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El titulo es:Por fallo de tutela, Inpec debe garantizar derecho a la salud y vida de los internos en cárcel de Santa Marta

Por fallo de tutela, Inpec debe garantizar derecho a la salud y vida de los internos en cárcel de Santa Marta

El Juzgado Quinto Penal de Santa Marta accedió a las pretensiones de una acción de Tutela interpuesta por la Procuraduría 360 Judicial Penal II, en representación de Joaquín Oliveros, uno de los internos de la cárcel Rodrigo de Bastidas de esa capital, para que se protegieran los derechos a la salud y la vida de los presos en condiciones dignas.

El juzgado en mención ordena al Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) y a Caprecom EPS, como contratista, que desde ahora preste el servicio integral de salud al interno demandante, quien sufre dos hernias de columna que le impiden realizar actividades rutinarias y caminar.

Al parecer, Oliveros no fue atendido en la clínica Mar Caribe el pasado 23 de junio por no cancelar el valor de una cuota exigida.

La Tutela interpuesta por el Ministerio Público argumenta que el Ministerio de Justicia y el Inpec contrataron con el Consorcio Aurora la prestación de los servicios médicos no previstos en el POS, sin embargo, no se garantizó la prestación del servicio médico al interno, por la exigencia injustificada del pago de una suma de dinero.

Dentro del proceso se argumenta que el tratamiento de la patología que padece Oliveros afecta los derechos fundamentales y constituye una carga injustificada para el interno, el cual no está obligado a soportar por no tener dinero.

Por su lado, Caprecom EPS, a través de la Dirección Territorial Magdalena, manifestó al juzgado que “corresponde a la Aseguradora Aurora por cuenta del establecimiento carcelario y penitenciario Inpec garantizar la prestación de los servicios de salud NO POS-S requeridos por el tutelante, precisando que éste manifestó que los servicios le habían sido autorizados por dicha aseguradora, pero que debido a las deudas que tiene dicha entidad con la clínica Mar Caribe, es que la IPS niega la prestación del servicio que requiere el interno”.

Ante los argumentos expuestos y atendiendo a las sentencias de la Corte Constitucional, el juzgado consideró que “las omisiones en la prestación de los servicios de salud no son admisibles desde ningún punto de vista (…) Al paciente se le deben prestar todos los servicios que requiera con urgencia y necesidad, sin que pueda alegarse excusa alguna y menos si se trata de conceptos económicos”, motivo por el cual el Juzgado Quinto Penal de Santa Marta, con el fallo del 16 de agosto de 2011, tuteló los derechos a la salud y a la vida del interno Joaquín Oliveros Gutiérrez.
 

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