La Región Caribe registra 12 masacres en 2020
Según un informe del Centro de Pensamiento UNCaribe, los hechos dejaron 39 víctimas. Dos de los casos fueron en el Atlántico.
La tarde del pasado 22 de noviembre la cancha conocida como Envigado, del barrio Pumarejo, en Soledad se llenó de sangre. En ese lugar tres personas fueron asesinadas en medio del ataque a balas, que según la Policía, iba dirigido hacia dos de las víctimas.
Cindy Monsalvo De Alba, de 32 años, recibió 11 impactos de bala; mientras que John Cantillo Robles, de 39, murió al recibir nueve disparos y la tercera víctima, Gustavo Zúñiga Julio, de 26, fue alcanzado por una de las balas. Los dos primeros murieron en el acto, el último falleció cuando era trasladado a un centro de salud.
Según las autoridades, el ataque se dio por “una pugna entre bandas criminales” que se pelean las rutas de estupefacientes en varias zonas de ese municipio.
El crimen forma parte de las 12 masacres que se han perpetrado en toda la región Caribe, en los últimos meses de 2020, según registra el Observatorio del Conflicto del Centro de Pensamiento UNCaribe, de la Universidad del Norte, en su más reciente informe.
De acuerdo con el documento, hasta el pasado 1 de diciembre las masacres habían ocurrido en los departamentos de Córdoba (3), Bolívar (3), Atlántico (2), Magdalena (2), Cesar (1) y Sucre (1), con un saldo de 39 personas asesinadas.
3 de las masacres fueron cometidas un mismo día, el 7 de septiembre de 2020.
Las fechas
El 6 de febrero de 2020, tres hombres fueron asesinados minutos después de haber discutido con sus agresores en el barrio Luis R. Calvo de Santa Marta; seguidamente, El 10 de marzo, En Ciénaga (Magdalena),fueron asesinados 3 miembros de una misma familia. Ese mismo mes, el 25 de marzo, tres mujeres fueron asesinadas en Cartagena
Posteriormente, el 14 de mayo, en el corregimiento de Juan Mina, Barranquilla (Atlántico), tres hombres fueron asesinados luego de haber sido citados para recibir un dinero. La masacre fue cometida, según algunas hipótesis, por problemas relacionados con una propiedad.
El 27 de julio se registraron dos masacres: Dos menores de edad y un hombre de 46 años fueron asesinados presuntamente por miembros Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en la vereda Puerto Colombia, del municipio de San José de Uré (Córdoba), debido a que ingresaron a una “zona prohibida” y en retaliación a la masacre cometida el día anterior por ‘Los Caparros’. Horas antes en el mismo departamento, pero en el corregimiento de Versalles, del mismo municipio, tres miembros de una familia fueron asesinados.
Una triple masacre se registró el pasado 7 de septiembre. Una de ellas ocurrió en Aguachica (Cesar), donde tres personas fueron asesinadas. Uno de los muertos era menor de edad. El otro episodio se presentó en El Carmen de Bolívar (Bolívar). Ahí cuatro personas fueron asesinadas en el barrio Villa María. El otro hecho sucedió en Monterrey, Simití (Bolívar), donde tres personas que se desplazaban por la carretera que de este municipio conduce a San Pablo fueron asesinadas.
El 17 de octubre, cinco campesinos de la comunidad indígena Zenú fueron asesinados en San Marcos, Sucre. En ese territorio persisten disputas agrarias sin resolver. Uno de los asesinados estaba denunciando un despojo ilegal.
En la vereda Lorenzo Abajo, en Tierralta, Córdoba, el pasado 13 de noviembre, tres miembros de una misma familia fueron asesinados, una de las víctimas era firmante del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Incito (Pnis) y defensora de derechos humanos.
Y la última masacre fue la cometida el 22 de noviembre en Soledad.
Hasta el pasado 1 de diciembre las masacres habían ocurrido 12 masacres, dejando un saldo de 39 personas asesinadas.
Un análisis
Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y director del Centro de Pensamiento UNCaribe, esta serie de masacres “no obedecen” a un plan o estrategia regional, sino que son hechos que deben analizarse de manera independiente, entendiendo que obedecen a lógicas locales o subregionales.
“Ninguna de las masacres fue atribuida públicamente por algún grupo u organización armada, lo que indica que en el proceso de aprendizaje criminal de estos grupos se dieron cuenta de los altos costos políticos y jurídicos que implica hacerlo”, dijo Trejos.
De acuerdo con el catedrático, no todas las masacres ocurrieron en zonas rurales, cuatro de ellas se perpetraron en cabeceras municipales. “Esto indica que las dinámicas de control territorial no están directamente relacionadas con el narcotráfico, ya que estas organizaciones manejan portafolios de finanzas que van desde la administración de economías ilegales, hasta la captación de rentas legales”.
Trejos expone un dato que llama la atención y es que todas las víctimas fueron civiles desarmados.
“Si bien esta no es una práctica nueva en nuestro conflicto, en esta etapa de la violencia post-Farc han disminuido los choques armados entre estructuras con formación militar, que utilizan modalidades operativas de guerra irregular y aumentan sostenidamente las acciones de sicariato y hostigamiento sobre las comunidades a las que señalan de ser apoyos o posibles aliados de la contraparte armada, lo que estaría conduciendo a la disminución de acciones militares, pero no de la victimización civil”, concluye el analista.
