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Con plantones en el país, escoltas de UNP piden garantías laborales

La entidad necesita $270.000 millones para garantizar esquemas de protección, denunció Pablo Elías González, director de la Unidad.

Néstor de Ávila
Néstor de Ávila
En el norte de Valledupar se reunieron los manifestantes. Néstor de Ávila

La entidad necesita $270.000 millones para garantizar esquemas de protección, denunció Pablo Elías González, director de la Unidad.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Pablo Elías González, aseguró que la entidad que dirige necesita $270.000 millones para garantizar esquemas de seguridad de líderes sociales a partir de junio de 2019.

González dijo que espera que el Congreso apruebe una adición presupuestal para poder garantizar la seguridad de estos líderes,  teniendo en cuenta que el año pasado, a pesar del déficit presupuestal, el Gobierno nacional garantizó los recursos hasta final de año e incluso hasta enero del año en curso.

El director de la UNP explicó que ya tienen los recursos para los primeros cinco meses de 2019, que corresponden a $181.000 millones. Sin embargo, recalcó que se han incrementado las solicitudes de protección. Aseguró que han recibido 3.021 por parte de líderes sociales o defensores de derechos humanos.

En relación con las recientes protestas por parte de los sindicatos de escoltas que brindan protección en nombre de la UNP, González dijo que la entidad está garantizando las condiciones económicas para la prestación del servicio, hasta donde le corresponde a la entidad.

Pablo Elías González señaló que existen 3 operadores con un total de 5.200 escoltas, de los cuales 400 son de planta y  brindan el servicio de protección a 7.400 personas en el país. En este sentido, agregó que la Unidad no es la responsable de cumplir con las garantías de los escoltas de las empresas operadoras.

En la Región Caribe hubo protestas en Valledupar, Riohacha y Montería.

En La Guajira

En asamblea permanente se declararon los escoltas que prestan sus servicios a la Unidad Nacional de Protección, quienes se congregaron en la puerta de la Procuraduría en Riohacha.

Como sus compañeros en todo el país, reclaman por el incumplimiento en los acuerdos sindicales para que se reestructure la entidad, por la tercerización de los contratos y las diferencias laborales que hay entre los de planta y los que prestan sus servicios a través de otras empresas.

Los manifestantes estuvieron acompañados por algunos líderes sociales de esta región, a quienes les prestan el servicio de seguridad.  

Algunos de los escoltas en el plantón en Montería.
Algunos de los escoltas en el plantón en Montería. Óscar Cuello

En Valledupar

Atendiendo una directriz nacional, un grupo de escoltas de la Unidad de Protección en Valledupar realizó un plantón en el norte de la ciudad, para exigir a la  entidad una mejor vinculación laboral, reconocimiento puntual de viáticos y garantías del seguro de vida.  

Deivis Cervantes, presidente de Sintrasecol Valledupar, señaló que “la dificultad es que no nos quieren respetar nuestros derechos laborales. Tenemos una contratación a obra-labor, la cual no nos brinda ninguna garantía, ni respaldo a nuestras familias, nuestro seguro de vida es irrisorio frente al riesgo que corremos. Los relevantes hacen el mismo trabajo que un escolta y solo ganan la mitad del sueldo”.

En la ciudad son 176 escoltas de planta y 12 relevantes (quienes hacen los descansos), adscritos a esquemas de protección de dirigentes sindicales, líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas.

“Se crearon unas fiducias entre operadores y UNP, que obliga a que los escoltas saquen de sus bolsillos para cubrir las misiones. Los viáticos solo son pagados 45 días después, lo que obliga a disminuir el dinero destinado para nuestras familias y cuando hay negativa vienen los inconvenientes entre escolta y protegido, pero la reacción de la UNP es mantener el esquema a la persona, con quienes sí estén dispuestos a trabajar pagando de sus bolsillos los viáticos”, enfatizó Cervantes.    

La protesta se mantendrá hasta tanto se determine por el sindicato a nivel nacional. Cristian Rojas, otro de los escoltas que participó del plantón, expuso que en Valledupar hay 80 protegidos y que “no hay una afectación del servicio, porque donde hay dos escoltas uno participa de la protesta, en común acuerdo con la totalidad de los protegidos, quienes nos apoyan”.

Montería

Armas en mal estado, viáticos incompletos y turnos sin descansos fueron algunos de los motivos que llevaron a protestar a los 130 escoltas que prestan sus servicios para la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el departamento de Córdoba.

Según los manifestantes, la falta de recursos ha hecho que varios de los protegidos tengan que pagar los gastos de su bolsillo para no quedarse sin la seguridad.

La manifestación se realizó en la mañana de este martes 29 de enero, en la sede de la UNP en Montería, ubicada en el barrio La Castellana, al norte de la capital cordobesa.

Para el caso del departamento de Córdoba, unas 80 personas requieren del servicio de escoltas fijos, pues se encuentra en riesgo de muerte, especialmente son líderes sociales y veedores.

Andrés David Padilla Escobar, miembro de la mesa del Sindicato Nacional de Escoltas de Colombia, Sinescol, manifestó que “mediante este cese de actividades denunciamos las irregularidades que se vienen presentando en la Unidad Nacional de Protección en cuanto a los malos manejos de los recursos”.

Padilla Escobar continuó diciendo que “el armamento lo están entregando en malas condiciones. Mediante la tercerización, están cobrando por unos implementos que supuestamente están entregando a los escoltas, pero eso es falso. 

Entregan los chalecos vencidos, no entregan equipos de comunicación y nos mandan de comisiones sin los viáticos respectivos”.

Los escoltas que prestan sus servicios especialmente a líderes sociales y a veedores, no pueden salir de descanso porque no hay nadie que los reemplace. “Los escoltas no salen a descansar. Eso a final de mes les suma una cantidad de días compensatorios, que posteriormente son negociados por los gerentes de las bolsas de empleo, quienes pagan a los escoltas el 50 por ciento del acumulado, pero ellos cobran el 100 por ciento de ese dinero al Estado”, puntualizó.

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