En el Caribe se abrieron procesos fiscales por $148 mil millones
EL HERALDO conoció las cifras del último año en el balance que hace la Contraloría al término del periodo del valduparense Edgardo Maya Villazón.
En el Caribe, en el último año, de un total de procesos fiscales por $148.569 millones que abrió la Contraloría General de la República, solo se lograronrecuper $.7.954 millones.
Así lo advierte el balance final del cuatrienio del saliente contralor, el valduparense Edgardo Maya Villazón, al que tuvo acceso EL HERALDO.
Asimismo, mientras en la región están en trámite un total de 1.810 procesos de responsabilidad fiscal, en el último año solo hubo 23 fallos de este tipo en los departamentos costeños.
Los departamentos con más procesos abiertos son Bolívar, Cesar y La Guajira, y los de mayor monto de responsabilidad fiscal son Bolívar, Cesar y Córdoba, pero en donde se ha logrado un mayor resarcimiento al Estado es en Sucre, Bolívar y La Guajira (ver gráficos).
Cartel de la Hemofilia y Reficar
En el Caribe se encuentran casos considerados como emblemáticos por la Contraloría.
El primero es el denominado Cartel de la Hemofilia de Córdoba, por el que cursan procesos en cuantía superior a los $50 mil millones. También aparecen las terapias basadas en Neurodesarrollo en Sucre, en las que por la supuesta atención de pacientes de enfermedades mentales se generó un detrimento patrimonial de más de $2.000 millones.
También está la auditoría a la ocupación de bienes de uso público en la zona denominada Pozos Colorados, ubicada en Santa Marta, que concluyó que “las autoridades ambientales del Distrito de Santa Marta no han adelantado acciones efectivas para impedir los graves perjuicios ambientales causados por la ocupación y el uso indebido de los bienes de uso público, en las zonas de Playas y Bajamar”.
Por supuesto se registra el caso Reficar, en el que se validaron 36 hallazgos, de los cuales uno tiene carácter administrativo y 35 incidencia fiscal. Los hallazgos fiscales sumaron USD $2.879 millones que equivalen a $8,5 billones, de los cuales USD $943 millones corresponden a irregularidades en la contratación y USD $1.936 millones al lucro cesante generado por los incumplimientos de CB&I.
Electricaribe y Ruta del Sol
En la auditoría de cumplimiento al proceso de intervención a Electricaribe se validaron cuatro hallazgos, de los cuales uno tiene incidencia fiscal por valor de $20.409 millones por malos manejos de subsidios, ya que Electricaribe se quedó con los recursos del subsidio de energía eléctrica dirigido a los usuarios de menores ingresos, pues el Ministerio de Minas giró a la empresa la suma de $56.448 millones por concepto de recursos del Foes, de los cuales se evidenció que en 3.647.733 facturas Electricaribe desvió estos recursos por valor de $20.409 millones para cubrir parte de las pérdidas que debía asumir la empresa. El total del presunto daño fiscal por la desviación de subsidios a la energía social fue de $216 mil millones, impactando los siete departamentos de la Costa Caribe, en 189 municipios durante 60 meses.
Igualmente, se resalta el proceso de la Ruta del Sol, la saqueada vía que une al interior con el Caribe. Aquí, la auditoría realizada a la ANI estableció 13 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $73.239 millones.
En el caso del Anillo Vial de Crespo, en Cartagena, se observó que no se habían ejecutado las obras conforme al cronograma de avance porcentual y al modelo financiero, pues el plazo de entrega de las obras correspondientes al Tramo IV y Anillo Vial de Crespo se cumplió en septiembre 1º de 2014 sin que el concesionario hubiera hecho entrega. Se le reconoció al concesionario un mayor valor de la inversión de $37.318 millones. Y en el Túnel Sumergido Crespo se presentaron deficiencias en los materiales, lo que originó un detrimento de $58.976 millones.
Además, en actuación especial al Fondo Nacional del Ganado, administrado por Fedegán, el ente de control estableció que “el sometimiento del Fondo Nacional del Ganado al régimen de la Ley 1116 de 2006, en agosto de 2015, generó riesgos para la conservación e integridad de su patrimonio”.
Ola invernal y Navelena
La auditoría a la atención de la ola invernal 2010-2011 determinó hallazgos fiscales por $7.024 millones relacionados con incumplimiento contractual, deficiencias de obra, obras abandonadas, saldos por pagar y faltantes de obra, entre otros.
En cuanto al crédito a Navelena por parte del Banco Agrario, concluyó el organismo revisor que “el banco estatal desestimó y/o subvaloró los riesgos a que se exponía al ejecutar la operación crediticia con Navelena, de propiedad mayoritaria de la empresa brasileña Odebrecht. (…) Con lo anterior se pusieron en riesgo $135.805 millones (saldo de capital más intereses a marzo de 2017)”.
De igual forma, en los $4.289 millones, del Convenio 734 de 2013, correspondiente a los recursos girados al Ceniagroecológico, para la ejecución de 43 de 57 actividades de las líneas de investigación del corredor agroecológico, la Contraloría no evidenció los soportes de lo que se hizo con los recursos desembolsados por la Gobernación de Córdoba.
Y en la auditoría a la vigencia 2017 se encontraron deficiencias en la ejecución del Contrato interadministrativo No. 2133526 entre Fonade y el Distrito de Barranquilla, que “hacen referencia a la construcción, entrega y recibo de obras viales con especificaciones innecesarias, sobredimensionadas, que se apartan de las normas vigentes y del diseño técnico realizado, que no prestan ninguna utilidad o beneficio técnico y social adicional, lo que generó detrimento patrimonial de $4.895 millones”.
