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El titulo es:La “preocupación” de la Contraloría por el manejo de recursos públicos en la Región Caribe

La “preocupación” de la Contraloría por el manejo de recursos públicos en la Región Caribe

La entidad presentó un balance completo de cómo están las regiones en el manejo de los recursos. En el Atlántico, la Contraloría aseguró que se detectaron hallazgos fiscales por $99.123 millones.

 Cortesía
 Cortesía
Aspecto de la obra del coliseo ‘Happy’ Lora luego de estar suspendida. Cortesía

La entidad presentó un balance completo de cómo están las regiones en el manejo de los recursos. En el Atlántico, la Contraloría aseguró que se detectaron hallazgos fiscales por $99.123 millones.

La Contraloría General de la Nación calificó de “preocupante” el manejo de los recursos públicos en los ocho departamentos que conforman la Región Caribe. 

Entre los hallazgos y procesos fiscales que ha detectado y tramita la Contraloría están los de Electricaribe, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y los Carteles de la Hemofilia y de los Enfermos Mentales, entre otros, que “han sido de impacto nacional”, según un comunicado de la entidad.

También se detallaron irregularidades en las fallidas sedes de la ESAP en Santa Marta y de la Corporación Ambiental Coralina, en San Andrés, o los sobrecostos que se dieron en la compra de predios para poner el Sistema de Transporte Masivo Transcaribe.

Esta conclusión resultó tras la rendición de cuentas en unas audiencias públicas realizadas de forma simultánea en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Montería, Sincelejo , Riohacha y San Andres.

Atlántico

En el Atlántico, la Contraloría aseguró que en los ejercicios del control fiscal en el departamento se detectaron hallazgos fiscales por $99.123 millones.

La Contraloría destacó dos procesos de responsabilidad fiscal que se le abrieron a Electrocaribe, uno por $6.078 millones (ejecución ineficiente de contratos PRONE y FAER) y otro por $2.771 millones (incumplimiento del contrato para ejecutar el Proyecto de Normalización “Tiquisio Segunda Etapa”, en el municipio bolivarense del mismo nombre).

Otro proceso fue abierto a Juan Carlos Vélez Uribe, Ernesto Huertas Callón y Fernando Sanclemente Álzate, exdirectores de la Aerocivil, por $3.355 millones por hechos relacionados con la reversión de los bienes entregados en concesión por la Aerocivil al Concesionario del Aeropuerto de Barranquilla (ACSA).

En este caso, la pista de ese terminal aéreo fue devuelta al estado en condiciones de servicios inferiores a las que tenía al momento de su entrega (en 1997).

En cuanto al PAE, se destaca la apertura de 6 procesos de responsabilidad, por un daño patrimonial que suma $2.258 millones: dos en el municipio de Soledad (que totalizan $1.703 millones) y cuatro en el municipio de Malambo (por $554 millones).

Bolívar

En el departamento de Bolívar se han adelantado procesos de responsabilidad fiscal por $287 mil 961 millones de pesos. 

Entre los procesos en curso de mayor relevancia se encuentra el relacionado con Transcribe, por un presunto sobrecosto en  la adquisición de predios para la construcción de las vías y andenes del Sistema de Transporte Masivo por valor de $32 mil 870 millones de pesos.

También está el posible sobrecosto del emisario submarino en la ciudad de Cartagena, por un monto de $19 mil millones de pesos.

Y un proceso por más de $24 mil millones de pesos contra la Aerocivil para el cumplimiento de la acción popular por la compra de predios aledaños al aeropuerto Rafael Núñez sin que hasta la fecha se hayan pagado la totalidad de las obligaciones impuestas, entre otros.

Al Distrito de Cartagena se le adelantaron actuaciones especiales encontrando varios hallazgos fiscales, uno de ellos por $2.637 millones en el Contrato No. 6-041172 de 2014, suscrito con Consorcio Vial Urbano, cuyo objeto fue la Construcción y Rehabilitación de Vías en la Localidad de la Virgen y Turística del Distrito de Cartagena de Indias. La firma contratista, no ejecutó a cabalidad sus obligaciones contenidas en el contrato dejando obras que no prestan ninguna utilidad.

