso, el detrimento total en el contrato de urgencia manifiesta, para poder supuestamente suplir las necesidades del PAE, en el 2016, fue de $766.609.829 y en el segundo contrato, al que se le sumó el otrosí, para el mismo efecto,  el hallazgo en el detrimento económico para el Distrito, fue de $4.410.754.328.

‘Enfermos mentales’

Sin reponerse aún de los estragos que causó para el sector salud de Sucre el ‘cartel de los enfermos mentales’, descubierto a mediados de 2016, en esta vigencia aparecieron  dos: se trata del ‘cartel del asma’ y de ‘las libranzas’. El del asma también involucra al sector salud y tiene asegurados a la exsecretaria de Salud de Sucre, Melissa Velilla, y al gerente de la ESE de Betulia, Fabio Pineda Tejada. Él está preso en la cárcel de Corozal, mientras que ella tiene casa por cárcel también en esa ciudad. 
Este cartel facturaba servicios de pacientes que nunca existieron.

‘El de las libranzas’

El  de las libranzas, que operaba desde la Secretaría de Educación de Sucre, se encargaba de limpiar del sistema las deudas de los maestros para hacer préstamos a su nombre, y algunos de ellos no lo sabían hasta que les llegaban los cobros. Es de anotar que si bien el desfalco del cartel de las libranzas está estimado inicialmente en 20 mil millones de pesos que afectan al sector bancario, el magisterio en su totalidad, es decir, 7.500 empleados entre docentes, directivos docentes y administrativos, están afectados en estos momentos porque no les han pagado las primas. Esto último se debe a que los 5 funcionarios de la Secretaría de Educación involucrados en este son los que tienen los códigos para efectuar los pagos.

 

 

 

 

 

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