Cardique y la Ciénaga Grande
Una auditoría adelantada a Cardique, la corporación ambiental en Cartagena, en 2017, detectó graves irregularidades al revisar la contratación de obras civiles en caños, arroyos y reservorios en los municipios de su jurisdicción, que viene de años atrás y donde los contratistas no han ejecutado las obras de mitigación ambiental que se les encargaron. La entidad de control identificó 81 hallazgos, de los cuales 54 tienen presunta incidencia disciplinaria, 12 presunta incidencia penal y 16 presunta incidencia fiscal por $23.468 millones.
De otro lado, en desarrollo de la auditoría de cumplimiento practicada a la Corporación Autónoma Regional del Magdalena, Corpamag, sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta, se estableció como hallazgo con posible incidencia disciplinaria que el Ministerio de Ambiente y Corpamag no han cumplido con su obligación de formular e implementar el Plan de Manejo de esta ciénaga.
Entre tanto, en una auditoría a la minería en el Cesar, la Anla, el Ministerio de Ambiente y Corpocesar, la Contraloría encontró “ausencia de efectividad en el seguimiento y control a las licencias ambientales por parte de la Anla (…), lo cual genera riesgos o afectaciones a los recursos naturales y el medio ambiente e impide que se implementen efectivas medidas tendientes a disminuir, controlar y compensar los impactos ambientales originados por la ejecución de los diferentes proyectos”.
Y al revisar el proyecto Represa Río Ranchería, en La Guajira, que tiene como finalidad el suministro de agua potable a nueve municipios, la construcción de dos distritos de riego y la instalación de la microcentral hidroeléctrica, se halló que el costo total ejecutado fue de $637.369 millones, valor que se aumentó en $470.803 millones y el plazo de ejecución fue reformado al pasar de 71 meses a 100 meses para obra y de 72 meses a 106 meses para interventoría. “Se determinó que el costo total ejecutado, en cuantía de $637.369 millones, corresponde posiblemente a un presunto hallazgo fiscal como consecuencia de una gestión antieconómica, toda vez que si bien se cumplió con el objeto (…), se pudo evidenciar que a mayo de 2018 el cumplimiento del objetivo y fines planteados en el proyecto no se ha concretado, (…) así mismo no evidenciaron gestiones efectivas para la consecución de recursos que garanticen la terminación del proyecto”.
“No hay proyectos regionales con las regalías”
En su labor de revisar el Sistema General de Regalías, SGR, el ente de control fiscal concluyó que a día de hoy no se han logrado corregir los problemas de fondo: alta dispersión que va de la mano con muchos proyectos poco pertinentes y riesgos de corrupción y lentitud de la ejecución.
Además, llama la atención la Contraloría en su balance final acerca de la inexistencia de proyectos regionales como tal: “No han podido concretarse proyectos regionales porque los departamentos no logran los acuerdos requeridos, razón por la cual no se han ejecutado los $8 billones aprobados para esos propósitos”.
Y recuerda el organismo que uno de los objetivos de la reforma de 2011 al manejo de las regalías busca que se financien proyectos de inversión de impacto regional estructurados entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales.
Para ello se creó el Fondo de Desarrollo Regional, FDR y contribuir de esta forma al cierre de brechas entre las regiones, financiando proyectos de gran impacto territorial que deberían aprobarse a través de seis Ocad Regionales.
En medio de la revisión, se establece en el documento que entre 2012 y 2017 se distribuyeron recursos de regalías por un valor total de $48,1 billones, de los cuales $33,2 billones se destinaron a inversión, $12,6 billones a ahorro y $2,2 billones a la administración del Sistema.
Así mismo, indica que a diciembre de 2017, los saldos sin ejecutar del SGR ascendieron a $13,6 billones: $9,1 billones están en la Tesorería de la Nación y $4,5 billones en las cuentas maestras de las entidades territoriales y demás ejecutores de proyectos de inversión del SGR.
“El SGP ha abierto brechas entre las regiones”
Al estudiar el Sistema General de Participaciones, SGP, que son los recursos que la Nación transfiere en el Presupuesto, por sectores, a las entidades territoriales, la Contraloría determinó que “tal como está diseñado actualmente, no permite reducir de manera contundente las brechas, ni los niveles de inequidad en las distintas regiones del país: las regiones con mejores condiciones de seguridad, y aquellas con mayor desarrollo económico, son precisamente las que reciben los mayores beneficios, por lo que se han abierto brechas entre las regiones, generando un patrón de desarrollo altamente desbalanceado e inequitativo”.
Para el sector Educación, el organismo de control fiscal destacó que el SGP constituye la principal fuente de recursos, ya que a través del Sistema se financia el 65% de la educación pública del país.
Sin embargo, advierte que es necesario fortalecer las estrategias de monitoreo, seguimiento y control a estos recursos por parte del Ministerio de Educación Nacional y de las Gobernaciones y Alcaldías, sobre todo con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, que por ejemplo en Cartagena ha venido presentando una cobertura sólo del 58%.
Y en el sector Salud, indica el balance, el Sistema representa para el 87% de los municipios del país entre el 25% y el 50% de sus fuentes de recursos, y con relación al aseguramiento, el país hoy presenta niveles de cobertura cercanos al 98% y del 48% para el régimen subsidiado.
No obstante, critica el documento, “de los tres Objetivos Del Milenio para el Sector Salud, se plantearon 17 indicadores y solamente en nueve se cumplió la meta esperada, quedando una agenda pendiente bastante amplia en términos de salud pública”.