Magdalena

La CGR busca determinar responsabilidades fiscales por daño patrimoniales que suman posibles detrimentos por más de $17 mil millones, de los cuales $4.521 millones corresponden a un tema relacionado con la Escuela Superior de Administración Pública ESAP.

Estos detrimentos afectan a entidades como el Distrito de Santa Marta, el Departamento del Magdalena, laESAP y el municipio de San Zenón.

Según el texto, en el caso de la ESAP, el presunto hecho irregular tiene que ver con la ejecución de un convenio interadministrativo para la construcción de la sede de esta entidad en Santa Marta.

En la ejecución del convenio se prestaron las siguientes situaciones evidenciadas en las visitas realizadas a las obras por la Contraloría General de la República:

• Deficiencias en la estructura de la obra e incumplimientos al reglamento de construcciones sismoresistentes, NSR 2010, que conlleva a que después de 4 años de ejecución del contrato, las obras no hayan sido concluidas.

• El proyecto no ha sido recibido por la ESAP, no obstante la interventoría de obra contratada por FONADE, recibió la obra mediante acta del 12 de diciembre de 2014.

Las irregularidades encontradas se cuantifican por el valor del contrato de obra $4.140 millones, debido a que aparentemente toda la estructura de contrapiso presenta fallas que no han permitido la terminación del proyecto con la oportunidad que se requería para la prestación del servicio a la comunidad educativa; y de otra parte, en cuantía de $381,5 millones por concepto del contrato de interventoría al recibir la obra con las deficiencias técnicas mencionadas, para un total de $4.521 millones.

Cesar

Por irregularidades en el PAE la ha Contraloría ha abierto 13 procesos de responsabilidad fiscal en el departamento del Cesar por una suma total de $8.518 millones de pesos, que involucran como presuntos responsables a más de una docena de funcionarios, exfuncionarios y contratistas, entre quienes están el Gobernador del Cesar,  Francisco Fernando Ovalle Angarita, y el Alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez.

El Gobernador está vinculado a un proceso donde se investiga un detrimento patrimonial de $2.451 millones y el Alcalde a un proceso por más de $740 millones; y ambos casos se investiga a la Fundación Acción Social Integral –ACSI.

También son investigados el exgobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco; el exalcalde de La Jagua de Ibirico, Didier Lobo Chinchilla; y el exalcalde de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza (en dos procesos).

El Secretario de Educación del Cesar, Jorge Eliécer Araujo Gutiérrez (investigado en cinco procesos), el Secretario General  del departamento, Jaime Luis Fuentes Pumarejo (en tres procesos); el Secretario General de la Alcaldía de Valledupar, José Juan Lechuga Zambrano; el Secretario de Educación de Valledupar, Luis Carlos Matute de la Rosa (en dos procesos); y el exsecretario de Educación Municipal de La Jagua de Ibirico, Daniel Emilio Argote.

Además, el exsecretario de Educación de Codazzi, Raúl Casimiro Bermudez Castilla (en dos procesos); el exjefe de Planeación del municipio de Gamarra, Alvaro Alberto Clavijo Ramírez; y el funcionario de la Gobernación del Cesar Octavio Lafont Chica, en su calidad de supervisor de tres contratos (y vinculado en igual número de procesos).

La Contraloría también ha revelado a varios contratistas vinculados las  investigaciones, como Fundación Kabala (dos procesos), la Asociación de Manipuladores del Cesar (cuatro procesos), la Fundación Gestión Empresarial de Servicios Sociales y Asistencia a la Comunicad –Sysdac, la Corporación Gestión del Recurso Social Humano –GERS y la Fundación Acción Social Integral –ACSI, antes Kabala (cuatro procesos).

También la Corporación Corazón País (dos procesos), la Fundación de Programas de Prevención Nutrición Provenir, la Fundación Proveer Nuevo Milenio y la Corporación Comunitaria para Apoyo Nutricional de Niños y Niñas.

Córdoba

La Contraloría General de la República adelanta procesos de responsabilidad fiscal contra acciones administrativas cometidas por el anterior gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, por valor de 3.626 millones de pesos, pero también contra el actual mandatario seccional, Edwin Besaile Fayad, por 1.525 millones de pesos.

Las investigaciones contra Lyons, quien es testigo protegido de la justicia americana por casos de corrupción tanto en Córdoba como en el país, se derivan de las presuntas irregularidades en los pagos efectuados durante la vigencia 2015 – según lo explica el organismo de control – a favor de diferentes IPS en el Departamento, por supuestos tratamientos y terapias basadas en neurodesarrollo.

Entre tanto las investigaciones que comprometen al actual gobernador, Edwin Besaile Fayad, tienen que ver con los hechos que dieron origen al ‘cartel de la hemofilia’, toda vez que esta administración autorizó el pago de 1.525 millones de pesos a la EPS San José de la Sabana en mayo de 2016, para sanear una deuda de la pasada vigencia, pese a que ya se había destapado el escándalo por el presunto cobro irregular de medicamentos y pacientes falsos con esa patología.

Por el ‘cartel de la hemofilia’ están privados de la libertad cerca de una decena de ex funcionarios de la Gobernación de Córdoba, entre ellos varios ex secretarios de salud, luego que las investigaciones de la Contraloría derivaran en el presunto detrimento de unos 44 mil millones de pesos del sector salud.

- Coliseo Happy Lora

A los resultados de la Contraloría se suma el proceso de responsabilidad fiscal que se abrió al actual alcalde de Montería, Marcos Pineda y al ex alcalde de esta misma ciudad en el anterior periodo y ex consejero presidencial para las regiones, Carlos Eduardo Correa, por las presuntas irregularidades en la remodelación del coliseo Miguel ‘Happy’ Lora, en cuantía de 4.700 millones de pesos.

El caso está en poder de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría y por el mismo, tanto Pineda como Correa están inmersos en una investigación por los presuntos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos, falsedad ideológica en documento público y peculado a favor de terceros.

En general los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta la Contraloría en Córdoba son por el orden de los 90 mil millones de pesos, siendo los casos citados los de mayor impacto.

Sucre

En Sucre, la CGN avanza en una indagación preliminar por supuestos niños fantasmas detectados en una auditoria al Instituto de Bienestar Familiar, en la cual se establecieron 28 hallazgos fiscales por cuantía de más de $564 millones y 30 hallazgos disciplinarios.

Esta indagación preliminar tiene como propósito establecer la posible incidencia fiscal de un hallazgo en donde hay contratos en los que se cancelaron cupos a las Entidades Administradoras del Servicio por  6.678 niños presuntamente inexistentes.

Usuarios beneficiarios de Aportes y se encuentran en el SIMAT

Realizando cruce de información entre la base de datos del aplicativo ‘Cuentame’ del Icbf donde se encuentran todos los beneficiarios atendidos por las distintas Entidades Administradoras del Servicios,  y la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula Simat certificada por la Secretaría de Educación, se establecieron coincidencias que permitieron determinar que hay centenares niños registrados como beneficiarios del contrato de aportes que se encontraban matriculados en instituciones oficiales del Departamento de Sucre en la vigencia 2016.

Por el caso del Cartel de Enfermos Mentales la entidad dio apertura a un total de 12  procesos de responsabilidad fiscal por más de $4.800 millones de pesos. El exgobernador de Sucre, Julio Cesar Guerra Tulena,  está involucrado en uno de los procesos. 

El “Cartel de los Enfermos Mentales” se originó en pagos irregulares efectuados por la Gobernación de Sucre, con recursos del Sistema General de Participaciones – SGP-, a favor de varias IPS, con base en documentación falsa y sin que se hubieran practicado a los supuestos pacientes los tratamientos que se estaban facturando.

A pesar de la gravedad de las irregularidades e inconsistencias, los funcionarios de la Secretaría de Salud de Sucre continuaron avalando dichos cobros y expidiendo las resoluciones de pago, que después fueron suscritas y pagadas por el mismo Gobernador Julio César Guerra Tulena.

La Guajira

La gerencia de la Contraloría General de la República en La Guajira informó que en este departamento se llevan a cabo procesos de responsabilidad fiscal por  unos $175 mil millones.
Esta cifra corresponde a 306 procesos,  de los cuales 16 corresponden al Programa de Alimentación Escolar-PAE-,  en cuantía total de $20.550.014.809, que se encuentran en práctica de pruebas.

Según el gerente de la territorial José Jaime Vega, quien dio a conocer estos detalles en la rendición de cuentas del organismo, entre los entre los contratos de PAE investigados, se encuentra uno suscrito por la gobernación de La Guajira en el  año de 2015 para suministro de complementos alimentarios  a estudiantes de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media de los quince  municipios del departamento y el que se determinaron sobrecostos en valor de las raciones contratadas.

Igualmente se lleva a cabo un proceso por un  contrato  firmado por la gobernación de la Guajira en el año 2014 y en el que se evidenciaron sobre en el complemento de los desayunos y almuerzos para los escolares.

También se encuentra en curso proceso por cuantía de más de $1.712 millones, por  presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Obra No. 002 de 2013, suscrito para la construcción de un sistema de acueducto y alcantarillado sanitario para el barrio Villa Sara del municipio de Manaure.

Otros procesos que se investigan irregularidades en el contrato de prestación de servicio para el transporte escolar en Riohacha por valor de $1.090.116.141, así como Irregularidades en el contrato  del 2010 relacionado con el suministro e instalación de un sistema de control de caudales a partir de compuertas plantas de canales deslizantes en los canales y acequias que se derivan del Rio Ranchería aguas debajo de la presa el cercado hasta el perímetro urbano del municipio de Albania y aguas arriba del embalse en el sector Marocazo departamento de La Guajira por cuantía de $1.533.411.958.

La Contraloría también investiga un contrato para la construcción de microacueductos, pozos artesanales, molinos de viento y viviendas típicas wayuu en el municipio de Manaure.  El valor ejecutado  en obras por el contratista, según informes de interventoría y actas de obra es de $3.821.398.744, adicionalmente se le debía al contratista el pago de AIU (imprevistos) del Acta No. 01 por valor de $74.914.614; lo que arroja un posible detrimento de $475.452.137, en indagación preliminar.

“Se concluyó que al municipio de Manaure se le ocasionó un daño al erario público por valor de $1.113.686.698, por haberse girado al contratista en virtud del contrato de obras No. 112 de 2009”, indica el ente de control.

San Andrés 

Un proceso de responsabilidad fiscal por $3.697 millones de pesos adelanta la Contraloría General de la República en San Andrés, por las irregularidades presentadas en la construcción de la nueva sede de la Corporación Ambiental Coralina.

Coralina celebro convenio con Fonade, para la construcción de una nueva sede en diciembre de 2005, sin que a la fecha se haya entregado dicha obra y se haya puesto en funcionamiento, con el agravante de que, según estudio patológico, la obra se debe demoler en su totalidad ya que resulta inservible.

 Otro proceso de responsabilidad fiscal relevante, por $1.799 millones,  está relacionado con la ejecución del contrato No. 100 de 2008, suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y la Unión Temporal Seis Nacional 2008.

Según lo establecido por la Contraloría, existen evidencias según las cuales el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad SIES-Subsistema 123 y CCTV fue instalado en la isla de Providencia, pero pese a ello no se encuentra en funcionamiento en la actualidad.

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